Comunidad Valenciana  Puig pone deberes a Mazón con la deuda y la financiación tras ocho años sin avances y callado ante Sánchez

Cargo nuevo, vida nueva. Algo parecido a eso debe de pensar el expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig. Esta misma semana acudió a Madrid para entregar en el Senado sus credenciales para ser miembro de la Cámara Alta a partir de que las Cortes se constituyan el próximo 17 de agosto. Aunque en su intervención tras realizar el pertinente trámite burocrático no dijo nada sobre cuál será su posición en los temas claves que la Comunidad tiene pendientes y ha de resolver con urgencia, lo que sí parce claro es que su escaño por designación autonómica lo ha tomado como la excusa perfecta para no responsabilizarse de su gestión durante ocho años.

Solo así se entiende que, tan solo un mes después de perder el poder regional, ya le esté achacando a su sucesor en el cargo, el popular Carlos Mazón, que no haya logrado avances en cuanto a la reforma del modelo de financiación autonómica ni en el nivel de la deuda que la Comunidad mantiene con la Administración General del Estado. En cuanto al primer asunto, existe un acuerdo unánime entre las fuerzas políticas valencianas para que la manera en que se reparten los fondos públicos entre los distintos territorios de España cambie y Valencia deje de ser el más infrafinanciado.

Sin embargo, Puig en ningún momento durante sus dos legislaturas al frente de la Generalitat ha sabido trasladar esa unión que todavía a día de hoy trasciende lo meramente ideológico y que es transversal a una negociación con el Gobierno central, particularmente con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el jefe de filas de ambos, Pedro Sánchez. Es más, los méritos del barón socialista al respecto se pueden reducir a nada.

Puig, mucha dialéctica y poco resultado

Cuando a final de cada año tocaba aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Compromís en todo momento repetía el mismo guion: empezaba mostrando su descontento porque las cuentas públicas no incluían determinadas partidas que los nacionalistas consideraban prioritarias; a las pocas semanas votaban a favor en base a un supuesto acuerdo con el Ejecutivo para modificar la financiación y, finalmente, el castillo de naipes se volvía a derrumbar porque ni Sánchez ni sus ministros movían un dedo para cumplir ese presunto pacto.

Era un relato. Engañoso o falso por una parte o las dos, pero al fin y al cabo era un relato. En el lado socialista, por contra, ni siquiera lo hubo. Las menciones de Puig hacia la financiación mientras ha sido presidente de la Generalitat quedan circunscritas a los ámbitos de la dialéctica y de la solemnidad. Es decir, totalmente ausente de cualquier tipo de decisión política que haya derivado en algo práctico y evaluable. De este modo, tan solo hacía mención a este acuciante problema para la Comunidad en alguna sesión parlamentaria aislada en las Cortes Valencianas, en ciertos mítines del PSOE y, esta era su cita fija, en sus discursos de fin de año.

En cuanto al hemiciclo regional, todas sus alusiones al respecto fueron a raíz de cuestiones planteadas por los grupos de la oposición –PP, Vox y Ciudadanos–,nunca fue motu propio. Tampoco el líder del PSPV-PSOE fue capaz de crear un grupo de trabajo o similar a nivel autonómico de cara a elaborar un documento conjunto y una hoja de ruta con la que acudir a Madrid con el aval de la unión institucional y la posición de fuerza que de ella se deriva en una negociación. Es más, todo lo contrario. No es que los méritos de Puig para la reforma de la financiación sean desconocidos por completo, sino que permitió con los votos afirmativos de los diputados socialistas por Castellón , Valencia y Alicante que esta última sea la provincia más castigada por el Gobierno en los PGE de este año, puesto que ocupa el vagón de cola en lo que a inversiones en 2023 por parte de Estado se refiere.

Por otra parte, si mencionaba la histórica reivindicación valenciana en un acto del partido compartido con Sánchez, no se dirigía al presidente del Gobierno directamente, evitando arengarle o exigirle de manera explícita un compromiso para llevar a cabo la modificación. En cambio, solía hablar sobre ello dirigiéndose a un público en abstracto y sin concretar nada ni de tiempos ni de formas, muestra significativa de que es un tema peliagudo y que si se trata es mejor hacerlo de pasada. En el contexto en que se produjeran, las citas no dejaban de ser simples brindis al sol.

Condonación de la deuda con el Estado

Acerca de la deuda, es una materia sobre la que el próximo senador no es que pasara de puntillas en sus actos, sino que directamente ni aludía a ella. Sin embargo, ha sido a raíz de que los independentistas catalanes hayan puesto sobre la mesa una futurible condonación del montante que deben al Estado a cambio de investir a Pedro Sánchez, cuando Puig ha aprovechado esa corriente mediática para criticar que Mazón no haya propuesto algo similar.

A este respecto, llama la atención que el PSPV-PSOE haya presentado en las Cortes Valencianas una Proposición No de Ley para que los grupos con representación –los socialistas, el PP, Vox y Compromís– expresen su posición acerca de reclamar al Gobierno que ponga en marcha «todos los mecanismos necesarios para hacer realidad la condonación de la deuda» que la región mantiene con el Estado. Ni a nivel parlamentario ni de acción de Gobierno hay constancia de que Puig o su consejero de Hacienda, Arcadi España, hayan impulsado iniciativas análogas estando en el Ejecutivo.

Por tanto, la contundencia de los hechos deja meridianamente claro que el expresidente valenciano exige soluciones inmediatas a un jefe del Ejecutivo que tanto él como sus consejeros hace menos de un mes que tomaron posesión. Lo hace, a su vez, mientras su papel cuando tenía la responsabilidad de promover y facilitar avances fue testimonial, cuando no silente ante el secretario general de su partido. Por si no fuera suficiente, pretende construir un marco mental del todo falaz, pues mezcla asuntos institucionales con lo que Esquerra Republicana de Cataluña y Junts plantean, es decir, cuestiones de partido en las que entran favores a cambio de votos.