El desmantelamiento del aparato nacionalista de Puig en la Comunidad Valenciana, paso a paso

El todavía secretario general del PSPV-PSOE previo Congreso Extraordinario a la búlgara mediante para ensalzar a Diana Morant ante unas bases silenciadas a la fuerza, Ximo Puig, anunció esta semana que su formación promoverá «en todas las instituciones autonómicas y estatales» que este 2024 sea declarado el año de Vicent Andrés Estellés, poeta y periodista valenciano pero, a su vez, uno de los símbolos de lo que los independentistas llaman 'Países Catalanes'. Según explica la federación socialista en un comunicado, el objetivo es que se promuevan «conferencias, exposiciones o diálogos» en torno a la citada figura. Sin embargo, salvo que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lo apoye, no parece que en la Comunidad esa iniciativa vaya a tener más recorrido que acabar en un rotundo y sonoro fracaso.

La razón es simple y llana, ya que la Generalitat Valenciana que preside el 'popular' Carlos Mazón se propuso desde el minuto uno desmantelar todo el entramado de compadreo con los secesionistas que el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos habían tejido a conciencia, sabedores de que estaban importando el modelo político y social iniciado con Jordi Pujol y que, a día de hoy, sigue desarrollando Pere Aragonès.

Cristalizar esa estrategia no es ni está siendo fácil, puesto que socialistas, nacionalistas y comunistas armaron todo un sistema en base a dicho fin. Aún así, el jefe del Ejecutivo regional se ha marcado una hoja de ruta basada en cinco pasos que está sirviendo para revertir la gestión del tripartito de izquierdas. Así, el pilar fundamental es la lengua, clave de bóveda del relato anexionista. Como ya anunció en su día el consejero de Educación, José Antonio Rovira, y presentó ante la presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua, su departamento se ha propuesto «descatalanizar» el uso del valenciano: «Y punto, poco más», dijo el consejero en octubre.

«Cero euros públicos»

De esa premisa parte toda la ejecutoria de la Generalitat. Buena muestra es lo que respecta a las subvenciones. Lo prometió en campaña electoral, lo asumió en su toma de posesión y lo está cumpliendo. Mazón ha dejado sin subvenciones públicas a las entidades soberanistas que promueven en cualquiera de las tres provincias valencianas el hecho de ser catalán. De este modo, el Instituto Ramón Llull en 2024 no percibirá ni un euro público. Cabe destacar que este organismo, según se puede comprobar en su propia página web, se dedica a la «proyección internacional de la lengua y la cultura catalanas».

Igualmente, aboga por que dicha cultura catalana (que incluiría la valenciana) «dialogue con el mundo en los ámbitos de la creación y el conocimiento, tejiendo redes de complicidad, reconocimiento y complicidad». «Presumo de ello, no me escondo», dijo el vicepresidente primero del Consell y consejero de Cultura, Vicente Barrera, en sede parlamentaria al anunciar que se acaba «regar» con dinero público a estos colectivos. Al mismo tiempo, el dirigente de Vox también anunció que al Espai Joan Fuster (ideólogo de los 'Países Catalanes') de la localidad valenciana de Sueca también se le retiraría la asignación. Idéntico panorama ha sucedido con innumerables asociaciones como El Micalet, Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià o Plataforma Per la Llengua, encargada de espiar a los alumnos que hablen en castellano. En total, 13 millones de euros al catalanismo.

Compromís y la educación

Precisamente, el ámbito educativo es otra piedra angular de la estrategia de Mazón. Si en sus primeros meses como presidente ya estableció el distrito único con tal de que los padres puedan elegir dónde estudian sus hijos en base a sus preferencias y no al código postal, a partir del próximo curso los alumnos podrán examinarse en la lengua que prefieran (valenciano o castellano) sin que ello, como hasta ahora, les pueda causar perjuicio alguno en su currículo. Al llegar al poder en 2015, Compromís exigió estar al frente de la Consejería de Educación, sabedor de que ese puesto le permitiría implantar con mayor rapidez su proyecto independentista.

Con Vicent Marzà primero y Raquel Tamarit como fiel y sectaria sucesoria, las aulas han servido durante ocho años como el gran laboratorio de pruebas para la coalición nacionalista. Imposición del valenciano, decir que es catalán y promover que la Comunidad no es sino una provincia venida a menos de los 'Países Catalanes' era el día a día. No obstante, eso ya se ha acabado. Libertad educativa, respetar la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía y defender la voluntad de las familias es lo que a partir del próximo curso se fomentará.

El valenciano será mérito y no requisito

El cuarto sustento de esta política reversiva es la Función Pública. Aunque ni en tiempo ni en forma se llegó a materializar, la intención de Puig y sus socios no era otra que para tener plaza como empleado público contara más el nivel de valenciano acreditado que la experiencia y la formación. Pero no simbólicamente ni a nivel anecdótico. Nada más lejos de la realidad: hasta cinco veces más que un máster y el triple que un doctorado, a imagen y semejanza de lo decretado en la Cataluña tan admirada por Puig y sus socios y en las Islas Baleares de, por aquel entonces, Francina Armengol.

Este aspecto lo trasladó el tripartito, con enorme polémica, al ámbito sanitario, lo que provocó varios días de huelga, acrecentados por el colapso del sector debido a una gestión caótica. Tras el cambio de gobierno en la Generalitat, el nuevo consejero, Marciano Gómez, ha insistido por activa y por pasiva en que el idioma regional ha de ser «un mérito y no un requisito».

Finalmente, todo lo descrito, además de su propia traslación legislativa, tendrá forma en la próxima Ley de Señas de Identidad de la Comunidad Valenciana. Con ella, tal como ha afirmado en numerosas ocasiones Mazón, se pretende blindar la identidad, la cultura y las tradiciones propias de la región frente a los continuos, y hasta ahora subvencionados con fondos públicos propios, ataques del independentismo catalán: «Que nadie nos diga lo que somos o tenemos que ser», asegura el jefe del Consell.