Comunidad Valenciana Cultura y política lingüística, las obsesiones de la izquierda para desestabilizar el Gobierno de Mazón
PSPV-PSOE y Compromís cargan contra el presidente valenciano por querer «descatalanizar» la acción de gobierno, huérfanos de los vínculos económicos e institucionales que promovieron desde el tripartito
La gestión del tripartito de izquierdas que desde 2015 y hasta julio de este mismo año lideraba el socialista Ximo Puig estuvo marcada por tener posiciones fuertemente nacionalistas y de alineamiento con el independentismo catalán. Con esa base, no resulta extraño que Compromís se asegurase desde el primer momento la cartera de Educación y Cultura y que entre el conjunto de consejerías se subvencionara a asociaciones separatistas que tienen como fin implantar los «Países Catalanes» con 13 millones de euros.
Con el nuevo Gobierno de la Generalitat de coalición del Partido Popular y Vox, el presidente regional, Carlos Mazón, se propuso revertir el flirteo con los anexionistas heredado, un aspecto que ya ha comenzado a implementarse y que ha escandalizado tanto a los nacionalistas como al PSPV-PSOE en dos de sus ámbitos fetiche, la política lingüística y la cultura. Así, el primer paso ha sido no otorgar ningún tipo de subvención o ayuda públicas a entidades que defiendan principios contrarios al Estatuto de Autonomía, principalmente en lo referido a la integridad territorial valenciana.
En cuanto a la cuestión idiomática, el Consell ha avanzado presentando a la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) los nuevos criterios lingüísticos. Según el titular de Educación, José Antonio Rovira, el «único objetivo» de esta medida es el de «valencianizar el valenciano» frente a la «catalanización» ejercida por el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos. Según explica, hasta 2015 «había unos criterios durante muchos años», pero el tripartito «decidió cambiarlos», por lo que la intención del Ejecutivo regional es la de volver a establecerlos «en una situación centrada».
«Tentaciones inquisitoriales»
La importancia que la izquierda dio en su última etapa al frente de la Generalitat a la lengua fue sobresaliente, con un fuerte adoctrinamiento en las aulas, eliminando el castellano de las comunicaciones con los padres e, incluso, planteando que para una oposición para la Administración autonómica el nivel C1 de valenciano puntuase cinco veces más que un máster y el triple que un doctorado. Por tanto, la política lingüística es una de las bazas con la que la oposición pretende desestabilizar el Gobierno de Mazón.
Tan es así, que esta misma semana los socialistas han llevado a las Cortes Valencianas una moción cuyo único fin era el de poner a Rovira de nuevo en el centro del debate parlamentario. De ese modo, el diputado José Chulvi, aseguró que la senda del dirigente 'popular' para romper lazos con el independentismo catalán es muestra de que en la Comunidad Valenciana «las cosas no van bien». Según sus propias palabras, esa postura a los socialistas les provoca «indignación y tristeza» porque es «actuar desde la venganza, el sectarismo y el odio a la cultura valenciana».
En su opinión, Mazón ha provocado un debate «que no forma parte de los países más avanzados de nuestro entorno» y pone a Valencia como «una mala excepción» porque está movida por «tentaciones inquisitoriales». De hecho, en la intervención de Chulvi no tardó en aparecer la figura de Francisco Franco: «No nos podemos permitir volver a la caverna de los años 50, 60 y 70 en los que el valenciano era una cosa de héroes y proscritos», fueron sus palabras.
Esta clase de afirmaciones son habituales desde las filas de la izquierda, intentando poner en la picota desde el inicio de la legislatura a un Rovira que reitera que se mantendrá «firme» en la línea de «descatalanizar» la acción de gobierno. Además, en el turno de réplicas, al socialista le contestó el diputado de Vox Jesús Albiol, en un discurso que se puede resumir con su última frase: «Les quedan cuatro años por delante. Ármense de paciencia».
Respecto a la cultura, si Rovira es el centro de las críticas y base del relato de la oposición, la misma suerte corre el consejero del ramo y vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Barrera. A este los ataques le llegan por diversos frentes que chocan de frente con el ideario de la izquierda: es de Vox, sigue la senda marcada por Mazón de ruptura con el separatismo y, para más inri, fue torero. Al igual que con la educación y la política lingüística, socialistas y nacionalistas se sienten huérfanos después de que el Consell no titubee a la hora de dejar de apoyar económica e institucionalmente a entidades catalanistas para que organicen actos en favor de la anexión territorial en municipios de la Comunidad.
Fin a la «marginación» de los toros
Para Compromís en particular y parte de la izquierda en general, Cataluña y la región forman una única unidad política, por lo que no dudan en cargar duramente contra Barrera cada vez que reitera que su departamento no fomentará el secesionismo: «No apoyaremos a artistas o a colectivos que fomenten lo que nos divide y no es legal por no estar en el marco estatutario, y es la idea del País Valencià que significa 'Países Catalanes'», subraya el consejero.
Del mismo modo, la rabia del PSPV-PSOE y Compromís va a más cuando el vicepresidente recalca que su Consejería protegerá la tauromaquia frente al «sectarismo» del anterior Ejecutivo e impulsará las ayudas a festejos populares taurinos denostados durante ocho años por el mero hecho de ser relacionados con la españolidad: «Vengo del mundo del arte y la cultura, del que fui profesional, un mundo silenciado cuando no ninguneado, directamente maltratado. Me comprometo a poner fin a cualquier marginación», explicó Barrera en las Cortes cuando compareció para explicar las líneas principales que llevará a cabo su departamento.
Sin embargo y aún con todo, los intentos de la izquierda valenciana por generar un clima de tensión constante en el Gobierno de Mazón utilizando la cultura y la política lingüística como principales herramientas de confrontación están cayendo en saco roto. El ejemplo más evidente de ello es que el presidente de la Generalitat sigue adelante para aprobar una Ley de Señas de Identidad que proteja «las tradiciones, la cultura y la historia» autonómicas: «Que nadie nos diga lo que somos ni lo que tenemos que ser», hace hincapié el 'popular'.