El caso Koldo pone a prueba a Puig, que dio a última hora los documentos de las subvenciones a su hermano

Si la causa de supuesta corrupción bautizada mediáticamente bajo el nombre de Koldo derivó a ser la trama Ábalos y, posteriormente, ha pasado a ser el caso PSOE no ha sido por casualidad ni capricho. A los pocos días de que las informaciones, algunas dadas en exclusiva por El Debate, se fueran sucediendo comenzaron a surgir nombres más que significativos más allá del del exministro de Transportes: Francina Armengol, Ángel Víctor Torres, Salvador Illa…

El último en salir a la palestra, mediática aunque no judicial, ha sido el del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Según diversas investigaciones, su Gobierno, el tripartito de izquierdas que estuvo entre 2015 y 2023, concedió varios contratos públicos a la empresa Levantina Ingeniería y Construcciones, una sociedad que aparece en el sumario de la trama relacionada con el exministro de Transportes, miembro fuerte, además, del socialismo valenciano.

Es por ello que el Partido Popular se ha apresurado a pedir al Consell, actualmente liderado por el 'popular' Carlos Mazón, con tal de que haga llegar la tramitación institucional de dichos acuerdos, así como su importe global en aras de saber «la verdad», en palabras del portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina.

1,2 millones de euros bajo ​sospecha

Sin embargo, los antecedentes no le acompañan a Puig, puesto que la última vez en que se le pidió aportar documentación sobre un presunto caso de corrupción su colaboración fue, cuando menos, la justa. Este aspecto fue el relacionado con su propio hermano, Francis Puig, que actualmente se encuentra investigado por un eventual cobro de subvenciones ilegales por parte no solo del Ejecutivo valenciano, sino también del catalán y aragonés. El acusado, en sede judicial, reconoció el cobro de determinados pagos de forma irregular. En global, son 1,2 millones de euros.

Tras casi año y medio haciendo caso omiso a las continuas peticiones de la Justicia para que Puig y su Gabinete aportaran a la investigación los contratos que estaban y están bajo la lupa, el castellonense vio la luz. Lo hizo, todo hay que decirlo, a escasos días de dejar el cargo de presidente de la Generalitat, tal como relatan fuentes consultadas. Durante todo ese tiempo, el ocultismo fue por partida doble: la técnica del avestruz en lo procesal y la de la tinta del calamar en las Cortes Valencianas, cuyo Diario de Sesiones sigue huérfano de explicaciones ante tal escándalo.

Vida tranquila en París

Según el correspondiente auto dictado el pasado 31 de marzo de 2022, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia reclamó a Puig todo trámite oficial e institucional que tuviera que ver con «ayudas dirigidas a subvencionar la producción y difusión en valenciano de programas de radio, televisión, a la producción y difusión de prensa escrita y/o digital en valenciano y a la realización de actividades de fomento del valenciano en 2015», por las que su hermano continúa investigado.

Aún así, el tripartito de izquierdas conformado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos hizo caso omiso. En cambio, ante el miedo que las encuestas pronosticaban para sus intereses y que terminó materializándose, Puig dio «alguna información», tal como subrayan las mismas fuentes. Al palo y gol, que dirían los aficionados al fútbol.

Por tanto, no sería descartable que el Ejecutivo de Mazón, en la medida de sus posibilidades, pudiera aportar a este procedimiento que está dinamitando las bases del Gobierno central y del PSOE a nivel nacional los contratos oportunos. Por el contrario, haciendo válido el dicho de que la historia no rima pero se repite, tampoco cabría pensar que Puig, actual embajador de España ante la OCDE con residencia y gastos pagados en París, haga caso omiso a petición alguna.