Radiografía de las «empresas fantasmas» creadas por Puig que ahora eliminará Mazón

El año 2023 en la Comunidad Valenciana terminó parlamentariamente con la aprobación definitiva de los Presupuestos de la Generalitat, los primeros de Carlos Mazón como presidente del Ejecutivo autonómico. Las cuentas son expansivas y tienen como objetivo revertir la gestión del tripartito que lideraba el socialista Ximo Puig en materias como bajada de impuestos y reducción de lo que el mandatario 'popular' denomina «grasa política». No fue fácil cuadrar las partidas, ya que la Consejería de Hacienda tuvo que hacer frente «a la peor herencia de la historia».

En este sentido, Mazón ya avanzó que en su primer tramo de legislatura levantaría las alfombras para tener certeza del estado real de la tesorería de la Generalitat. Para ello ya ha encargado una auditoría de todo el sector público y, con tal de avanzar en el adelgazamiento de la Administración, eliminará varias empresas que califica de «fantasma» por duplicidad de funciones con otros organismos regionales. En concreto, los entes a suprimir son seis.

Uno es la Agencia Valenciana de la Energía. Según dejó por escrito el Consell del tripartito del PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos, tenía como finalidad la «reducción del impacto ambiental que representan la generación y el consumo energético y la consolidación del nuevo modelo energético». Asimismo, pretende «conseguir la descarbonización de la economía», para lo que «fomentará el uso de energías renovables, el autoconsumo, el ahorro y la eficiencia energética en las administraciones públicas». El problema es que esas atribuciones ya las tenía desde el principio la Dirección General de Energía del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE).

Constantes duplicidades

Lo mismo sucede con la Agencia Valenciana para la Digitalización y la Ciberseguridad. Según el que fuera con Puig consejero de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, este organismo iba a permitir «culminar con éxito la transformación digital de la Administración valenciana» mediante «la capacitación digital y la colaboración, así como de los procesos a través de la simplificación administrativa, la optimización de recursos y la racionalización de procedimientos». En esta ocasión, no hacía falta crear dicha agencia, puesto que sus competencias ya las estaba desarrollando la Dirección General de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

La tercera «empresa fantasma» que Mazón suprimirá será la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentarios (AVICA), que fue concebida para agilizar, facilitar y aportar transparencia entre agricultores y empresas en ámbitos como prácticas comerciales abusivas. Creada pero vacía de contenido institucional, sus funciones son las mismas que las que ejercen dos direcciones generales de la Generalitat como son las de Industria y Cadena Agroalimentaria y la de Producción Agrícola y Ganadera.

En el terreno medioambiental, el anterior Consell quiso dar pasos hacia una política de residuos más cuidadosa con el entorno. Para tal efecto ya contaba con la empresa pública VAERSA, que presta «todo tipo de servicios relacionados con la gestión medioambiental, incluido el desarrollo de servicios de gestión medioambiental eficientes y respetuosos con las nuevas tecnologías». Sin embargo, ese hecho no fue óbice para que socialistas, nacionalistas y comunistas constituyeran en 2022 la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, con competencias calcadas.

Uno de los temas más manidos en el relato de la izquierda es el cambio climático, un problema presente en discursos y políticas públicas. El tripartito no iba a ser menos y con tal de ahondar en esa materia fundó otro organismo público, la Agencia Valenciana de Cambio Climático. En esta ocasión, la duplicidad de labores se da con la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental.

Por último, la sexta «empresa fantasma» de la que prescindirá el presidente de la Comunidad será la Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP), que vio la luz en 2021 como un «potente órgano de gestión horizontal de la Función Pública de la Generalitat» en los aspectos de «selección, formación actualización y perfeccionamiento del personal empleado público de la Administración de la Generalitat». También tenía adscrito lo relativo a la «investigación, estudio, formación y difusión de las materias relacionadas con la administración y la gestión pública». De nuevo, funciones repetidas con otro departamento presente en el organigrama autonómico, la Dirección General de Función Pública.