El Gobierno valenciano insiste en los trasvases y lamenta la «errática posición» de Sánchez con el Tajo-Segura

Por mucho que la vorágine de la actualidad acumule temas nuevos, como a día de hoy podrían ser el nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España o la repercusión de las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aludiendo a los «Lamborghinis», hay otros asuntos que son fijos en la agenda política suceda lo que suceda. Inmutables a los vaivenes institucionales. En lo que concierne a la Comunidad Valenciana, estos abordan tres principales materias: financiación autonómica, reivindicación de infraestructuras al Ejecutivo central y lo relativo al agua.

Sobre esta última, el Consell ha reiterado en las últimas horas su postura acerca de la necesidad de mantener los trasvases como la principal infraestructura para que, en especial la provincia de Alicante, pueda estar abastecida de la cantidad de agua suficiente como para que los agricultores de la zona no se vean abocados a abandonar sus cultivos, que, junto a los de Murcia y Almería, configuran la denominada 'Huerta de Europa'.

En la región, dos son los trasvases que ocupan y preocupan al Gobierno valenciano debido a la actitud de Sánchez y de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hacia ellos. Se trata de los del Júcar-Vinalopó y Tajo-Segura. En cuanto al primero, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón se ha anunciado el «desdoblamiento de la conducción principal», cuyas obras tendrán un presupuesto en torno a los 40 millones de euros.

Pacto Nacional del Agua

Esta iniciativa el mandatario la enmarca dentro de que su Gabinete «cumple sus compromisos y deberes con nuestros agricultores y regantes» como consecuencia de que tiene al sector como uno de «ejes prioritarios de acción». En contraposición, sitúa la labor del Gobierno del PSOE y Sumar porque, en su opinión, «sigue olvidando y lastrando el desarrollo de la provincia de Alicante» y, en lo tocante al Júcar-Vinalopó, «el Ministerio no haya hecho nada con esta obra» cuando, remarca, «debería ser prioridad uno».

Si las discrepancias entre Moncloa y Generalitat acerca de este trasvase no están cerca de solucionarse en el corto o medio plazo, mucho menos lo están con el Tajo-Segura, ya que tiene un componente mediático y político exponencialmente mayor. Es más, el recorte aplicado por Ribera a principios de 2023 y que condena a la infraestructura hídrica a su fin ha llegado al Tribunal Supremo tras los respectivos discursos de Mazón, Fernando López Miras y Juanma Moreno, estos últimos en representación de la Junta de Andalucía y la Región de Murcia, respectivamente.

De este modo, el consejero valenciano de Agricultura, Miguel Barrachina, asegura que su departamento va a «seguir defendiendo hasta las últimas consecuencias» la permanencia de la obra porque constituye «una obligación moral frente a los graves ataques y recortes que está generando el Gobierno de España». Así, lamenta que la ministra mantenga su «errática posición» y le insta a «sentarse a dialogar y modificar las normas de explotación del trasvase».

En la línea defendida por Mazón, Barrachina exige al Ejecutivo central que apruebe un Pacto Nacional del Agua que «no condene a los regantes y agricultores» como sí lo hace su «inacción». «Niega el agua del trasvase para regar, no lleva a cabo la inversión de 350 millones de euros para tener más agua reutilizada», subraya el responsable de Agricultura, que recuerda que «la Comunidad Valenciana es la región de Europa que más agua reutiliza».