PP y Vox forzarán que los consejeros de Ximo Puig expliquen la adjudicación sospechosa de miles de contratos

Los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox en las Cortes Valencianas han llamado a declarar a una comisión de investigación a una cuarentena de personas, entre ellas varios exconsejeros del Ejecutivo de Ximo Puig, para que den explicaciones sobre las presuntas irregularidades y derroches en miles de contratos durante su etapa de gobierno en la Generalitat Valenciana.

El portavoz del PP en el parlamento autonómico valenciano, Miguel Barrachina, ha destacado que «el objetivo es evitar el derroche que ha sufrido el sector público instrumental durante los gobiernos del Botánico que tenía un 47 % de gasto púbico y evitar las irregularidades que era la conducta normal ya que en un solo año hubo 5.046 contratos de trabajo sin autorización de la dirección general de presupuestos, así como 247.000 contratos a dedo».

Unas cifras muy abultadas que implican a dos de los consejeros de Puig, el recién designado por las urnas eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà (exconsejero de Educación), y Gabriela Bravo (de Justicia), vicepresidenta segunda de las Cortes Valencianas, ligada al PSPV.

«Será una comisión viva. No llamaremos a comparecientes por aluvión, como sí que se ha hecho en la anterior legislatura. Vamos hacerlo desde el rigor y la seriedad porque queremos saber toda la verdad. No hay oportunismo político», ha abundado Barrachina en una declaración fuera del Hemiciclo este miércoles, en la que ha explicado que serán llamados a declarar otros ex altos cargos como el director general de la Sgise José María Ángel, el director general de Labora y secretario autonómico Enric Nomdedéu o la gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Anaïs Menguzzato.

Asimismo, también aparecen en el listado exdirectores de instituciones culturales como Nuria Enguita (IVAM) y José Luis Pérez Pont (Consorci de Museus y Centre del Carme) y el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella. «No es una lista exhaustiva, ni definitiva, a medida que la comisión vaya avanzando podrá llamarse a otros comparecientes. Se trata de un plan de trabajo vivo. No están cerradas las solicitudes de comparecencia, no descartamos absolutamente a nadie», ha explicado, sin embargo, el síndico de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos.

Desde PSPV y Compromís también han llamado a varias personas a declarar, aunque en medio de fuertes críticas a la propia naturaleza de la comisión de investigación. El portavoz adjunto de los socialistas, Toni Gaspar, ha criticado que esta comisión es un «circo de los malos» y ha asegurado que, con ella, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, «solo quiere tapar su falta de gestión».

Desde Compromís, su síndico en la cámara autonómica, Joan Baldoví, ha pedido la comparecencia de buena parte de los directores autonómicos y secretarios generales que formaban parte del Gobierno regional del PP en 2015, año en que entró el Botánico, para conocer el origen del problema. Baldoví ha afeado a PP y Vox el uso «de manera torticera» de la comisión por no querer estudiar el sector público antes de 2015, según ha asegurado. Una postura que comparten desde el PSPV, que indica que «de 2015 hacia atrás hay 170 sentencias condenatorias».