El incendio en Bejís fue el segundo más grave de los que se dieron en la Comunidad Valenciana en 2022.
Los afectados por el incendio de Bejís, a la espera de la ayuda de 18.000 euros anunciada por Mazón
Las víctimas se enteraron del nuevo decreto aprobado por el Consell durante el debate, ya que el presidente no se había reunido previamente con ellos para negociar la compensación económica
Los afectados por el trágico incendio de Bejís, que se extendió por más de 20.000 hectáreas en el interior de la provincia de Castellón en agosto de 2022 y dejó atrapado un tren en la zona de Caudiel con decenas de heridos, por fin parecen ver la luz al final del túnel. Y es que, más de dos años después del accidente, el Consell trabaja en un decreto de ayudas directas, con un máximo de 18.000 euros por perjudicado.
Tras una dura batalla de los afectados, tanto en los tribunales para que se reabra el proceso judicial que actualmente está parado, como para que se les indemnice debidamente, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, anunció en el debate del pasado miércoles una indemnización, que equivale a 500 euros al mes por daños físicos y 250 al mes por daños psicológicos.
Aunque es una medida necesaria y que las víctimas del incendio agradecen, también recalcan que Mazón no se reunió con ellos previamente para avisar del decreto que va a aprobar ni se les consultó para llegar a un acuerdo acerca de la cuantía. «Nos enteramos a la vez que todos en el debate», ha confirmado Isabel Irlandés, una de las víctimas más afectadas, que también actúa como portavoz de los heridos.
Las subvenciones «se concederán de forma directa por razones humanitarias», ha resaltado el presidente del Consell durante su anuncio del nuevo decreto. Según ha explicado, esta compensación económica estará destinada a cubrir los gastos de tratamientos médicos de los dos años posteriores al incendio, tanto físicos como psicológicos.
Durante su discurso, Mazón también mencionó el abandono de estas víctimas por parte del anterior Gobierno de Ximo Puig en la Generalitat, el cual no se puso en contacto personalmente con los afectados y no llegó a plantear ninguna medida ni compensación concreta para ellos. «Vamos a cumplir con ellos, nosotros sí, estando a la altura, demostrando que no caben demoras en la reacción y el apoyo de las administraciones ante tragedias de este tipo».
Secuelas de por vida y pérdida de trabajo
La cuantía máxima que ha mencionado Mazón en el decreto es de 18.000 euros, una cantidad que queda lejos de los gastos acarreados durante estos dos años por el accidente a algunas víctimas. Este es el caso concreto de Isabel, quien ha contado de forma detallada a El Debate su experiencia durante el incendio y todos los problemas ocasionados a raíz de ese día. Desde daños físicos y psicológicos, tanto a ella como a sus dos hijos menores de edad que viajaban con ella en el tren, hasta la pérdida de su trabajo.
Irlandés fue la segunda víctima más afectada tras el incendio. Actualmente cuenta con un 20 % de injerto en su cuerpo, en las dos piernas, el brazo izquierdo y en mitad de la cara y el cuello. «Son secuelas que tengo de por vida y esto me ha me ha supuesto a nivel físico una limitación», confiesa la afectada.
Tras el accidente, la víctima ha cargado con todos los gastos médicos, tanto de ella como de sus dos hijos pequeños: «Todos los gastos salen de mi bolsillo, tanto fisioterapia como psiquiatría, psicología, terapias para llevar la ansiedad y los pensamientos intrusivos y ataques de pánico que tengo».
Estos gastos ascendían a una media de 500 euros al mes, que Isabel pagaba íntegramente sin poder trabajar. La situación llegó a tal límite en el que tuvo que crear una cuenta bancaria para poder recibir transferencias y habilitó un número de teléfono para los bizums.
«Silencio administrativo»
En estos 24 meses las víctimas se han quejado fervientemente del «silencio administrativo». Además de batallar con el juzgado, que sigue con el caso paralizado a falta de recibir unas pruebas, los afectados por el incendio también se han sentido abandonados por parte de la Generalitat Valenciana.
El expresidente socialista no se reunió con los afectados personalmente en ninguna ocasión ni movió ficha para aprobar un decreto. Con el cambio en el Gobierno valenciano tras las elecciones, Isabel, junto con otros afectados por el incendio, vieron una nueva oportunidad de ser escuchados y consiguieron una reunión con Mazón, en noviembre de 2023: «Nos pidió disculpas y, en la reunión que tuvimos, se nos prometió ayuda".
Actualmente, las víctimas siguen en contacto en su mayoría y tienen un grupo de WhatsApp, donde comparten información y se han movilizado conjuntamente con sus abogados para batallar por el caso.