La 'ONG del catalán' maniobra en el Congreso para tratar de tumbar la futura ley educativa valenciana

La pasada semana, las formaciones que componen el Gobierno valenciano, Partido Popular y Vox, presentaron una batería de iniciativas que llevarán a las Cortes autonómicas para su debate y posterior aprobación. Entre ellas estaba la futura Ley de Libertad Educativa, que busca devolverles a los padres la potestad de decidir dónde cursan sus hijos los estudios y elimina la imposición lingüística que caracterizó al tripartito del PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos.

Como era de prever, esta medida no es del agrado del independentismo catalán y, por ende, tampoco de sus tentáculos en la Comunidad Valenciana. Una muestra de ello es que la asociación Plataforma per la Llengua, que se autodenomina la 'ONG del catalán', trata de que el nuevo texto no termine viendo la luz verde en el Hemiciclo valenciano.

Con tal de lograrlo, los propios secesionistas han anunciado que han iniciado «conversaciones con diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados» de cara a «estudiar» un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley educativa «impulsada por el Gobierno de PP y Vox en el País Valenciano». En su opinión, la futura norma busca «exterminar el valenciano» porque «privilegia el castellano mientras arrincona aún más el valenciano en las urnas», algo que incurriría en una «vulneración» y un «incumplimiento» de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias (CELRom).

Movilizaciones cada jueves

Frente a ello, Plataforma per la Llengua llama a la movilización social para que «cada jueves» la gente salga a la calle con una «camiseta verde» en la que se pueda leer el lema «¡La lengua no se toca!» para protestar por lo que considera una ley que «dificultará al alumnado la opción de estudiar en valenciano», puesto que «asegura el aprendizaje en castellano en todo el territorio».

Como consecuencia, el colectivo insiste en que tanto el PP como Vox están generando «dos sistemas» educativos, «uno para la zona valencianoparlante y otro para la zona castellanoparlante», lo que repercute en que «no garantiza que todo el alumnado pueda conocer las dos lenguas oficiales». «Eso quiere decir que una parte de la población valenciana en edad de escolarización obligatoria no podrá tener las mismas posibilidades de desarrollo profesional y personal», insiste la asociación independentista.

En esta línea, Plataforma per la Llengua asegura que el texto establece una regulación «basada en un falso derecho de las familias a elegir la lengua base» en la que estudian sus hijos, derivando en un contexto de «mayorías» que «no tiene nada que ver con la garantía que todos reciben los primeros años de enseñanza en su lengua habitual».

«Con todo ello, pues, es evidente que no hay ninguna muestra orientada a proteger el valenciano. Los poderes públicos tienen la obligación legal de proteger el valenciano y promocionarlo. El artículo 3 de la Constitución Española dispone el carácter oficial de las lenguas reconocidas en los estatutos de autonomía y el deber de proteger y tener un especial respeto por las lenguas oficiales diferentes del castellano. El artículo 6 del Estatuto de Autonomía del País Valenciano dispone que el valenciano es la lengua propia del País Valenciano», hace hincapié Plataforma per la Llengua.

Por todo lo descrito, la asociación independentista ve «claros vicios de inconstitucionalidad» de la norma, a la par que rechaza la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que el pasado 20 de marzo Hablamos Español presentó y defendió en las propias Cortes Valencianas: «No deja al valenciano y al castellano en igualdad de condiciones», recalca el colectivo.