Alicante  La «ONG del catalán» fuerza al Ayuntamiento de Elche a rotular la estación de autobuses en valenciano

El Ayuntamiento de Elche ha sido obligado a rotular los carteles de su estación de autobuses también en valenciano, después de que un vecino interpusiese una queja al respecto y su propuesta haya sido atendida. En dichos trámites ha tenido un papel primordial la asociación independentista Plataforma per la Llengua, que se autodenomina «la ONG del catalán».

Según ha señalado el colectivo en su página web, ha «asesorado y colaborado» con el denunciante en aras de «garantizar» la «rectificación» por parte del Consistorio, que está gobernado por el Partido Popular y Vox. Tal como explica en un comunicado, en la queja aludió a la «legislación vigente» sobre «señalización de vías y servicios públicos» en la Comunidad, recalcando que las estaciones de autobuses «han de rotularse también en valenciano».

La petición la recibió Plataforma per la Llengua en el mes de noviembre, poniéndose a «asesorar legalmente» al vecino con tal de «corregir este agravio lingüístico», puesto que, a su juicio, «las comunicaciones que no se hacen preferentemente en valenciano perjudican la lengua», frente a lo que aboga por «proteger los derechos de los hablantes».

Situación de «vulnerabilidad»

Aunque la asociación reconoce que el castellano «también es oficial en el País Valenciano», su postura es la de que las instituciones «se han de dirigir a la ciudadanía» en valenciano, basándose en el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. Asimismo, lamenta que el hecho de no haber rotulado en el idioma regional la estación de autobuses provoca «partir de una situación de vulnerabilidad» en contraposición al español por lo que considera una «situación de desventaja».

En este sentido, la entidad separatista reclama una serie de políticas lingüísticas que «otorguen plena visibilidad al valenciano» porque son «necesarias» para que no acabe «desapareciendo». «Es rechazable que las instituciones contribuyan a estos procesos de minorización lingüística», insiste.

Por último, los secesionistas recuerdan que el Síndic de Greuges (la figura autonómica del Defensor del Pueblo) «reconoce en muchas de sus resoluciones el derecho de la ciudadanía a hacer servir el valenciano» y el «deber de las instituciones a atender en la lengua propia del territorio en la comunicación institucional».