El Gobierno valenciano investigará los contratos de Puig durante la pandemia y su relación con el caso PSOE

La distancia entre las ciudades de Valencia y París es de 1.376 kilómetros. Todo ese espacio es el que el expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha puesto desde el pasado 20 de febrero, fecha en la que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó su nombramiento como nuevo embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en la capital francesa.

Sin embargo, ese retiro dorado una vez fuera del Ejecutivo regional, del liderazgo del PSPV-PSOE y con sus aspiraciones de ser ministro truncadas, quizás no vaya a ser todo lo tranquilo y sosegado que esperaba el socialista. Y es que el Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón va a investigar todos los contratos que su antecesor firmó durante la pandemia. El objetivo es dilucidar si alguna operación se hizo de manera ilegal o si, tal como han aportado algunas informaciones, pudiera haber determinada relación con el llamado caso Koldo.

Así lo explica la portavoz del Consell, Ruth Merino, que asegura que el Gabinete va a llegar «hasta el final» y pondrá en marcha «todas las medidas oportunas» para conocer si alguna adquisición de material sanitario pudo hacerse mediante la contratación de dichos servicios a «empresas fantasma». De este modo, la Generalitat atiende la petición que la anterior semana le hizo el Partido Popular y en la que solicitaba la totalidad de los expedientes al respecto.

«Pelotazos sanitarios de Puig»

En concreto, el portavoz de la formación en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina, formalizó la reclamación a raíz de la publicación de que el tripartito compuesto por el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos había contratado con la sociedad Levantina Ingeniería y Construcciones S.L., propiedad de un empresario detenido en la causa y cercano a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos y quien ha dado nombre mediático a la supuesta trama.

Por tanto, la ejecutoria de Puig será revisada al menos tanto por los 'populares' como por el propio Gobierno valenciano. Igualmente, Merino también señala que los contratos que pudieran haberse llevado a cabo durante el último año con la mercantil en cuestión serán examinados en aras de comprobar si corresponde a un procedimiento iniciado antes de las elecciones del 28 de mayo o a partir de mediados del mes de julio, ya con el PP y Vox en la Generalitat.

El anuncio hecho por Merino ha provocado las reacciones de todos los partidos con representación en el Hemiciclo autonómico. Barrachina defiende su iniciativa porque están «comprometidos con la verdad en la contratación de mascarillas» y por ello quieren saber «qué ocurrió con las empresas fantasmas y los pelotazos sanitarios del Gobierno de Puig». En este sentido, insta a poner luz sobre «si aquellas empresas que se lucraron lo hicieron correctamente o no»; si se distribuyeron mascarillas que no servían a sabiendas y si es cierto que 82 millones los contrató el Ejecutivo de Puig verbalmente, sin que mediase documento, en consonancia con lo que apunta la Sindicatura de Cuentas.

El PSPV-PSOE se escuda en la urgencia

Con el altavoz mediático perdido tras realizar la mudanza a París, la defensa de Puig corre a cuenta del síndico del PSPV-PSOE en las Cortes, José Muñoz, que indica que utilizar el término «empresas fantasma» es «faltar a la verdad» y «desconocer lo básico en tráfico mercantil», ya que, se agarra a que ante la excepcionalidad de lo que se vivía en esos años el expresidente tuvo que recurrir a «sociedades urgentes». Por tanto, acusa al PP de querer «manchar el trabajo del Botánico» poniendo «palos en las ruedas al futuro de la Comunidad Valenciana».

En esta ocasión, con el caso Koldo como telón de fondo, la polémica no se reduce a un duelo dialéctico entre los dos principales partidos. Si el portavoz de Vox en el parlamento regional, José María Llanos, se muestra a favor de que se investigue «cualquier irregularidad en que se sospeche de las contrataciones por parte de las administraciones públicas» porque «otorgar 11 millones a una empresa fantasma» le parece sospechoso, Compromís no pone la mano en el fuego por Puig.

Aunque ha cuestionado la actitud de los 'populares' por no tener «esa misma diligencia para los otros con los suyos», Joan Baldoví utiliza casualmente la misma palabra que Merino para detallar por qué los nacionalistas apoyan la investigación a los contratos firmados en la época de Puig durante la pandemia: «Si hay alguna irregularidad, que se audite y se llegue hasta el final», afirma el líder a la coalición.