La ministra de Igualdad cuestiona que el registro de la fundación de hombres maltratados sea constitucional

El PSOE sigue tratando de avivar la polémica en torno al registro de una fundación en defensa de los hombres maltratados en Valencia para acusar al PP y Vox de fomentar la violencia de género. La última en manifestarse al respecto ha sido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien, este jueves, en declaraciones ante los medios de comunicación ha cuestionado que esta entidad se ajuste a la Constitución.

Un reportero de La Sexta le pregunta a la sucesora de Irene Montero si «tienen derecho a constituirla», en al registro de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Defensa de los Hombres Maltratados en el listado autonómico valenciano. «Legalmente, no lo sé. Ética, moralmente y constitucionalmente, yo creo que no», ha señalado Redondo, ante las cámaras del programa Al Rojo Vivo, que conduce Antonio García Ferreras.

El artículo 22 de la Constitución Española señala explícitamente en su primer apartado que «se reconoce el derecho de asociación» y que éste solo se restringe en el caso de «las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales», así como «las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar». Unos supuestos que no concurren en el caso de esta entidad.

De hecho, el síndico del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina, recordaba este miércoles que «esta asociación está inscrita en el registro del Ministerio del Interior desde 2022 y –el ministro, Fernando Grande– Marlaska ha mantenido silencio». Así se lo afeaba a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, quien había asegurado que le avergonzaba la inscripción de esta entidad.

La polémica continuaba, también este jueves, en las Cortes, cuando la diputada socialista Rosa Peris, en declaraciones a los medios, afirmaba que el PP «o está tergiversando o tiene un desconocimiento absoluto», ya que ha señalado que «todas las asociaciones se inscriben con independencia de que defiendan intereses privados o públicos» mientras «una fundación solo puede inscribirse si tiene interés general».

Según ha indicado, Interior registró «una asociación privada con fines privados» sin «ninguna limitación para inscribirla». La socialista abundaba en que miembros de esta fundación se habían reunido con la consejera de Justicia e Interior, Elisa Núñez (Vox): «La entidad que se encarga de decir si una fundación cumple el interés general o no lo preside la propia consellera. Por lo tanto, en este caso han sido juez y parte cuando la Conselleria debería haber velado no solo por el cumplimiento de la legalidad vigente, sino por si esta fundación cumple con el interés general o es un fin de beneficio público».

Desde la Consejería remitían hace un par de días a este periódico unas declaraciones de Javier Bazán, secretario autonómico de Atención a las víctimas y acceso a la Justicia de la Generalitat Valenciana, en las que apuntaba que esta fundación «cumple con los requisitos legales conforme a la ley y habiendo seguido todos los trámites legales establecidos la resolución de inscripción es un auto debido».

«Nuestro deber como Conselleria de Justicia es inscribir a las fundaciones y asociaciones que cumplen con los requisitos legales y desde luego no entramos a valorar sus principios ideológicos. Velamos por los derechos de los ciudadanos en igualdad. Entendemos que la izquierda quiera castigar y discriminar por razones ideológicas o de pensamiento, pero como Conselleria no está en nuestro planes negar derechos fundamentales», añadía.