Ximo Puig junto a Pedro Sánchez durante la celebración del día de la Rosa 2017 en Valencia, en octubre de 2017GTRES

Comunidad Valenciana  La última aspiración política de Ximo Puig: ¿ministro de Sánchez?

La relación entre el líder socialista y el expresidente valenciano es mala, pero este se aferra a una ‘reconciliación’ como las de Patxi López, Antonio Hernando u Óscar López

El «paso al lado» de Ximo Puig no tiene parangón en cuanto a lo rocambolesco. Eso fue lo que prometió que haría tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo que supusieron su salida de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Fue el propio dirigente socialista el que abrió la puerta a tener un papel secundario tanto en el PSPV-PSOE como en las Cortes regionales. De hecho, incluso rechazó asistir a la reunión con Carlos Mazón de cara a su futura investidura, escudándose en que su rol en la legislatura no sería principal y, por tanto, delegó en sus portavoces parlamentarios.

Sin embargo, esas primeras intenciones se quedaron en eso, intenciones, y han ido mutando a la misma velocidad que lo han hecho los acontecimientos de la política nacional. Una vez quedó claro que el pacto del Partido Popular y Vox le desalojaría del Palacio de la Generalitat, se le preguntó a Puig por la posibilidad de recalar en el Senado por designación autonómica. Esa opción la descartó él mismo de manera automática, aunque tardó unas pocas semanas en desmentirse a sí mismo y ser nombrado miembro de la Cámara Alta.

Quizás, para encontrar un ejemplo similar de idas y venidas y de salidas frustradas a petición propia, el caso más paradigmático sea el del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que en cuestión de días pasó de solicitar su reingreso como médico forense a ser el vicepresidente segundo del Senado. En cambio, Puig quiere ir un paso más que su colega y para ello pretende agotar todos sus cartuchos porque considera que aún puede lograr una última meta política: ser ministro.

Se aferra a la 'reconciliación'

Según fuentes consultadas por El Debate, Puig quiere jugar la baza de seguir el mismo camino que Joan Lerma. El exmandatario socialista estuvo al frente de la Generalitat entre 1982 y 1995. Cuando Eduardo Zaplana ganó las elecciones y le sucedió en el cargo, Felipe González le nombró ministro de Administraciones Públicas, responsabilidad en la que estuvo menos de un año, hasta mayo de 1996.

Algo parecido estaría pensando hacer Puig, que ha sido presidente del Ejecutivo autonómico dos legislaturas (2015-2023). Es cierto que no lo tiene fácil y que su mayor escollo es la mala relación que mantiene con su jefe de filas, Pedro Sánchez, a cuenta de una rebaja de impuestos que acometió sin consultarle y de llevar al Gobierno ante el Tribunal Supremo por el recorte en el trasvase Tajo-Segura. No obstante, también es verdad que se aferra a una posible ‘reconciliación’ con su líder, al estilo de lo que ya han hecho Patxi López, Antonio Hernando y Óscar López.

El primero fue uno de sus rivales –junto a Susana Díaz– en las primarias que celebró el PSOE en 2017. En el célebre y áspero debate entre los tres candidatos, López le espetó a Sánchez la ya famosa frase de «Vamos a ver, Pedro. ¿Sabes lo que es una nación?». A pesar de ese duro encontronazo, el vasco se ha convertido en una de las personas de mayor confianza del presidente del Gobierno en funciones y actualmente es el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados.

Al exlehendakari en ese proceso interno le apoyó otro López, Óscar. Tras pasar un tiempo en blanco, este fue nombrado consejero Delegado de Paradores y hoy es el jefe de Gabinete de Sánchez. En cuanto a Hernando, era la mano derecha del secretario general del PSOE, pero sus caminos se separaron cuando este renunció a su acta de diputado para no votar la abstención a Mariano Rajoy y fue Hernando quien tuvo que defenderla. Al igual que en los casos anteriores, ha sido ‘rescatado’ y ha vuelto a la primera línea política como número dos de Óscar López, con lo que también ocupa un alto cargo en el palacio de La Moncloa.

Ximo Puig y Pere Aragonés se saludan en Valencia.EFE

Volviendo a Ximo Puig, su ejecutoria hasta el momento y sus convicciones federalistas en un eventual nombramiento como ministro le situarían al frente de la cartera de Política Territorial, hoy gestionada por la portavoz, Isabel Rodríguez. Además de ser un firme defensor de una España descentralizada, otros dos son los motivos por las que el perfil del valenciano se ajusta a dicho departamento.

Identificado con los independentistas

Uno es su relación con los independentistas catalanes. Durante sus ocho años gobernando la Generalitat, Puig no solo ha demostrado ser capaz de tejer buenas relaciones con los secesionistas tanto en Cataluña –con Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonés– como en Islas Baleares con Francina Armengol.

También se ha comportado como ellos, ha destinado trece millones de euros para importar e implementar en la Comunidad los postulados de los ‘Países Catalanes’ y ha calcado la hoja de ruta nacionalista en aspectos como la educación, la imposición lingüística o el acceso a la Función Pública. Además, ha defendido los indultos, la eliminación de la sedición, la rebaja de la malversación y ha apoyado el uso del catalán en el Congreso, asegurando que el valenciano es catalán. Todo ello son puntos a favor de Puig en una legislatura con absoluta dependencia de Junts per Cataluña y Esquerra Republicana.

La otra razón es que Política Territorial sería el Ministerio idóneo para aunar la dinámica de insultos y menosprecio hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El expresidente de la Generalitat se subió a ese carro durante la pandemia, criticando sin parar la gestión sanitaria, pero todavía sigue haciendo mención a la dirigente popular –aunque sin nombrarla explícitamente– cada vez que tiene ocasión de ello en los mítines.

Esa animadversión hacia Ayuso iría en plena consonancia con la expresada continuamente por el Gobierno, por lo que, siempre en un caso hipotético, Puig asumiría el rol de discrepar con la presidenta madrileña por sus competencias de relación con las comunidades autónomas y, de ese modo, liberaría –en parte– al resto del Gabinete de quemarse ante la opinión pública por este asunto.