El as bajo la manga de Mazón para acabar desde ya con la imposición lingüística en las aulas

Las Cortes Valencianas aprobaron este martes la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat con los votos a favor del Partido Popular y Vox, que suman mayoría absoluta en la Cámara, y el rechazo de los partidos de izquierdas, el PSPV-PSOE y Compromís. En el texto se incluían diferentes medidas orientadas a bajar impuestos en la Comunidad para «acabar con el infierno fiscal» heredado del tripartito, en palabras del portavoz del PP, Miguel Barrachina.

Sin embargo, los asuntos fiscales no son los únicos que han salido adelante con la convalidación, ya que también formaban parte de la ley aspectos relativos a la libertad educativa y a eliminar la imposición lingüística en las aulas, uno de los principales caballos de batalla del actual presidente del Ejecutivo regional, Carlos Mazón, no solo desde que tomó posesión en julio, sino también durante la campaña electoral.

Así, el trámite parlamentario permite modificar la Ley de Plurilingüismo para suprimir la obligación de que los estudiantes que viven en las zonas castellanohablantes de cualquiera de las tres provincias cursen materias troncales en valenciano. Por tanto, se empieza a dar carpetazo a la política llevada a cabo por Compromís y bendecida por Ximo Puig durante ocho años. De este modo, hasta la fecha, un alumno que estuviera exento de recibir la clase de valenciano no se examinaba de esa materia, pero a cambio tenía que dar otras en la lengua autonómica, como Historia o Matemáticas.

Fin al 25 % de las clases en valenciano

Por tanto, en el curso 2024-2025 se suprimirá el porcentaje instaurado por socialistas, nacionalistas y comunistas según el cual se debía cursar como mínimo el 25 % de las asignaturas en valenciano aunque los alumnos en cuestión vivieran en comarcas de habla castellana. Esta fue una de las principales características del tripartito, que utilizó la cartera de Educación como el gran lugar desde el que desarrollar sus políticas al más puro estilo del independentismo catalán.

Fuentes de la Consejería consultadas aseguran a El Debate que esa situación no tenía «sentido», ya que supone «imponer el valenciano» a unos estudiantes que residen en zonas de claro predominio del español, como pueden ser las áreas limítrofes con Aragón, Castilla-La Mancha y Murcia, por lo que aprobarlo por la vía «de urgencia» mediante la Ley de Acompañamiento permitirá que las novedades contempladas se puedan aplicar ya en el próximo año lectivo.

Estas son las primeras iniciativas del nuevo Consell de Mazón al respecto, pero no serán las últimas, ya que a lo largo de los primeros meses de 2024 el consejero de Educación, José Antonio Rovira, aprobará la reforma definitiva de la Ley de Plurilingüismo de cara a recuperar la libertad en el ámbito de la educación y, como consecuencia, dejar atrás un sistema viciado de ideología y de una hoja ruta al servicio de un proyecto político. En esta línea, se recuperará el distrito único a la hora de que las familias puedan elegir el centro donde quieren que estudien sus hijos. Cuando el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos llegaron al poder, ese era el método, pero lo cambiaron para fijarlo en base al código postal.

Igualmente, la aprobación de la norma también establece el fin de la Oficina de Derechos Lingüísticos y del Consejo Social de las Lenguas, ambos creados por Puig y sus socios. El primero lo define el PP como la «policía lingüística» porque, tanto en opinión de los 'populares' como de la Generalitat, este organismo tenía la misión de «poner el foco en la lengua utilizada en comercios, establecimientos de consumo o de turismo de carácter privado». Por ello, consideran que podría haber estado incurriendo en una «actividad paralela a otros organismos», con el agravante de hacerlo señalando a tiendas y locales «sin establecer la posibilidad de audiencia, defensa y recursos del presunto vulnerador».

Imposición más allá de los colegios

Respecto al Consejo Social de las Lenguas, el argumento para zanjar su actividad es que sus funciones de control se pueden llevar a término desde el ámbito parlamentario, por lo que su mantenimiento y su «elevado número de miembros» suponen un destacable desembolso desde las arcas públicas de la Generalitat.

La obsesión del tripartito por la imposición lingüística del valenciano, al que los partidos integrantes unifican como dialecto del catalán, no solo se circunscribió a lo relacionado con la educción, sino que fue más allá. De hecho, Mazón también pondrá coto a que el idioma propio de la Comunidad sea catalogado en las oposiciones para acceder a plazas de funcionario en la Consejería de Sanidad como un requisito. Esa era la intención de los antecesores de Mazón, que incluso se llegaron a plantear que puntuase cinco veces más que un máster y el triple que un doctorado. Comenzaron a recorrer ese camino para plasmarlo en ley, pero la presión política, social y profesional les hizo dar marcha atrás y renunciar a ese fin.

Ahora, por el contrario, el departamento dirigido por Marciano Gómez, ha dejado claro «desde el primer momento», y así se lo ha trasladado al sector, que el conocimiento del valenciano debe ser «un mérito y nunca un requisito», según apuntan fuentes de la Consejería. Por tanto, con la aprobación de la Ley de Acompañamiento, el Consell del PP y Vox ha dado un primer paso más que significativo para avanzar en su plan de desmantelamiento de una estructura y un modo de actuar que en las últimas dos legislaturas ha ignorado velar por la libertad educativa y por el futuro a unos alumnos a los que se les ha obligado a dar clases en una lengua prácticamente desconocida para ellos.