Carlos Mazón, junto al consejero de Educación, José Antonio Rovira
Mazón blindará por ley que los alumnos puedan elegir la lengua en la que examinarse
La Consejería de Educación ya trabaja en la nueva norma de plurilingüismo para devolver la libertad a las familias tras la etapa del tripartito de Ximo Puig
La nueva ley de plurilingüismo impulsada por la Generalitat Valenciana tiene hasta el mes de abril para ser aprobada, ya que esa es la fecha en la que comienzan las inscripciones para el siguiente curso en los distintos centros escolares de la Comunidad. Es por eso que la Consejería de Educación ha avanzado las líneas maestras sobre las que se sustentará el nuevo texto, que pretende revertir la política al respecto llevada a cabo por el tripartito del PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos.
Así, el secretario autonómico del ramo, Daniel McEvoy, ha desgranado este miércoles algunas claves de la futura norma. La más llamativa es que el Ejecutivo regional blindará por ley que los alumnos puedan elegir la lengua en la que examinarse, siempre que la materia en cuestión no sea lingüística, sin que le cause perjuicio académico alguno. El motivo es que la anterior responsable del departamento, Raquel Tamarit, de Compromís, a su juicio ha sido la responsable de que haya habido «denuncias particulares hasta el Supremo», por no permitir el libre uso de un idioma oficial u otro. «A nosotros nos parece malgastar recursos públicos. Les daremos la razón a las familias», ha explicado.
Del mismo modo, ha señalado que la Consejería baraja modificar que el valenciano sea un requisito y no un mérito para acceder a una plaza como profesor: «No tiene sentido que no se pueda contratar a Rostropóvich para el conservatorio general de Valencia o a una química de prestigio para una FP por el requisito de valenciano». Aún así, el secretario autonómico ha afirmado que habrá situaciones en las que «hay que plantearse en qué casos es imprescindible el requisito y en cuáles podríamos mitigarlo».
«La imposición no funciona»
En esta línea, Rovira también adaptará la ley de plurilingüismo con el objetivo de que los centros educativos tengan capacidad para reformular su proyecto lingüístico para poder hacer frente a situaciones especiales, como podrían ser que se incorpore algún alumno llegado desde otra comunidad autónoma o país. Con todo ello se pretende impulsar la lengua autonómica desde una perspectiva «amable, con incentivos positivos y no con imposición» en contraposición a los ocho años de la izquierda en el poder.
De hecho, esta política ya tiene sus primeros mimbres legislativos tras la aprobación en diciembre de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2024, cuya luz verde permitió sacar adelante el distrito único para que las familias elijan el colegio o instituto que quieran para sus hijos según sus convicciones y no mediante el lugar de residencia, así como la eliminación de la obligatoriedad de estudiar en valenciano en las zonas de la Comunidad que son castellanohablantes.
José Antonio Rovira entrega a la presidenta de la AVL los criterios lingüísticos de la Generalitat
En términos generales, McEvoy ha indicado que la actual ley a modificar no gusta a los responsables de la Consejería porque «impone un modelo único para todos, y en la Comunidad Valenciana territorialmente tenemos muchas realidades, pero la Administración sigue imponiendo el modelo en los centros». «Las cuestiones por imposición no suelen funcionar y las estadísticas nos muestran que en ocho años ha habido un retroceso del uso social del valenciano», ha sostenido.
En lo referente a este, el secretario autonómico ha avanzado que el Gobierno regional promoverá la homologación del valenciano, de manera que si un estudiante ha cursado toda o gran parte de su etapa lectiva en esta lengua, se le convalide por el nivel C1: «¿Por qué no reconocerle un nivel automáticamente al acabar?», se ha preguntado para al instante apuntar que no quiere que esa iniciativa «caiga en el olvido».
Por otra parte, McEvoy ha avanzado que las notas numéricas volverán a ser del uno y el diez para facilitar la comprensión de los padres: «Para los docentes está muy bien, pero la realidad es que las familias no entienden nada de lo que les llega», ha lamentado. Finalmente, la Consejería se plantea aprobar un decreto de convivencia en los centros educativos que regule situaciones excepcionales que alteran y perturban el día a día en los mismos, tales como peleas, bullyng o acoso, entre otros. Para tal meta, también se reforzará la autoridad del profesor, endureciendo las sanciones ya vigentes e incluyendo otras.
