Mazón repele la ofensiva de Junts con una oficina que ayudará a las empresas a instalarse en la región

La retahíla de concesiones de Pedro Sánchez al separatismo catalán para sostener su exigua mayoría parlamentaria está provocando un efecto dominó en el resto de España en diversas cuestiones. Y como toda acción genera una reacción, el efecto puede ser totalmente el contrario al pretendido por sus socios de Gobierno.

Una de las que consta en la creciente factura de los independentistas –aunque su materialización sea de dudosa legalidad– es la de sancionar a las empresas que trasladaron sus sedes fuera de Cataluña durante los años más convulsos del procés.

La propuesta de Junts, el partido liderado desde Waterloo por el expresidente catalán prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, no ha contado con demasiado apoyo desde ningún sector –ni siquiera entre formaciones de corte socialista–, ya que atenta directamente contra la libertad de empresa.

Sin embargo sí ha hecho saltar las alarmas en algunas de las comunidades autónomas que se verían más afectadas. Tal es el caso de la Comunidad Valenciana, donde entidades del peso de Sabadell o Caixabank tienen sus sedes sociales desde que hace años la seguridad jurídica se convirtiera en una quimera en esa Cataluña instalada en el desafío permanente al Estado.

La ofensiva de Junts para tratar de que las miles de empresas que huyeron de Cataluña tras el referéndum ilegal del 1-0 vuelvan a sus orígenes ha sido tildada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como «intolerable», por lo que este jueves llamaba a convocar de urgencia la Conferencia de presidentes autonómicos.

Pero el líder regional 'popular' iba más allá este viernes, cuando anunciaba la creación de una oficina de apoyo a la relocalización de empresas que quieran ubicarse en la Comunidad Valenciana para «dar respuesta a las empresas que libremente quieren instalarse en nuestra Comunitat».

Un mensaje a las empresas catalanas

Una medida que no solo repele el envite de los de Puigdemont, que afectaría a casi un millar de empresas solo en la región, sino que lanza un mensaje a las que no se marcharon de Cataluña pero que podrían plantearse hacerlo más adelante.

La finalidad de esta oficina, a falta de que se hagan públicos los detalles, pasa por estar a disposición de las compañías que quieran instalarse en la región «para crecer y consolidarse», en palabras de Mazón, quien aseguraba que se convertirá en un instrumento para «garantizar la equidad, la libre circulación y la libertad empresarial, que es la antesala del empleo y de la cohesión social».

Y es que la «amenaza» de Junts, a su juicio, va «contra la propia esencia de la Unión Europea y la libre circulación de mercancías, personas y empresas». «No lo vamos a tolerar y vamos a poner todos los mecanismos que estén a nuestra disposición, los legales por supuesto, hasta sus últimas consecuencias», advertía Mazón durante su discurso en el cóctel de año nuevo de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), con sede en Alicante.

Al acto asistió, entre otros, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, natural de Gandía y uno de los nombres que suenan con más fuerza para hacerse con las riendas del PSPV-PSOE tras la era de Ximo Puig. Un Puig que se posicionaba esta semana en contra de los planes de los independentistas mientras su posible sucesora se limitaba a indicar que el Gobierno central no iba a multar a estas empresas, dejando en el aire, por omisión, que el Ejecutivo catalán sí lo hiciera.