Comunidad Valenciana  Un juez investiga a la ministra Diana Morant por favorecer una okupación cuando era alcaldesa de Gandía

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad valenciana de Gandía ha incoado diligencias previas de investigación contra la ministra de Ciencia, Diana Morant, en su etapa como alcaldesa del municipio. Las acciones judiciales son fruto de una denuncia que en su día presentó el exregidor Arturo Torró –del Partido Popular–, que le acusa de perjuicios económicos a una empresa constructora que levantó viviendas de alquiler en un edificio que terminó siendo okupado ilegalmente.

Junto a la ministra, que fue cabeza de lista por Valencia en las elecciones generales del 23 de julio, también aparecen en el auto su primer teniente de alcalde, José Manuel Prieto, y la que era jefa de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento.

El magistrado les atribuye a los tres sendos delitos de prevaricación, fraude contra la Administración, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. El motivo que se esgrime es que el Consistorio, con Morant al frente, se negó a abonar a la sociedad los 19 millones de euros que reclamaba en concepto de liquidación del contrato que con anterioridad habían suscrito. Por contra, el Ayuntamiento cifra esa cantidad en tan solo 2,2 millones de euros, algo muy lejano a lo reclamado por la mercantil.

Responsabilidad directa del Ayuntamiento

Cabe reseñar que la ministra, por su condición de diputada, tan solo podría resultar investigada –lo que hasta hace años se llamaba imputada– por el Tribunal Supremo. Por tanto, y debido a que el procedimiento se encuentra en una fase inicial, lo que ha hecho el instructor ha sido reclamar al Servicio Jurídico del Consistorio que le haga llegar cualquier sentencia o resolución que haya podido haberse efectuado al respecto con tal de tener la mayor cantidad de documentación sobre el asunto.

En cuanto a los antecedentes del caso, la empresa afectada es Reunits de Catarroja, la cual tenía la concesión pública por parte del Ayuntamiento de Gandía de una parcela de titularidad municipal. Sobre ella construyó 79 viviendas de protección oficial, así como plazas de garaje y trasteros, destinados todos ellos a personas mayores, con discapacidad o menores de 35 años. Fue en ese momento cuando la titular de Ciencia, siendo alcaldesa, se concentró junto a otros miembros de su equipo de gobierno para impedir el desahucio de una mujer y su hija, lo que provocó que se paralizara.

A los pocos meses, fue el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el que alertó de que en la región «la mayoría de las viviendas se encontraban ocupadas ilegalmente» como consecuencia de lo que los propios magistrados denominaron «efecto llamada» que se había generado. De hecho, el mismo escrito de los magistrados especificó que «existía una relación causal entre la actuación de la alcaldesa y la quiebra de la gestión de la concesión».

Tan fue así, que los magistrados decidieron en 2021 que Reunits de Catarroja no pagase más de 400.000 euros por la reparación de la finca que Morant le reclamaba y la razón fue que había sido el mismo Consistorio quien impidió «la ejecución normal de la explotación». Aún con todo, la misma sentencia sí obligó a la empresa a abonar el canon correspondiente a la concesión entre los años 2007 y 2015, ya que era el periodo previo a la okupación del inmueble.