José Vicente Andreu, presidente de ASAJA en Alicante  «Las desaladoras como sustitución al trasvase Tajo-Segura solo entra en la mente obtusa de Teresa Ribera»

Uno de los asuntos sobre los que más se habla desde hace ya un buen tiempo es el coste de la cesta de la compra. Prácticamente, no hay día en que en los medios de comunicación no se trate el precio de la carne, el pescado o la fruta. Sobre este último ámbito, el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores en Alicante (ASAJA), José Vicente Andreu, explica a El Debate cómo está sufriendo el campo la sequía, las consecuencias del recorte en el trasvase Tajo-Segura, qué perspectivas a corto plazo tiene el sector o de qué manera afronta la competencia desleal desde países de fuera de la Unión Europea.

–¿Cuál es la situación del campo alicantino en estos momentos?

–La definiría como de incertidumbre. Estamos acabando un año agrícola definido por alteraciones en las producciones como consecuencia de los efectos climáticos. La sequía es lo que más está afectando, nos ha complicado muchísimo. Por una parte, la sequía se llevó por delante las cerezas de secano y, por otra, el exceso de lluvia acabó con las de regadío. Ha sido un año de cosecha corta, pero también de precios bajos. Eso no es normal, pero ha venido provocado por la guerra en Ucrania y la inflación. Todo eso hace que el campo alicantino esté terminando una campaña muy complicada y encare la nueva con la incertidumbre de si se podrá tener agua para el regadío porque para el otoño no tenemos garantía de suministro.

–Hablar del campo en Alicante es hablar del trasvase Tajo-Segura. ¿Cómo valora aspectos como la actuación del Gobierno y el apoyo social hacia ustedes?

–El Gobierno sigue siendo opaco a nuestras peticiones. Se quiso definir como el Gobierno del diálogo, pero con el campo alicantino ha habido cero diálogo, actuando solo desde criterios políticos. Ni siquiera ha escuchado nuestras propuestas, por lo que ha sido un engaño continuo y total. En cuanto al apoyo social a nuestras reivindicaciones, el sector hemos ganado por goleada porque hemos explicado de forma clara y nítida lo que es el agua, para la qué la necesitamos, qué uso hacemos de ella y qué beneficios traemos a la sociedad con el agua del trasvase Tajo-Segura. Hemos sido muy proactivos con nuestras movilizaciones en la calle y se ha trasladado a la gente la necesidad de mantener el trasvase.

Plan Nacional del Agua

–¿Las desaladoras son la solución, tal como asegura el Gobierno?

–Las desaladoras deben ser un recurso complementario. Son buenas en tanto que dan garantía de suministro y una sociedad no puede saber si va a caer agua del grifo en función de si llueve o no. Su aporte no puede ser más de un 15 % o como mucho un 20 % del agua total porque es muy cara y no deja de ser un producto muy contaminante. Si queremos ir hacia una economía descarbonizada no podemos apoyarnos en un agua que proviene de un consumo energético muy alto. Las desaladoras no pueden ni van a sustituir el trasvase Tajo-Segura. Esa idea que tiene la ministra Teresa Ribera y que quiere vendernos es una barbaridad, no tiene sentido, más aún viniendo de un Ministerio que se llama Para la Transición Ecológica. Hay que buscar otras opciones que ya existen y que solo no las ve una mente tan obtusa como la de la ministra, encerrada en su 'antitrasvasismo'.

«El cambio climático es la muletilla del mediocre y el Gobierno la utiliza para no asumir su inacción, incapacidad y adoctrinamiento ecologista absolutamente extremista»

–¿Qué beneficios traería un Plan Nacional del Agua?

–Sería el eje fundamental para que en España hubiera una justa redistribución del agua dulce. En nuestro país llueve en torno a los 100.000 hectómetros cúbicos al año, de los que se embalsan unos 55.000. Para la agricultura se utilizan 15.000 y para consumo humano e industria se destinan 5.000 hectómetros cúbicos. Es decir, del montante global de lo que llueve en España el uso real es un 20 % de esa agua. Existe una España húmeda y otra seca, por lo que hay que distribuir ese bien fundamental para la vida y la economía que es el agua. Los grandes ríos españoles siguen vertiendo cantidades ingentes de agua dulce al mar. Poder aprovecharla de forma justa y equitativa es fundamental y para eso hace falta un Plan Nacional del Agua y no tantos planes como autonomías porque es un tema estratégico de país.

–¿Cuáles sus peticiones tanto para el nuevo Gobierno de la Generalitat Valenciana como al Ejecutivo central?

–Son las mismas porque poco se ha avanzado. Como principio básico te diría que la agricultura tenga rentabilidad y se pueda mantener. El agricultor tiene que vivir dignamente de su trabajo y recibir una remuneración justa por los productos que vende. Esa es la reivindicación clave. Hay dos aspectos importantes para conseguirlo. Uno es la contención de costes. La fiscalidad es el que más estamos sufriendo los regantes: tenemos impuestos de fertilizantes, de agua, de semillas…de todo. Todo lleva una fiscalidad asociada que incrementa de forma proporcional el coste. El segundo es el cumplimiento efectivo de la Ley de Cadena Alimentaria, con presupuesto y personal adecuados.

–¿Qué perspectivas prevé para el sector a partir de septiembre?

–Por centrarme en el sector de los cítricos, que es clave para la Comunidad, el limón presenta una buena campaña en cuanto a producción y esperemos que el problema del agua no condicione esas buenas expectativas. En cuanto a la naranja, las cosas no pintan tan bien porque todo apunta a que va a haber menos cosecha que el año anterior. Y a la mandarina le sucederá lo mismo que a la naranja. Todo va a estar a expensas del tema del agua.

«Debe aprobarse un Plan Nacional del Agua y no tantos como autonomías porque sería el eje fundamental para una justa redistribución del agua dulce»

–¿Cómo está afectando la competencia desleal?

–En la agricultura, la mayor parte de las normas vienen de Europa, por lo que eso determina nuestra capacidad productiva y su coste. Si tenemos que competir con productos que vienen de terceros países que los han cultivado como les ha dado la gana y sin respetar ninguna condicionalidad ambiental ni sanitaria, estamos en desventaja. La norma europea es hipócrita porque a sus agricultores les pone condiciones, pero cierra los ojos ante los productos baratos de otros países. Es el espíritu mercantilista de Bruselas. Es un fraude al consumidor porque rara vez cuando va al supermercado ve la etiqueta con el origen del producto y se piensa que está comprando algo que ha cumplido la normativa europea. Al Gobierno que se configure la pedimos que sea muy firme a la hora de exigir a la Unión Europea la reciprocidad. Aceptamos las normas que nos ponen, pero no la hipocresía de Europa. Ni los consumidores ni los agricultores lo podemos consentir.

–No deja de ser paradójico que durante la pandemia ustedes fueran los héroes y tan solo tres años después es el propio Gobierno el que les ningunea…

–Es una vergüenza. El sector agrícola es estratégico para el país al igual que lo son la educación o la sanidad como herramientas para diseñar un futuro social justo. La alimentación también lo es porque todos los días comemos. Eso lo tendría que ver el Gobierno porque la seguridad alimentaria es garante de la libertad de un Estado.

–¿Cree que se suele recurrir al cambio climático como excusa para todo y que hay un cierto automatismo para relacionarlo con cualquier problema mientras se ignora otro tipo de responsabilidad? Dicho de otro modo, ¿es la excusa perfecta?

–Completamente. El cambio climático es la muletilla del mediocre. Como este Gobierno no actúa y deja que los acontecimientos le sobrepasen, siempre recurre al cambio climático como el culpable de todo. Claro que hay cambio climático, pero la culpable de lo que está pasando es, sin duda, la falta de acción de quien tiene la capacidad de actuar, que es el Gobierno. Ese es el gran fallo del Ejecutivo: su incapacidad y su adoctrinamiento ecologista absolutamente extremista que está provocando que los productores no podamos realizar como debemos su trabajo porque nos están cortando las alas para alimentar al país. Hay alteraciones que no se pueden soslayar, eso es así, pero que no haya agua es un problema de no actuar y de dejación de funciones. Este país está mandando al mar decenas de miles de hectómetros cúbicos cada año cuando esa agua debería aprovecharse y ponerse al servicio de todos los españoles.