Detalle de las condiciones de insalubridad en la que malviven unos okupas en un solar en el centro de Valencia
Sin noticias de la oficina antiokupas de Castellón casi un año después de ser anunciada por el Ayuntamiento
En noviembre de 2023 la alcaldesa de la ciudad anunció que estaban ultimando los trámites para poner en marcha la sede, que no está en funcionamiento y no hay fecha prevista de inauguración
Los casos de okupación en la provincia de Castellón se han multiplicado por cinco en los últimos años, hasta superar incluso la media española. Según los datos del Ministerio de Interior, se ha pasado de tener 58 casos en 2016 a más de 300 al finalizar el 2022. Y una de las zonas más afectadas es precisamente la capital de la Plana, donde los vecinos denuncian la venta de drogas, la suciedad y hasta agresiones.
La alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, cuando estaba en la oposición denunció durante meses que se habían disparado los índices de inseguridad y, cuando llegó a la cabeza del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, propuso la creación de una oficina antiokupación para combatir esta problemática dentro de sus competencias.
En noviembre del 2023 el Consistorio anunció que estaba ultimando la creación de esta sede, que serviría como punto de información y asesoramiento para los vecinos castellonenses. A día de hoy, casi un año después, sigue sin estar en funcionamiento y no hay fecha ni previsión de apertura.
Asesoramiento jurídico
En la iniciativa llevada a cabo por el Ayuntamiento colabora el Colegio Oficial de Abogados de Castellón (CACS), para trabajar mano a mano entre ambas instituciones y crear un órgano que pueda erradicar este problema. Por lo que a finales del 2023 Carrasco se reunió con el decano y miembro de la junta directiva, Manuel Eugenio Mata.
Carrasco, junto a los miembros del Colegio Oficial de Abogados de Castellón
«Nos ponemos a trabajar de la mano del Colegio de Abogados de Castellón para poner en marcha cuanto antes la oficina antiokupas para prestar asesoramiento jurídico a los afectados. El fenómeno de la okupación ilegal de viviendas es un problema que afecta a todos los barrios de la ciudad, por eso vamos a darle solución desde el Ayuntamiento», aseguraba la alcaldesa durante el mes de noviembre.
El decano ha confirmado a El Debate que desde la mencionada reunión del mes de noviembre no han vuelto a tener contacto. «Nos pusimos a disposición de la alcaldesa para desarrollar el servicio, pero no hemos vuelto a saber más», ha aclarado Mata, quien ha señalado que el encuentro tuvo un resultado positivo y están a la espera de noticias del Ayuntamiento para comenzar la colaboración.
Crítica a Marlaska
Carrasco, además de su propia iniciativa a nivel local reclamó al Gobierno central más apoyo en cuanto a la okupación desde el momento que tomó posesión del cargo. En especial, demandaba a Fernando Grande-Marlaska, encargado del Ministerio de Interior, un aumento del número de agentes del CNP para la ciudad.
La primera edil criticaba que «ante la falta de políticas del anterior Gobierno, en alusión al de la socialista Amparo Marco Gual, nos ponemos a trabajar para atender los problemas de los afectados por las okupaciones. Es una prioridad para este Gobierno, por eso vamos a impulsar tan pronto como podamos este servicio de asistencia municipal». «Desde hace tiempo los vecinos nos piden ayuda por las consecuencias de inseguridad que se derivan de este fenómeno que preocupa a los castellonenses».
A pesar de sus reclamos a Marlaska y las iniciativas que prometió a finales del ejercicio anterior, casi un año después la situación con la okupación en la ciudad de Castellón no ha mejorado e incluso podría decirse que ha ido a peor.
La zona del PAU Lledó sufre cada vez más casos de okupación e intentos a plena luz del día, donde han llegado a entrar en algunos chalets con los propietarios dentro de la vivienda. El barrio del Raval Universitario es otro de los focos más preocupante, donde unas 'familias' controlan 14 de 60 viviendas y llevan años atemorizando a los vecinos.
