El precio de la vivienda en la Comunidad Valenciana ya supera al de la burbuja inmobiliaria

La Comunidad Valenciana se encuentra inmersa en una crisis inmobiliaria de proporciones alarmantes, con un vertiginoso ascenso en los precios de la vivienda que ha superado incluso los picos registrados durante la burbuja inmobiliaria de 2007, según apunta el reciente informe del portal inmobiliario Fotocasa. Tanto en el sector del alquiler como en el de la compra, los precios han alcanzado niveles sin precedentes, generando preocupación no solo entre los agentes del sector, sino también entre los potenciales compradores y arrendatarios.

El precio máximo histórico del alquiler, que llega a los 12,15 euros por metro cuadrado, y el aumento del 12,8 % en el mercado de la compra, han llevado a los valencianos a enfrentarse a una situación cada vez más complicada. En comparación con los registros de la burbuja inmobiliaria de 2007, el precio por metro cuadrado en el alquiler ha experimentado un aumento del 50 %, alcanzando cifras que parecían impensables hace apenas unos años.

Esta tendencia alcista se ha intensificado en los últimos dos años, con 26 meses consecutivos de subidas interanuales que superan el 10 %. Aunque en abril de 2024 se registró una ligera moderación, con un aumento del 10,3 %, la demanda sigue ejerciendo presión sobre los precios, lo que dificulta aún más el acceso a la vivienda en alquiler para muchos ciudadanos.

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, destaca que «esta situación se debe en parte a la pérdida de actividad en el mercado del alquiler, con una reducción del stock de vivienda en más del 15 % durante el año 2024. El traslado de viviendas de alquiler de larga duración a modalidades temporales o turísticas ha contribuido a esta escasez de oferta, exacerbando la presión sobre los precios y generando un ambiente de competencia feroz entre los potenciales inquilinos», ha indicado

Por otro lado, el mercado de la compra también ha sido afectado por este fenómeno, con un incremento interanual del 12,8 % que ha elevado el precio por metro cuadrado a 1.835 euros. Este encarecimiento, impulsado en parte por el aumento de los tipos de interés y el ascenso del Euríbor a partir de 2022, ha generado un crecimiento continuo durante un año y cuatro meses, situando los precios en niveles comparables a los de 2006, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

La falta de vivienda social pública agrava aún más la situación, dificultando el acceso para aquellos que no pueden permitirse los altos precios del mercado. Además, el auge de la demanda de compra extranjera ha contribuido a especializar el mercado local, con un enfoque cada vez mayor en la compra con fines de inversión, lo que complica aún más la situación para los residentes.

Picaresca que puede acabar en prisión

El aumento de precios y el aumento de la okupación ha propiciado que los propietarios sean más exigentes con los requisitos de acceso hacia sus inquilinos, asegurando que estos tienen la suficiente solvencia para hacer frente a su pago mensual. Esta situación, ha llevado a muchos arrendatarios a la picaresca para superar este filtro, según apuntan desde Legálitas.

En este sentido, ha habido un aumento de quienes recurren a documentos falsificados, como nóminas o contratos laborales indefinidos, para cumplir así con las exigencias de los arrendadores.

Sin embargo, esta práctica conlleva graves consecuencias legales. Tanto quien realiza la falsificación como quien utiliza el documento falso se enfrentan a penas de prisión y multas significativas. Solicitar a un particular que confeccione un documento falso puede ser castigado como delito de inducción a la comisión de un delito de falsedad en documento público, con penas de prisión de seis meses a tres años.

Asimismo, la persona que haga uso del documento de identidad falso, siendo consciente de su falsedad, se enfrenta a penas de prisión de seis meses a un año, incluso si la documentación es de otro Estado y se utiliza o trafica con él en nuestro país.