El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví

El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan BaldovíRober Solsona / Europa Press

La izquierda exprime el comodín de Franco para intentar agrietar al Gobierno de PP y Vox en Valencia

Tanto el PSPV-PSOE como Compromís exprimen unas declaraciones descontextualizadas de la consejera de Interior para insistir en que Mazón pacta con la «extrema derecha»

El mantra de la «extrema derecha» que tanto preconiza la izquierda española no entiende de fronteras ni de procesos electorales. Buena muestra de ello es la Comunidad Valenciana, uno de los primeros territorios en los que, tras los comicios autonómicos del pasado 28 de mayo, el Partido Popular y Vox alcanzaron un acuerdo para gobernar en coalición. Lo hicieron, ahora bien, bajo el mantra mediático y político de que ambas estaban abandonando, se llegó a decir, los Derechos Humanos.

Con caso un año al frente del Palau de la Generalitat, el Ejecutivo de Carlos Mazón sigue implantando su hoja de ruta a nivel de bajada de impuestos y de defensa de las señas de identidad valencianas frente a los ataques del independentismo catalán, entre otros aspectos. Por el contrario, las formaciones de izquierdas lo que están haciendo es un llamativo seguidismo al secesionismo y a los argumentarios del Palacio de la Moncloa.

De ese modo, en todo este periodo no se conoce ni una sola palabra a favor de la futura Ley de Señas de Identidad que prepara el Consell por parte del PSPV-PSOE y Compromís. Su discurso lo están basando en el pasado y, cómo no, en Francisco Franco. Es por ello que tanto socialistas como nacionalistas se están agarrando como si de un clavo ardiendo se tratara a unas declaraciones descontextualizadas en las que la consejera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, calificó al militar como «personaje histórico».

«Restricciones memorialistas»

Más allá que esas afirmaciones en ningún caso ni medio han sido comparadas con la no condena del candidato de EH Bildu a la presidencia vasca, Pello Otxandiano, la izquierda, tanto valenciana como nacional, las está utilizando para cargar contra el Gobierno de Mazón, calificándolo de ultra y extremista. La principal teoría para ello es que su Gabinete es poco menos que un heredero de Franco y promueve, a juicio de la misma izquierda, políticas antidemocráticas como la Ley de Concordia, que sustituirá a la de Memoria Democrática.

Sin embargo, basta con leer el propio texto de la norma, que es público y notorio, para observar que dichas aseveraciones poco o nada tiene que ver con la realidad. Y es que no hay que indagar mucho para ello. Ya en la misma exposición de motivos, en la sexta línea, tanto el PP como Vox califican los 40 años que Franco estuvo en el poder como «dictadura», de la misma manera que rechazan el «enfrentamiento de años anteriores» que provocó una serie de «consecuencias humanas, materiales y emocionales».

En este sentido, la futura Ley de Concordia, lejos de blanquear el franquismo tal como insiste la izquierda, califica esta época como «franquismo» y aboga por rechazar desde el ámbito institucional «aproximaciones plurales, desapasionadas y generosas» ante todo lo malo que supone que en estos años no haya habido «un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo».

Por ello, la iniciativa del PP y Vox en las Cortes Valencianas busca excluir la «confrontación partidista» con vista a no repetir «jamás» los «errores» que se dieron décadas atrás y dejar a un lado una «división» social y, a su vez, fomentar un contexto «democrático y plural» alejado de «injerencias, coacciones y restricciones de derechos memorialistas» impulsadas por el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos.

Respecto a Mazón, el 'popular' no tiene dudas: «Yo tengo que decir que soy el presidente de la Generalitat Valenciana y soy el presidente de todo el Gobierno de la Generalitat Valenciana y yo ya he dicho que eso fue una dictadura, pero no es necesario que yo lo diga, no tengo ningún problema en decirlo; lo fue», apunta el alicantino.

El jefe del Consell subraya que «el presidente de la Generalitat Valenciana ha dicho lo que tenía que decir y no tiene ningún inconveniente en reiterarlo». «Es que la Generalitat Valenciana, el Pleno del Consell, el presidente de la Generalitat ratifica lo que dijo el otro día en las Cortes y lo que digo cada dos por tres. Yo le llamo a las dictaduras dictaduras, a todas. Yo le llamo al terrorismo, terrorismo, a todos. No sé si otros partidos pueden llamarle terrorismo a todos, así que convendría que nos lo aclarasen también», añade.

Aún con todo, la izquierda sigue haciendo uso de su hoja de ruta ideológica y propagandística. Por una parte, el portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, José Muñoz, pese a la clara afirmación de Mazón, le pide al presidente valenciano que cese a Núñez por ser la «única» decisión que puede adoptar porque, mezclando un poco de todo, «niega la violencia de género y el cambio climático». Esto deriva en que deriva, en su opinión, «cada día que pasa tenemos un Consell más inestable y con unos postulados cada vez más antidemocráticos».

Como es habitual, Compromís no se queda atrás y se muestra, si cabe, más indignado. Su portavoz en el Hemiciclo regional, Joan Baldoví, define lo dicho por Núñez como algo «alucinante». «Yo pienso en una consejera de un länder alemán diciendo que Hitler le parece un personaje histórico y que no la sacas de ahí, que no tiene una opinión sobre un personaje histórico. Bien, que la consejera no tenga una opinión, o no la quiera tener, o no la quiera transmitir de un personaje, de un dictador sanguinario como el dictador Francisco Franco, a mí me parece que no es absolutamente de recibo», manifiesta el nacionalista.

Por último, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado a la consejera de Justicia e Interior de querer «reescribir la historia» por practicar un «negacionismo que lo único que quiere es reescribir la historia a su conveniencia, de una manera absolutamente reprobable». Para la mandataria, el Consell del PP y Vox está «empeñado» en poner a la región «en el mapa de la vergüenza».

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