Un hombre contempla una playa de Benidorm
El Gobierno valenciano rebaja de 500 a 100 metros la distancia para construir hoteles en la costa
El nuevo decreto de simplificación administrativa del Consell introduce una modificación urbanística que reduce la distancia mínima para la construcción hotelera en la línea de costa, con el rechazo frontal de la izquierda
El Gobierno de la Comunidad Valenciana, liderado por el Partido Popular y Vox, ha publicado un decreto ley de simplificación administrativa que incluye una importante novedad urbanística. Esta nueva normativa, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, pretende reducir la burocracia, pero también modifica la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, reduciendo la distancia mínima desde la línea de costa para la construcción de nuevos hoteles de 500 a 100 metros.
El nuevo decreto establece que en los suelos no urbanizables del litoral valenciano se permitirán usos terciarios, tanto públicos como privados, relacionados con la acampada, la vida al aire libre y actividades náuticas. La normativa ahora permite la construcción de hoteles a una distancia no inferior a 100 metros de la ribera del mar, siempre y cuando se cumplan las exigencias de la legislación en materia de costas y litoral, así como las directrices del planeamiento territorial y urbanístico.
Esta modificación viene incluida en un extenso documento de 187 páginas aprobado dentro del Plan Simplifica del Consell. El decreto justifica la urgencia de estos cambios argumentando que algunas modificaciones «no pueden esperar» a la tramitación ordinaria de un nuevo texto legal y deben ser implementadas de manera inmediata. Además, se indica que el anteproyecto de ley de costas, actualmente en fase de exposición pública, ya contempla la posibilidad de establecimientos hoteleros en la costa, siempre que estén fuera de los primeros 200 metros.
Rechazo de la oposición
La oposición ha reaccionado con fuertes críticas a esta medida. El PSPV ha manifestado que el decreto de simplificación administrativa «enmascara» la reducción de la distancia permitida para construir en el litoral. El síndico socialista en las Cortes Valencianas, José Muñoz, ha denunciado que el PP está «volviendo al urbanismo depredador de siempre» y ha anunciado que su partido estudiará detenidamente el decreto, convencidos de que esconde otras reformas no explicitadas. Muñoz también ha criticado que la normativa se haya aprobado por la vía de urgencia, sugiriendo que podría haber políticas ocultas.
Compromís, por su parte, ha calificado la medida como «una auténtica barbaridad». Joan Baldoví, portavoz de Compromís, ha señalado que el decreto-ley, con sus 123 artículos, «es comparable a una ley de acompañamiento presupuestario, pero sin enmiendas, sin participación ciudadana y sin voto parlamentario». Baldoví ha acusado al Gobierno de PP y Vox de promover la «destrucción del territorio y de los controles contra la corrupción», argumentando que este es un paso hacia las prácticas más cuestionables del pasado político del PP.
Distintas perspectivas
El decreto ley de simplificación administrativa y su impacto en la normativa urbanística representa un cambio de perspectiva en la gestión del litoral valenciano. La reducción de la distancia mínima para la construcción hotelera a 100 metros puede tener importantes repercusiones tanto para el desarrollo económico pero los detractores de la medida advierten de «los riesgos» para la preservación medioambiental de la costa.
Por un lado, sus defensores argumentan que esta flexibilización normativa facilitará inversiones y potenciará el turismo, un sector clave para la economía valenciana. La posibilidad de construir hoteles más cerca de la playa podría atraer a más visitantes y generar empleo.
Por otro lado, los críticos ponen la mirada sobre los riesgos de urbanizar áreas cercanas a la costa, subrayando la importancia de proteger el medio ambiente y mantener el equilibrio ecológico. La proximidad de construcciones a la línea de costa puede tener «efectos negativos en los ecosistemas costeros», según argumentan los ecologistas.
El Gobierno valenciano, con el apoyo de PP y Vox, defiende la «urgencia y necesidad» de estos cambios para «simplificar trámites y promover la inversión», mientras que la oposición se mantiene «vigilante», denunciando posibles «consecuencias negativas» y «falta de transparencia en el proceso legislativo».