Comunidad Valenciana  La ‘agenda valenciana’, bloqueada tanto si se repiten las elecciones como si continúa Sánchez

Las elecciones generales del 23 de julio en la Comunidad Valenciana, más allá del hecho de saber quién gobernará España los próximos cuatro años, se tomaron a modo de termómetro de cara a saber qué futuro les espera a las clásicas -y ya cronificadas- reivindicaciones autonómicas. A priori, y aunque todavía quedan semanas de intensas negociaciones por delante hasta la investidura, lo que parece claro es que los intereses de la región no es que vayan a quedar en un segundo plano, sino que directamente ni van a aparecer en los cuadernos que el PSOE lleve a las distintas mesas de negociación con sus potenciales socios.

Todas son históricas y a cuál más importante, pero la financiación es la que aúna a la totalidad de los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Valencianas. Todos ellos coinciden en que la Comunidad es la que menos recursos públicos recibe en comparación a los más de cinco millones de habitantes con los que cuenta. Ante esa situación, Feijóo se comprometió a revertirla, consciente de que su hipotético Gobierno -hoy irreal- no dependería de los independentistas.

Por contra, la endiablada aritmética que ha dejado el 23-J obliga en la práctica a que este asunto deje de abordarse. La razón es fácil de comprender: en un sistema en el que Cataluña es notablemente una de las regiones más beneficiadas, los partidos separatistas de quienes depende la gobernabilidad nacional jamás permitirán que se toque una coma del acuerdo, claro está, salvo que les beneficie todavía más.

Trasvase Tajo-Segura

Es decir, en el mejor de los casos –que seguirá siendo catastrófico para los intereses valencianos–, el reparto de los fondos públicos no se tocará mientras el actual Ejecutivo siga en funciones. Si se diera la circunstancia de que Pedro Sánchez consiguiera la confianza del Congreso sin tener que volver a pasar por las urnas, esa posibilidad directamente quedaría erradicada, ya que dependería al cien por cien de los separatistas y estos no abordarían tal reforma. Primera reivindicación, primer golpe.

Si el asunto de la financiación pinta mal para la Comunidad, infinitamente peor lo hace el del agua. Gran parte de los agricultores, especialmente de la zona de Alicante, aspiraban a que Sánchez saliera del palacio de la Moncloa y, de esa manera, que se pudiera dar marcha atrás en el recorte al trasvase Tajo-Segura acometido por el Ejecutivo central. Su aspiración no era otra que la de que se aprobase un Pacto Nacional del Agua con el objetivo de repartirla en aquellas comarcas donde escasea.

Pero no va a ser así. Si el líder socialista siguiera una legislatura más, no hay ninguna duda en el sector ni fuera de él de que mantendría su política hídrica basada, según los regantes, en mera «ideología»y sustentada en el «sectarismo». Si los plazos se agotasen y hubiera repetición electoral, al menos a corto y medio plazo el panorama sería exactamente el mismo porque hasta que se aprobase una nueva norma en sustitución del decreto de Sánchez y Teresa Ribera tendrían que pasar meses y meses. En todo caso, otra reivindicación que se quedará en el cajón de las eternas promesas.

Si se habla de infraestructuras, el obligado pacto con los independentistas, al igual que viene sucediendo en la Comunidad Valenciana, hace pensar que las peticiones catalanas tendrán infinita prioridad, a pesar de las necesidades de cada territorio. Cuesta creer que Gabriel Rufián desde Barcelona o Carles Puigdemont desde Waterloo vayan a hacer ímprobos esfuerzos para que las obras del Corredor Mediterráneo se aceleren en la región -por no hablar de Murcia o Andalucía-. En cambio, sí exigirán al candidato socialista que se comprometa por escrito a que lo haga en Cataluña. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de antecedentes.

Generalitat, patronal y sindicatos, unidos

Como contrapeso a todo lo descrito, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ya se ha puesto manos a la obra para llevar a Madrid las reivindicaciones autonómicas, independientemente de qué signo político lidere el Gobierno. En lo que ha venido a llamar la «conjura valenciana», el jefe del Ejecutivo ha mantenido una reunión con la patronal regional, así como con los sindicatos UGT y CC.OO. En ella los cuatro han tratado los temas anteriormente descritos, pero también lo referente a los Presupuestos Generales del Estado, que a finales de año se deberán aprobar. No se debe olvidar que según las cuentas públicas vigentes, Alicante es la provincia española que menos inversiones estatales está recibiendo a lo largo de este 2023.

En términos generales, se ha acordado que este tipo de citas conjuntas se mantengan al menos una vez por trimestre salvo que un determinado tema «merezca atención pormenorizada». En cuanto a la financiación, han consensuado, tal como explica el dirigente autonómico, que se debe «seguir reforzando el mensaje reivindicativo, aquilatado, bien equilibrado, técnico, económico» al respecto para que existan «elementos de justicia entre las comunidades autónomas».

Para semejante complicado objetivo, Mazón ya se ha asegurado el apoyo de los agentes sociales. Así, mientras la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) le ha trasladado sus ganas de colaborar para paliar el «déficit» en agua o financiación, UGT ha destacado que existe una «voluntad de compartir un éxito importante». Por su parte, Comisiones Obreras ha mostrado su optimismo con vistas a lograr el «objetivo compartido de desarrollo económico y social».