Investigan al jefe de la Policía y a cuatro agentes de Silla (Valencia) por colaborar con una narcotraficante

El pasado 9 de agosto, El Debate se hacía eco de una información enviada por la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia en la que se aportaban detalles de una operación llevada a cabo en la localidad de Silla. En la nota, se daba a conocer la detención de siete personas por la venta de droga en un narcopiso al que acudían una media de 50 drogodependientes al día. Entre los arrestados se encontraba la propia responsable del negocio ilegal.

Hasta ese punto, todo parecía normal, ya que se trataba de unos hechos que no resultan extraños ni en la Comunidad Valenciana ni a nivel nacional. Sin embargo, las nuevas revelaciones han aportado datos y han generado una nueva causa judicial que prácticamente nadie podría haber esperado.

Llamativo aumento de detenciones

Y es que las investigaciones que llevaron hace algo más de un mes a que cayera la trama de tráfico de drogas son el origen de las que ahora involucran al jefe de la Policía Local de Silla y a otros cuatro agentes por un supuesto delito de colaboración con la dueña del narcopiso. Siempre con las pesquisas conocidas hasta el momento, estos agentes presuntamente habrían dado cobertura a la encausada para que pudiera seguir con su actividad a cambio de información útil sobre otros vendedores de droga por la misma zona.

Es más, la misma Benemérita se iba sorprendiendo a raíz del aumento significativo de detenciones de traficantes en los alrededores de Silla en un breve periodo de tiempo. Las alarmas se encendieron, dado que no era habitual conocer con tanta precisión y en reiteradas ocasiones la ubicación exacta en la que se iban a producir las transacciones. A todo ello se le sumaron dos denuncias al Instituto Armado en las que se alertaba de que la mujer en cuestión estaba siendo «protegida».

A raíz de lo explicado, la jueza de Primera Instancia de Carlet abrió diligencias para poder esclarecer lo que estaba ocurriendo y, entre otras actuaciones, ordenó pinchar las conversaciones de la mujer que estaba a frente del narcopiso. Estas no fueron algo puntual, sino que estuvieron activas varios meses y en algunas de ellas se intervinieron comunicaciones entre la presunta traficante y el comisario, por lo que ambos eran absolutos desconocedores de la orden judicial que había al respecto.

En el transcurso de esas charlas, la acusada, según adelanta el diario autonómico Las Provincias, le detallaba al mando policía información acerca de las personas que iban a dejarle la droga. Cabe resaltar que el citado narcopiso estaba operativo desde hacía seis años y contaba con importantes medidas de seguridad, tales como un buen número de cámaras de videovigilancia.

Sospechas de chivatazo

De este modo, al mismo tiempo que la Policía Local se hacía con droga vendida al menudeo por terceros traficantes, la mujer seguía con su negocio en su casa sin que, a tenor de la investigación, se le impidiera hacerlo o se le persiguiera activamente. Para que el guion fuera completo, resulta útil recordar que, a pesar de que los agentes de la Benemérita obtuvieron pruebas de que se trapicheaba con droga en la vivienda el día anterior a entrar en ella, pocas horas después, cuando se desarrolló la operación, no encontraron sustancia alguna.

Para colmo, la sospechosa se encontraba en actitud relajada en un sofá y con el DNI a su lado, lo que hizo aumentar las sombras todavía más de que había recibido un chivatazo de que el operativo de la Guardia Civil era inminente. Ahora, la jueza ha deducido testimonio y el siguiente paso procesal es ver qué juzgado se hace cargo del sumario.

Por el momento, el comisario y los otros cuatro policías se exponen a la acusación por una supuesta omisión del deber de perseguir delitos, un ilícito que conlleva la inhabilitación especial por un plazo de entre seis meses a dos años para desempeñar un empleo o cargo público.