Compromís busca una alianza con Sánchez para intentar que el TC tumbe o recorte la ley de educación valenciana

Compromís ha dado un paso adelante en su lucha contra la Ley de Libertad Educativa, recientemente aprobada por PP y Vox en las Cortes Valencianas. Tras la publicación de un informe jurídico encargado por el partido nacionalista, que califica la norma de «ilegal» y «pedagógicamente insostenible», los nacionalistas han anunciado que han iniciado contactos con el Ministerio de Educación y los grupos parlamentarios del Congreso para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. El plazo para interponer dicho recurso acaba a finales de este mes y requiere el apoyo de al menos 50 diputados.

La norma ha provocado un intenso debate en la Comunidad Valenciana, ya que plantea una serie de cambios que restablecen el derecho de las familias a elegir libremente la educación de sus hijos, algo que estuvo limitado durante los ocho años de Gobierno del Botánico, cuando Compromís lideraba la Consejería de Educación. Sin embargo, la coalición, ahora en la oposición, argumenta que esta nueva ley «no solo vulnera diversas normativas de rango superior, incluida la Constitución, sino que pone en peligro el aprendizaje equilibrado de las lenguas cooficiales en la región».

Uno de los puntos más relevantes en la disputa es la cuestión del idioma en la educación. Durante los años de gestión del Botánico, los nacionalistas implementaron una política de plurilingüismo que imponía el valenciano como lengua vehicular en detrimento del castellano. Aunque la normativa pretendía equilibrar el uso de ambas lenguas cooficiales en la región, muchos padres y sectores educativos criticaron que el sistema favorecía al valenciano en muchas áreas, obligando a las familias a aceptar proyectos lingüísticos que no coincidían con sus preferencias.

La Ley de Libertad Educativa, en cambio, restablece el llamado «distrito único», permitiendo a las familias elegir centro educativo sin estar condicionadas por la ubicación geográfica. Además, la ley permite que los estudiantes realicen los exámenes en la lengua de su elección, castellano o valenciano, salvo en las asignaturas que correspondan a un idioma específico. Esto, según PP y Vox, garantiza una mayor flexibilidad y respeta el derecho de las familias a decidir la educación de sus hijos.

«Una ley sin criterio pedagógico»

Desde Compromís, su portavoz de Educación, Gerard Fullana, ha calificado la Ley de Libertad Educativa de «demoledora» y ha argumentado que «no legisla la libertad educativa, sino que tritura los avances logrados en los últimos años en materia de plurilingüismo». Según el informe jurídico encargado por la formación, la ley incumple 28 artículos de normativas estatales y de rango superior, incluyendo la Ley Orgánica de Educación (LOE) y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Uno de los puntos centrales del informe de Compromís es que la ley «no garantiza que los estudiantes adquieran un dominio adecuado del valenciano», ya que permite que los padres elijan la lengua en la que sus hijos recibirán la mayor parte de las clases. Según Fullana, esto socava el modelo plurilingüe anterior, que pretendía asegurar que los estudiantes tuvieran un conocimiento equilibrado de ambas lenguas cooficiales al finalizar su educación obligatoria.

Además, Compromís ha denunciado que la ley no exige que los docentes tengan conocimientos suficientes de la lengua cooficial, lo que podría afectar negativamente la calidad de la enseñanza en valenciano. La formación también ha señalado que el sistema de elección de centro «no ofrece suficientes garantías a las familias», ya que estas no sabrán con certeza en qué lengua se impartirán las clases hasta después de que se haya completado el proceso de matriculación, lo que según ellos vulnera el derecho de los padres a conocer el proyecto lingüístico del centro antes de tomar una decisión.

«Más opciones para las familias»

Por su parte, los defensores de la Ley de Libertad Educativa, PP y Vox, argumentan que esta norma pone fin a la «imposición lingüística» que fue una constante durante las dos legislaturas del Ejecutivo presidido por el socialista Ximo Puig. Según el Gobierno autonómico, la anterior política educativa restringía el derecho de los padres a elegir libremente la lengua en la que querían educar a sus hijos e imponía el uso del valenciano en muchas zonas de la comunidad.

El Gobierno de Carlos Mazón ha defendido que la nueva ley devuelve el poder de decisión a las familias y permite que cada una elija el centro y el idioma que mejor se adapten a sus necesidades. Argumentan que el sistema anterior, que obligaba a los alumnos a seguir un proyecto lingüístico determinado según la zona, era restrictivo y no respetaba las preferencias individuales de las familias. El retorno al distrito único, añaden, garantiza que todos los estudiantes tengan acceso a la educación en igualdad de condiciones, sin que su lugar de residencia sea un factor limitante.

Asimismo, los defensores de la ley subrayan que las críticas de Compromís son contradictorias con su actuación cuando ostentaban la Consejería de Educación. Durante ese período, las quejas sobre la imposición del valenciano fueron recurrentes, especialmente en áreas de predominio castellanohablante. Desde el Gobierno actual, señalan que la Ley de Libertad Educativa permite una verdadera elección, no solo en cuanto al centro educativo, sino también en el idioma en que los estudiantes quieren aprender, algo que consideran «una mejora significativa» respecto al modelo anterior.

Un conflicto que llega al Constitucional

Con el plazo para presentar un recurso de inconstitucionalidad a punto de expirar, las negociaciones entre Compromís y otras fuerzas políticas del Congreso de los Diputados se han intensificado. La formación nacionalista está buscando el apoyo necesario para que un mínimo de 50 diputados firmen el recurso, lo que llevaría la ley ante el Tribunal Constitucional. Aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo con el PSOE, Compromís confía en que, si el recurso prospera, la ley será recortada o suspendida por el Alto Tribunal.