Comunidad Valenciana  La hora de la verdad para Mazón en tres ejes: reforzar la sanidad, cero adoctrinamiento y bajar impuestos

El cambio político que el resultado de las urnas arrojó el pasado 28 de mayo en la Comunidad Valenciana se consumó ayer, al menos en forma, a la espera de que las distintas medidas se vayan aprobando y sus efectos comiencen a notarse. De eso se encargará el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, pero también sus consejeros, cuyos nombres anunció a primera hora y, tras mantener reuniones con todos ellos, tomaron posesión de sus nuevos cargos.

Aunque un programa de Gobierno es transversal y se ocupa de multitud de asuntos, hay algunos de ellos que se toman como prioritarios y el popular ya se ha encargado de indicar cuáles serán esos ejes fundamentales para su día a día en el Palacio de la Generalitat: la sanidad pública, «alejar» el adoctrinamiento de las aulas y aliviar el «infierno fiscal» del tripartito de izquierdas.

En cuanto al primer asunto, Mazón hereda un sistema sanitario totalmente en crisis, con innumerables centros colapsados en los que los pacientes han de esperar días hasta ser atendidos en Urgencias y para que se les asigne una cama. Esas situaciones las han denunciado los propios profesionales –hubo una huelga de médicos durante tres días–, pero también los sindicatos.

La mitad de las SAMU circulan sin médico

El expresidente valenciano Ximo Puig ha presumido tanto en las Cortes regionales como en actos del Partido Socialista de que su Ejecutivo había contratado a miles de trabajadores para la sanidad. Sin embargo, tal como ha informado El Debate en diversas ocasiones haciéndose eco de las quejas de colectivos afectados, esas nuevas altas laborales se producían en puestos relacionados con tareas administrativas. Por tanto, la maraña burocrática seguía incrementándose mientras médicos, enfermeros y celadores clamaban porque sus plantillas no aumentaban.

El nuevo consejero de Sanidad es Marciano Gómez, que toma el relevo de Miguel Mínguez, y que tendrá un duro trabajo por delante para revertir la gestión de Puig. Gómez es médico de profesión, especialista en Medicina Comunitaria y con varios másteres estudiados, entre ellos el de Dirección y Gestión de Hospitales. Esa formación y su amplia experiencia en el sector le toca ponerla desde su recién estrenado departamento de cara a intentar voltear el caos sanitario, con datos como que la mitad de las ambulancias SAMU que circulan en la región lo hacen sin médico o que haya operaciones para las que se dan cita más de un año después de la solicitud.

Junto a lograr un sistema sanitario «eficaz y eficiente», Mazón venció el 28-M prometiendo una bajada rebaja fiscal, compromiso que reiteró tanto en el pleno de su investidura como en el de su toma de posesión. De este modo, a lo largo de las próximas semanas el nuevo Gobierno valenciano se ha marcado como objetivo aprobar una «ambiciosa» bajada de impuestos que beneficie «a todos los ciudadanos».

Entre el paquete de medidas que se incluirán en la reforma estará la de reducir todos los tramos autonómicos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), prestando «especial atención» a las familias con sueldos «medios y bajos». Al respecto, cabe destacar que bajar impuestos fue algo a lo que sistemáticamente el PSOE se negó. Tan es así que Puig solo lo propuso –y lo hizo de repente, de un día para otro– una vez terminadas las vacaciones de verano y las encuestas ya le decían que tenía muchos números para dejar la presidencia de la Generalitat.

La política fiscal de Mazón también incluirá la eliminación de los impuestos de Sucesiones –al que denomina «el de la muerte»– Donaciones y Patrimonio. Igualmente contempla una batería de iniciativas orientadas a fomentar la contratación, primordialmente en el ámbito de los autónomos, quienes también se verán beneficiados a la hora de pagar menos tributos. Con ello, el jefe del Ejecutivo valenciano pretende alinearse, al igual que ha hecho la balear Marga Prohens, a otros presidentes autonómicos del PP como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno. Ambos han puesto en marcha estas medidas y los datos económicos les han avalado.

Una educación «sin ideología ni prejuicios»

El tercer gran eje de Mazón será el de defender lo valenciano frente a las injerencias del independentismo catalán. Durante los ocho años del tripartito, el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos han destinado trece millones de euros públicos a asociaciones separatistas para que tomasen a la Comunidad como si fuese una parte más de sus anhelados 'Países Catalanes'. Lejos de temblarles el pulso a Puig y a sus consejeros, lo han hecho sin disimulo y presumiendo de ello.

Es por eso que el presidente de la Generalitat no dará «ni un euro» a colectivos catalanistas para que realicen sus actividades «en contra de la Constitución y del Estatuto de Autonomía». Uno de los efectos que esto tendrá será que en los colegios e institutos se impartirá «una educación libre de ideología y prejuicios». Es decir, cero euros al independentismo catalán al igual que se terminará con la imposición lingüística en las aulas.

Una vez todo ello se haya legislado y esté listo para ponerse en práctica, asociaciones como Plataforma per la Llengua, cuyo modus operandi es el de espiar y controlar a los niños durante los recreos y actividades extraescolares para saber si hablan catalán o castellano y reportar esos datos al Gobierno catalán, no recibirán fondos del erario público de la administración valenciana. Tampoco lo harán El Micalet, Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana y tantas otras que se han beneficiado del coqueteo constante de Puig y sus socios con los secesionistas.

No los percibirán en base a una promesa electoral, pero sobre todo porque esta se plasmará en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en virtud a la Ley de Señas de Identidad que ya prepara el Gobierno de Mazón: «Que nadie nos diga lo que tenemos que ser. Nuestra Real Señera no se inclina ante nada ni ante nadie», suele mencionar el presidente regional.