Comunidad Valenciana  La ley de amnistía de Sánchez a Puigdemont, un mecanismo para blanquear la exigencia de los ‘Países Catalanes’

Desde que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no pusiera objeción alguna en sentarse en la misma mesa con el prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont, la actualidad política nacional gira en torno a una palabra: amnistía. Esta fue -y sigue siendo- la exigencia más elevada del exmandatario catalán para investir al líder socialista tras el previsible fracaso del popular Alberto Núñez Feijóo.

Durante el verano, todas las manifestaciones de miembros del Ejecutivo que rechazaban este indulto generalizado que además borra de un plumazo todos los antecedentes penales se han convertido por ensalmo en avales constitucionales a la medida. Esto ha provocado que se levanten ampollas tanto en las filas socialistas como de las puertas de la sede de Ferraz hacia fuera. Aún así, el plan de Sánchez continua y nada hace pensar que las negociaciones con Junts per Catalunya no vayan a experimentar avances a lo largo del mes de octubre.

Muestra de ello es la diferencia en las reacciones por parte de Moncloa y del PSOE ante dos hechos de enorme relevancia. En este sentido, mientras dirigentes como Patxi López ha cargado contra José María Aznar por pedir la máxima movilización en las calles el próximo día 24, acusándole de incitar al «enfrentamiento civil», la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, calificó al expresidente como «golpista». En cambio, ese desasosiego contrasta con el calculado, ensayado e incómodo silencio que ambos y sus colegas guardaron ante la visita de Yolanda Díaz a Bruselas para reunirse con Puigdemont. La condición de huido de los Tribunales y las graves acusaciones que pesan sobre él no le impidieron tratarle como si de un interlocutor al uso se tratase.

Feijóo se negaría; Sánchez, no

El clima por el que parece que Sánchez tiene encarrilada su -hasta ahora hipotética- investidura mediante la aprobación de una amnistía para los líderes del procés independentista y todos los que han sido procesados o están a la espera de ello también preocupa entre los presidentes autonómicos. Especialmente en aquellos que, de una manera u otra, se han visto afectados en sus territorios por los tentáculos del separatismo catalán. Uno de ellos es el valenciano Carlos Mazón.

En su opinión, si el secretario general del PSOE terminase aceptando la reivindicación de Puigdemont, nada le impediría a este último volver a protagonizar un episodio como el que se vivió en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017, ya que se habría dejado ver que todo aquello no fue un delito y por eso mismo se habría amnistiado a sus responsables. Del mismo modo, Mazón vincula la eventual ley que pide el separatismo con los 'Países Catalanes', ya que actuaría a modo de herramienta para blanquear esta vieja pero irrechazable aspiración secesionista.

Para el presidente de la Generalitat, la relación causa-efecto entre ambos aspectos es algo «muy sencillo»: «Si el separatismo se sienta en una mesa en el Congreso de los Diputados con Feijóo y le dice 'Países Catalanes', Feijóo se levanta de la mesa y se va. Si el separatismo le dice a Sánchez ‘Países Catalanes’, Sánchez se levanta, pero para buscar un boli corriendo y firmar en blanco».

La preocupación en la Comunidad Valenciana por el precio que el presidente del Gobierno en funciones esté dispuesto a pagar es un asunto de enorme intranquilidad, más aún con todo lo acontecido durante los ocho años gestionados por el PSPV-PSOE, Compromís y Unidad Podemos. En esos dos mandatos, la gestión de la izquierda estuvo impregnada de los postulados independentistas que desde hace más de treinta años llevan primando en Cataluña.

13 millones de euros públicos

Así, desde diversas consejerías -incluida la de Presidencia- se destinaron alrededor de trece millones de euros de las arcas públicas a entidades de corte anexionista, tales como Escola, Valenciana, Acció Cultural del País Valencià, Plataforma per per la Llengua o El Micalet. Con esa ingente cantidad de dinero y con el apoyo expreso de la Generalitat Valenciana, las ideas independentistas poco tardaron en enraizar en ámbitos como la educación, la sanidad o en las oposiciones para una plaza en la Administración autonómica.

Siguiendo el modelo de Cataluña, en la Comunidad ha habido casi una década de imposición lingüística en detrimento del castellano, que quedó orillado y marginado a pesar de innumerables quejas tanto de familias como de asociaciones, tal como ha venido recogiendo y haciéndose eco El Debate. Frente a ello, la promesa de Mazón, que quedó plasmada en su programa electoral y en el pacto de coalición con Vox, es el de eliminar cualquier tipo de ayuda pública a todo colectivo que no respete el Estatuto de Autonomía ni la Constitución: «Cero subvenciones al separatismo», ha subrayado el dirigente popular en varias ocasiones.

De ahí deriva el alto grado de preocupación del jefe del Ejecutivo valenciano ante una posible ley de amnistía. Aunque desde la región se hagan todos los esfuerzos posibles por defender la integridad territorial, si Sánchez cede ante Puigdemont sin duda eso derivará en un reforzamiento de la moral en el movimiento secesionista, tendrán mayor protagonismo y más medios. Asimismo, será como mandar el mensaje de que si se ha declarado la independencia y los que lo promovieron han quedado impunes, quién puede asegurar que no les pasará lo mismo si dan un paso más con la anexión de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

Todas las cartas menos una están boca arriba. Hay dos jugadas que están claras y que no admiten posiciones equidistantes. Mazón quiere volver al respeto institucional hacia los símbolos autonómicos y el Estatuto y para ello no seguirá dotando de fondos públicos a asociaciones separatistas como hacían Puig y sus socios. En el lado contrario está Puigdemont, ávido de vengarse de Pedro Sánchez y de 'rascarle' incluso más allá de lo establecido en la Carta Magna. Falta por ver hacia dónde se decantará el líder socialista. Sus antecedentes y su deseo de mantenerse en el poder no le avalan, algo que solo puede beneficiar al prófugo de Waterloo.