El expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, en una imagen de archivo
Comunidad Valenciana
Antifraude destapa irregularidades cometidas en contratos de la Generalitat durante el Gobierno de Ximo Puig
El organismo ha revelado el fraccionamiento fraudulento de servicios de contratación de restauración y menaje entre los años 2018 y 2023 llevados a cabo desde la Presidencia
Nuevo varapalo a la gestión de Ximo Puig al frente del Gobierno valenciano, cada vez más bajo sospecha. La Agencia Valenciana Antifraude ha destapado irregularidades cometidas desde la Presidencia de la Generalitat durante los últimos años de su mandato. En concreto, el organismo ha revelado el fraccionamiento indebido de contratos de restauración y menaje entre los años 2018 y 2023
Por ello, la AVAF insta al actual Ejecutivo, liderado por Carlos Mazón, a corregir irregularidades en la contratación de esos servicios y le emplaza a valorar la apertura de expedientes internos para depurar responsabilidades por la gestión del Gobierno del Botánico.
La resolución de Antifraude, fechada el pasado 30 de abril, pero que se ha conocido ahora, refleja que el organismo abrió una investigación después de recibir una alerta de irregularidades en los contratos menores tanto de servicios de restauración para reuniones de trabajo realizadas por Presidencia, desde 2018 hasta la actualidad, como de suministro de menaje adquirido para el comedor del Palau de la Generalitat desde 2020 hasta 2022.
El denunciante dio la alerta de que estas contrataciones menores fueron «recurrentes y previsibles cada año, sin solicitud de varios presupuestos, solapándose la vigencia de estos en varios proveedores y sin convocar una licitación pública», según consta en el informe, que añade que se vulneraron las normativas de libre concurrencia y fraccionamiento de contratos, así como que los precios del menaje estaban fuera de mercado.
La AVAF pidió a Presidencia los 20 expedientes de servicios de restauración objeto de la alerta, que fueron remitidos en diciembre del año pasado. Éstos, fechados entre abril de 2018 y septiembre de 2022, reflejaban cuantías de entre 14.875 euros y 150,62 euros (sin IVA) y tenían como concepto reuniones de trabajo del dirigente socialista y actualmente embajador de España ante la OCDE.
Puig, en 2020, uno de los años en los que se cometieron irregularidades contractuales
Según Antifraude, estos contratos tuvieron una ausencia total de algún tipo de estudio de mercado o la presentación de distintas ofertas y se emplearon para atender «necesidades recurrentes, periódicas y previsibles». En todos, menos en uno, relacionado con la covid, constaba el mismo objeto: «Servicios de restauración para las reuniones del President con diversos comensales, con el fin de tratar temas de Presidencia». Según el análisis de los contratos realizado por la AVF, se solapaba la vigencia de varios de ellos «a favor de distintos proveedores».
«Fraccionamiento fraudulento»
Según este organismo, todos estos elementos suponen indicios de un supuesto fraccionamiento fraudulento de la normativa de contratación pública, ya que hubo solapamientos en el período de ejecución de los contratos y concatenación entre unos y otros. El modus operandi consistía en que una vez finalizado un contrato, se formalizaba otro con el mismo concepto e incluso en el mismo periodo de tiempo o solapándose los adjudicatarios. La AVF añade, además, que en la mayoría de estos expedientes el crédito ni siquiera se ejecutó en su totalidad.
En el caso de los expedientes de contratación de suministros de menaje para el comedor del Palau de la Generalitat, la dinámica era prácticamente la misma: se adjudicaron entre 2020 y 2023 a la misma empresa por cantidades anuales que oscilaron entre 5.186 y 7.024 euros, sin estudios previos o aportación de otros presupuestos y sin ejecutar el presupuesto en su totalidad. Todos ellos, también tenían el mismo objeto: «Suministro de varios artículos de menaje destinados al comedor del Palau, para comidas de trabajo y reuniones de Presidencia de la Generalitat».
Antifraude zanja que el Gobierno de Puig prescindió «claramente» del procedimiento adecuado y se produjo un fraccionamiento indebido. También apunta a que la Intervención delegada en Presidencia y Transparencia dejó «constancia expresa» de la necesidad de llevar a cabo otro procedimiento, según la documentación recabada de la Plataforma de Contratación del Sector Público y el Registro de Contratos de la Generalitat.
«Intencionalidad» en el fraccionamiento
La AVAF no acepta las alegaciones emitidas el mes pasado por Presidencia, ya que insiste en que «no hay objetos ni necesidades distintas en las contrataciones» y advierte que «el límite cuantitativo en el período investigado 2018-2023 supera de manera exagerada el límite legal» de la Ley de Contratos del Sector Público.
Asimismo, también rechaza el argumento de que hubo que recurrir a varios contratos menores en un mismo ejercicio por la inmediatez de estos servicios: «Estamos ante un gasto público sujeto a unas normas legales perfectamente definidas, objetivas e iguales para todos». La AVAF apunta, además, al «conocimiento e intencionalidad de la Administración de no evitar el fraccionamiento».
Antifraude, de esta manera, insta a la Presidencia a revisar de oficio los contratos menores investigados y a no utilizarlos para necesidades recurrentes, y a elaborar una instrucción interna para velar por el cumplimiento de la normativa de contratación y de valorar la apertura de expedientes internos para exigir responsabilidades entre su personal. El organismo advierte de que de no aplicar estas recomendaciones, se hará constar en su memoria anual o en un informe extraordinario remitido a Las Cortes Valencianas.
