Comunidad Valenciana  Puig ofrece a Mazón un pacto en defensa del valenciano después de ocho años subvencionando al independentismo

El pleno de investidura del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se resolvió ayer en un tono de cordialidad, institucionalidad y de respeto a la voluntad de lo expresado en las urnas el pasado 28 de mayo. El primero que lo hizo así fue el propio Mazón, nuevo jefe del Ejecutivo, pero no fue el único.

También lo hizo el presidente saliente, Ximo Puig. Durante su intervención, mantuvo un tono sosegado, calmado, propio del puesto que estaba a punto de perder. Si acaso, únicamente elevó el tono hablando de la violencia de género. Aún así, recogió el guante de la «mano tendida» de Mazón e, incluso, le propuso hasta cinco pactos.

Uno de esos acuerdos «de Comunidad» fue el referente a la «defensa del valenciano». Echando la vista atrás, resulta cuanto menos curiosa esa pretensión tanto en la forma como en el fondo, ya que el socialista ha sido el único presidente de más de cinco millones de valencianos que ha pagado más de trece millones de euros a asociaciones independentistas catalanas.

13 millones de euros públicos

De hecho, fue el propio Mazón el que en su réplica le puso la línea roja para apoyar esa propuesta: «Claro. Para apoyar el valenciano, sí. Para apoyar al catalán, nunca». No deja de tener razón el nuevo presidente de la Comunidad, puesto que el tripartito que se ha dejado atrás no ha dejado de regar con millones de euros a entidades separatistas que promueven la anexión de la región.

Hablar de acuerdos siempre queda bien, más aún cuando es un debate de investidura en el que quien los propone es quien sale, pero el socialista lanzó una manzana envenenada que el nuevo jefe del Ejecutivo supo no morder. Lo que Mazón quiere hacer es dejar de dar dinero público a todas esas, que no son pocas, entidades separatistas que abogan por los mitológicos 'Países Catalanes'.

A tenor de los hechos, Puig ha destinado más de trece millones de euros a implantar esa quimera que incluye a Islas Baleares y la Comunidad. Lo ha hecho mediante subvenciones y patrocinios a buena parte del entramado secesionista. Valga como ejemplo el colectivo Plataforma per la Llengua, que se encarga por orden de la Generalitat catalana de espiar a los niños en sus recreos para saber si, en sus tiempos libres, hablan en castellano o en catalán.

A ellos, el ya expresidente valenciano les ha otorgado tan numerosas como constantes partidas procedentes del erario público a sabiendas de que lo que promueven va totalmente en contra de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía. Aún así, y a pesar no solo de los reproches del Partido Popular y Vox, sino también de las asociaciones valencianistas, lo ha seguido haciendo sin que le temblara un músculo ni el presupuesto.

No se sabe si cuando Puig habló ayer de defender «el valenciano» se refería a obviar a la Sociedad Cultural El Micalet. Catalanistas donde las haya, esta asociación no solo promueve el catalán por doquier, sino que recibe fondos del erario público como si no hubiera un mañana para, en consonancia, fomentar un marco mental proclive a la izquierda más extrema, rememorando eventos a favor de personajes infaustos como Largo Caballero o Iósif Stalin.

Aunque no tiene el más mínimo predicamento entre los valencianos, El Micalet organiza –organizaba ya– cada enero una cabalgata llamada Las Magas Republicanas. Utilizando el valenciano como argumento, tres personajes debidamente escogidas lanzaban las soflamas que el Ayuntamiento decidía en consonancia con sus prioridades políticas. Así, aunaban el uso de la lengua autonómica con mensajes sobre cambio climático, por ejemplo. Y todo, supuestamente, dirigidos a niños de menos de diez años.

Si Mazón pretende dejar a este colectivo sin ayudas por su seguidismo del separatismo, los 3.742,40 euros con los que Ximo Puig les agració hace pocas semanas serían los últimos. Desde la llegada de la izquierda al poder, El Micalet ha recibido constantemente fondos del erario público para apuntalar el proyecto separatista del PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos, no solo en la Generalitat, sino también en el Ayuntamiento de Valencia.

«Procés acelerado»

Paralelamente, Escola Valenciana también ha sido receptora de la generosidad financiera de la ya antigua Generalitat. El cometido de esta asociación es el de imponer a toda costa que en los colegios e institutos el valenciano no es que esté por delante del español, sino que el idioma común a todos los nacionales quede reducido a la mínima expresión. Para sus integrantes, el español es tóxico y, como consecuencia, no debe ser lengua en la que impartir docencia ni siquiera en las asignaturas menos importantes.

Frente a la desidia de Puig y de todas las consejerías implicadas en ello, han sido los Tribunales los que les han dicho que ante todo impera la ley. Así, Educación ha sufrido varios reveses judiciales, ya que se le ha recordado que el Tribunal Constitucional en su día sentenció que las horas lectivas en castellano han de ser, al menos, el 25 %, incluyendo una troncal. Y en valenciano, no en catalán.

Aún con todo, el tripartito siempre ha primado su hoja de ruta de, según definen no pocas familias y asociaciones, «procés acelerado», haciendo caso omiso a lo dictaminado por la Justicia. Por tanto, el reto de Mazón en defensa del valenciano trasciende a las propias aulas.

Socialistas, nacionalistas y comunistas han extendido el catalanismo a todo lo que rodea a las aulas, desde las comunicaciones por megafonía con los alumnos hasta la cartelería de los centros, pasando por las cartas y correos que se les mandan a los padres de los alumnos. En esos casos, se acabaría también el uso indiscriminado del catalán.

Según la cosmovisión de Puig, cultura e ideología van de la mano. Solo así se entiende que año tras año haya estado patrocinando con el dinero de todos los valencianos los llamados aplecs, que no dejan de ser excursiones por el interior de la Comunidad. A priori, eso no tendría problema, salvo porque los organiza la Federación de Entidades de Excursionistas de Cataluña (FEEC). Su objetivo es obvio: ir implementando poco a poco los ‘Países Catalanes’. Nada nuevo.

La relación de Puig con el independentismo está lejos de ser casual, fortuita y mucho menos involuntaria. La ha promocionado en todos los sentidos. Desde la administración, donde se les ha impuesto a los funcionarios la obligatoriedad de dominar el catalán, hasta a los más pequeños, en aulas, espiándoles mientras comen el bocadillo en el patio o hasta en un campeonato de Scrabble, en connivencia con Pere Aragonés.

Mazón se ha comprometido a erradicar eso por dos vías: cero euros al separatismo y defensa de lo propio. Para ambos aspectos tiene ya previsto la metodología. Mientras de manera inmediata parará cualquier transferencia de dinero del presupuesto a asociaciones independentistas, reivindicará y plasmará en un texto legal que lo valenciano es valenciano «y de nadie más».