La inquiokupación se extiende por Castellón
Cuando los inquilinos dejan de pagar a los propietarios de la vivienda, al haber un contrato de por medio, deben recurrir al desahucio por impago, un proceso que puede durar más de un año en España
La okupación, uno de los temas que más preocupa en España, es cada vez más latente en todo el país. Pero esta práctica se puede manifestar de distintas formas y los okupas constantemente actualizan la forma de permanecer de forma gratuita en las viviendas ajenas. Así nace la 'inquiokupación', uno de los términos que actualmente está de moda y donde los casos han aumentado considerablemente en la provincia de Castellón.
La 'inquiokupación' es una forma híbrida entre ser un inquilino moroso y un okupa. Consiste en entrar en un piso mediante un contrato de alquiler, dejar de pagar las cuotas y quedarse a vivir en la casa en cuestión. Aunque su nombre lleva implícita la palabra ocupación, este término responde más a ser un inquilino moroso, ya que hay un contrato de por medio y se incurren en impagos.
Esto implica que, a nivel legal, no sea una ocupación ni usurpación, por lo que habrá recurrir al desahucio por impago para echar a los 'inquiokupas', donde en España, el plazo medio de un desahucio por precario es de ocho meses a un año o más.
Uno de los casos particulares más señalados de la provincia es el de un matrimonio en el pueblo de San Mateo, que con 81 y 76 años están inmersos en una batalla judicial con sus 'inquiokupas'. El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vinaroz les dio la razón y condenó a los inquilinos a marcharse de su casa y a pagarles los más de 15.000 euros que por aquel entonces adeudaban a la pareja de ancianos.
El caso, recogido por el periódico Mediterráneo, no ha variado lo más mínimo en los últimos doce meses y el matrimonio ha tomado determinación de devolver todos los recibos de suministros que hasta este mismo verano todavía pagaban de su bolsillo a los inquilinos. La compañía eléctrica ha terminado por cortar la luz eléctrica de la vivienda, pero no ha sido suficiente para que los morosos abandonen el piso.
«Hace tres años que no nos pagan ni el alquiler, ni las facturas. Nosotros hemos recurrido a la justicia, que ha dictaminado que tienen que pagar e irse, pero no lo han hecho en el plazo voluntario que marca la ley. Un año después, siguen en nuestra casa», ha relatado la mujer al periódico citado. Al parecer, el inquilino se ha declarado en situación de vulnerabilidad por tener hijos menores a su cargo, hecho que ha paralizado la aplicación del fallo judicial.
No puedes vender algo que no sabes cuándo puedes entregar las llavesVicepresidenta de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón
Ante situación de viviendas con morosos y otro tipo de okupas que residen en ellas, al no poder deshacerse de estos «inquilinos», muchos propietarios deciden vender la casa, aunque no es un camino de rosas.
La venta de viviendas con ocupantes puede llegar a rebajar el precio del inmueble hasta en un 50 %, pero a pesar de este hecho, el número de interesados suele reducirse mucho por la carga de tener que iniciar un procedimiento judicial, que muchas veces conlleva un periodo prolongado de tiempo y un alto coste adicional.
«El 99, 9 % de estas viviendas okupadas son de bancos, empresas concursadas y fondos de inversión», han señalado desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón (API) a El Debate. «Nosotros no solemos vender ese tipo de pisos, es una carga muy grande. Una vez lo hicimos, vendimos un piso de un fondo y cuando entraron unos okupas, en ese momento lo dimos de baja. No puedes vender algo que no sabemos cuándo puedes entregar las llaves», ha detallado Nuria Marco, vicepresidenta de API en declaraciones a este periódico.
También han explicado que los bancos o fondos que realizan este tipo de compras y ventas con viviendas okupadas tienen convenios especiales con inmobiliarias, que a veces los inmuebles están ocupados o libres, pero son pocas agencias las que trabajan así en la provincia de Castellón, que no están asociadas a ellos.
Las plataformas y portales suelen ser otro modo de adquisición de estos inmuebles, pero tampoco es un proceso de venta fácil, ya que no pueden llevar a cabo ciertos trámites como por ejemplo la tasación de una vivienda ni mostrar mediante visitas el propio piso a los compradores. Esto supone otro hándicap para que los usuarios rechacen estos inmuebles y no se arriesguen a apostar por ellos.
Algunos ejemplos de estas viviendas pueden encontrarse en portales como Idealista, donde los precios son asombrosamente bajos para las dimensiones o la ubicación de las casas. Estas suelen ser las primeras señales que alertan de que el inmueble puede estar ocupado. Otro detalle a tener en cuenta es la descripción, donde suele aparecer señalado si el activo se encuentra ocupado o si se puede visitar, entre otros factores.
A pesar de todas las trabas y procesos que acarrea la venta de estas viviendas, lo cierto es que hay empresas inmobiliarias ya especializadas en su compra que obvian toda esa problemática para rápidamente comprarlas y poder recuperarlas para su reventa. El coste para el propietario que quiere recuperar su inmueble es alto aunque incuantificable, ya que incluye asesoramiento legal de abogados, procuradores, etc.
Otra opción de la que disponen los propietarios que tienen un inmueble ocupado es contactar con empresas especializadas en desokupar. La provincia ya cuenta con una sede de 'Desokupa Express', ubicada en el centro de la ciudad de la Plana y que trabaja en estos casos por toda España.
Ante la alarmante situación sobre todo en la capital de la provincia, el Consistorio anunció la creación de una Oficina Antiokupación en colaboración con el Colegio Oficial de Abogados de Castellón el pasado mes de noviembre. Aunque por el momento la sede sigue sin avanzar casi un año después y las administraciones no han vuelto a ponerse en contacto para poner en marcha el proyecto.
Se trataría de un órgano para ayudar a los vecinos de Castellón, informándoles de sus derechos con asesoramiento jurídico. Y es que los castellonenses viven incluso atemorizados en ciertas zonas, donde prolifera la venta de drogas, suciedad, carreras ilegales, agresiones y mala convivencia. En la zona del Raval Universitario están okupadas 14 de 60 viviendas del barrio y en el PAU Lledó llevan años conviviendo con estos «inquilinos», con intentos de colarse en propiedades ajenas incluso a plena luz del día.