Las claves de la nueva ley educativa valenciana que solivianta a la izquierda y al nacionalismo

Una educación basada en la «libertad» y «sin imposiciones». Este es el espíritu que el consejero de Educación de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, pretende imprimir a la nueva ley que saldrá tras la reforma de la Ley de Plurilingüismo. Por el momento solo se conocen algunas pinceladas del borrador, pero ello no ha impedido que desde el PSPV y Compromís, así como desde algunos sindicatos educativos y asociaciones de padres, ya hayan puesto el grito en el cielo y acusen al Ejecutivo de Carlos Mazón de «reabrir la guerra del valenciano».

Si es el origen de un conflicto o en realidad se trata de una suerte de pacificación ya lo dirá el tiempo. Por ahora, la realidad es que los primeros pasos en materia educativa dados por el Gobierno de coalición de Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana avanzan hacia el fin de una política educativa impregnada por la ideología que se basaba en el uso político de la lengua como elemento identitario y, además, supeditado al nacionalismo catalán en aras de favorecer el contexto para la creación futura de unos «Países Catalanes».

Desde el primer momento, el Ejecutivo de derechas que gobierna la región tras los resultados de las urnas del pasado 28-M ha dejado claro que esas políticas pronto iban a pasar a mejor vida. Y, muy en concreto, dentro de las aulas. Ya antes de la aprobación en Las Cortes de la reforma, que desde la Consejería del ramo esperan materializar durante el primer trimestre de 2024 con el objetivo de que entre en vigor el próximo curso escolar, el Ejecutivo de Mazón incluyó una cláusula en la Ley de Acompañamiento para evitar que el valenciano fuera lengua vehicular en los centros de zonas con mayoría de castellanoparlantes.

Consultas periódicas

Una medida necesaria para el Departamento que lidera Rovira, pero no suficiente. Así, el proyecto de la reforma de la Ley de Plurilingüismo contempla políticas de mucho mayor calado que darán un vuelvo al modelo llevado a cabo por el Gobierno del Botánico. La última en conocerse, que ha soliviantado a la izquierda y el nacionalismo, es la inclusión de referéndums entre las familias de los alumnos de cada uno de los colegios e institutos para que muestren sus preferencias sobre la «lengua base» en la que se tienen que impartir las materias troncales. «Los padres somos los que debemos elegir», argumentaba el consejero de Educación este miércoles al respecto.

Este «mecanismo de libertad», en palabras del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, permitirá, además, que se abran distintos porcentajes de esa lengua base, en función de las demandas de los progenitores y que así no quede en manos del Consejo Escolar. La idea es abrir «un proceso de consulta en las familias que acceden por primera vez al sistema e, incluso, en el primer año estamos viendo la posibilidad de hacerlo entre todas las familias», explicaba McEvoy en una reciente entrevista.

Las consultas serán telemáticas y se realizarán de manera periódica, ya que el alumnado que hay en un determinado centro no será el mismo que dentro de cinco años y, por lo tanto, las preferencias lingüísticas podrían ser otras. En todo caso, siempre se reservará un porcentaje de valenciano, una lengua que servirá de mérito académico, otorgando diplomas de los distintos niveles al finalizar Primaria y Secundaria.

«Guerra entre familias»

En el PSPV y Compromís se han revuelto contra la nueva norma, lanzando duras críticas y acusaciones. Estos últimos, por ejemplo, señalan que es «una propuesta claramente condicionada por la extrema derecha, que lo único que pretende es arrinconar el valenciano atentando contra el principio científico de que aprender en la lengua base minorizada garantiza el plurilingüismo», según aseveraba a Europa Press el diputado y portavoz de Educación, Gerard Fullana.

Los socialistas, en la misma línea, también han apuntado a que la reforma «responde a que la ultraderecha quiere generar enfrentamiento dentro del mundo educativo y así desprestigiar la enseñanza pública», según el portavoz de Educación en Las Cortes, José Luis Lorenz, quien considera que la ley «esconde la verdadera intención de crear una guerra entre familias para reabrir la batalla lingüística» y tiene como «objetivo final» la «desaparición del valenciano».

Para el Gobierno, sin embargo, la nueva norma garantizará el estudio y conocimiento del valenciano, pero dejando atrás la imposición. «Desde esta Conselleria queremos que se aprenda valenciano, claro que sí, y que lo aprendan todos los niños de esta Comunitat. Que se conozca, se hable, se valore y se ame como elemento enriquecedor y seña de identidad propia», apuntaba al respecto Rovira a finales de septiembre en Las Cortes, donde recordaba que las particularidades de las zonas castellanohablantes y valencianohablantes están «reguladas en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià de 1983», que recoge que ambas «deben ser tratadas en las mismas condiciones».