La Asociación de Escritores en Valenciano rechaza una subvención por la obligación de catalanizar la lengua

La Associació d'Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA) ha renunciado a una subvención de 3.000 euros de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) debido a su exigencia de «observar la normativa oficial del valenciano». Es decir, que la asociación no puede optar a la ayuda pública sin acatar las normas impuestas por la academia y catalanizar sus escritos.

El grupo de escritores utiliza la normativa de la Real Academia de Cultura Valenciana, conocida popularmente como «las normas de El Puig», que contradice algunas de las normas contempladas por la AVL, que, con la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006, quedó reconocida como el único organismo competente en la regulación del valenciano

Este hecho reabre el debate todavía latente sobre la ortografía y las normas lingüísticas del valenciano, ya que esta no es la única polémica en la que se ha visto envuelta la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) y los seguidores de «las normas de El Puig», entre ellos asociaciones como la de escritores o incluso grupos políticos.

La asociación se siente «coaccionada»

«Pretende coaccionar económicamente a una entidad cultural para que actúe contra sus propios Estatutos, contraviniendo además los derechos a la libertad de expresión y creación literaria que protegen la Constitución», señalan desde la asociación.

En ese sentido, AELLVA recuerda que «vive exclusivamente de las cuotas de sus socios» y que por ello «no puede arriesgarse a efectuar un gasto económico que pueda estar sometido a la arbitrariedad ideológica de la entidad que debe respaldarle».

Desde la asociación también han querido aportar su opinión sobre el conflicto actual con la lengua. «Nuestra integridad no se vende por una subvención y el conflicto lingüístico valenciano no se solucionará mientras la arbitrariedad, la hipocresía, el sectarismo, el cinismo, la valencianofobia y la imposición ideológica no sean neutralizados por el poder político que los ha tolerado en las últimas décadas», señalan.

Este episodio no es en el único que se ha vivido en las últimas fechas en torno al uso de una u otra versión del valenciano. Hace tan solo unos días, la Real Academia de Cultura Valenciana criticaba al arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, por «catalanizar» unos evangelios.

Desde la RACV acusaban al arzobispo de saltarse «su compromiso de obtener consenso de los obispos de la Archidiócesis al haber remitido una versión de los Evangelios catalanizada para leer en las misas, así como una carta pastoral del mismo signo, en contra de los considerado y a pesar de ser consciente de la sensibilidad que existe en la Comunidad sobre el tema lingüístico».

En consonancia con lo anterior, desde la RACV manifestaban «su más profundo rechazo a las políticas lingüísticas que se llevan desde el Palacio Arzobispal», y recordaban que hasta ahora, con su predecesor, el cardenal Cañizares, «la iglesia valenciana ha vivido en paz y tranquila y se ha podido expresar en las dos lenguas que reconoce nuestro Estatuto de Autonomía: el castellano y el valenciano».

Ante las críticas recibidas, monseñor Benavent resaltó en una entrevista que no tiene «ningún problema» con el uso del valenciano. «Nos tenemos que atener a la legalidad vigente», recalcó el diocesano.

La primera polémica que reabrió este debate lingüístico en torno a las normas del valenciano tuvo lugar en agosto. Desde la cuenta oficial de la Consejería de Agricultura en X (anteriormente Twitter), dirigida por el consejero de Vox José Luis Aguirre, se difundió un tuit escrito con las popularmente conocidas «normas del Puig».

El consejero de Educación, José Antonio Rovira, posteriormente cuestionó que las normas dictadas por la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) fueran las únicas por las que debían regirse los responsables de la Administración valenciana, señalando que este organismo estatutario «no tiene la verdad absoluta». A pesar de que el artículo 41 del Estatuto de Autonomía, es de «aplicación obligatoria» por parte de «todas las administraciones públicas la normativa lingüística AVL».

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quiso dejar claro que durante «el Gobierno del cambio que yo presido» no se diferenciará entre «valencianos de primera o de segunda» en función de si hablan más o menos valenciano o «lo hable de una o de la otra». También resaltó que el Gobierno que preside, incluyendo a Vox, «ratifica el absoluto respeto a la AVL, y todos reconocemos su autoridad académica y científica».

Para zanjar la polémica se redactaron unas normas del uso del valenciano en la Administración, supervisadas por la AVL. Aunque no parece que hayan sido satisfactorias para la Real Academia de Cultura Valenciana, dadas las últimas polémicas por intentar un reconocimiento de un valenciano no normativo que no cuenta con respaldo académico.