El expresidente de la Generalitat valenciana y exministro Eduardo Zaplana, la semana pasada, en Valencia
Zaplana recurrirá su condena y denuncia que las pruebas están «basadas en pactos y acuerdos opacos»
En un comunicado, el exdirigente del PP dice sentirse «decepcionado» por la sentencia, aunque, a pesar de todo, asegura seguir «confiando» en la Justicia
El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro 'popular' Eduardo Zaplana, condenado a 10 años y cinco meses de prisión por la trama de las ITV en el conocido como caso Erial, ha anunciado que recurrirá una sentencia que ha llegado «por unas pruebas basadas en pactos y acuerdos opacos y sin ninguna evidencia objetiva» sobre su participación en los hechos.
En un comunicado difundido por su despacho de abogados, el exdirigente del PP dice sentirse «decepcionado» por haber sido condenado, aunque, a pesar de todo, asegura seguir «confiando» en la Justicia. En el escrito, Zaplana asegura que tiene la certeza de que «tarde o temprano» se reconocerá lo «infundado» de las acusaciones y, en consecuencia, recurrirá a las instancias «que sea necesario». La sentencia, que consta de 364 páginas, no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
En el mismo comunicado, recogido por Europa Press, Zaplana también ha mostrado su «alegría» por la absolución en este procedimiento «de todas las personas cuyo único delito fue haber sido mis amigos o colaboradores y que han tenido que sufrir un acusación igualmente injusta y soportar durante largos años la amenaza de una condena penal sin ningún fundamento», ha apostillado.
Comisiones llevadas al extranjero
La sentencia de la Audiencia del caso Erial le condena por percibir comisiones por la adjudicación entre 1997 y 2003 de estaciones de ITV de la Comunidad Valenciana y canalizarlas a través de una compleja estructura societaria tanto en España como en países como Panamá o Luxemburgo y con cuentas en Andorra.
El tribunal le declara autor de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales y le impone también, junto a la prisión, un total de 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo o cargo público, tres años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión y multas que en total superan los 25 millones de euros. Le absuelve en cambio del delito de grupo criminal.
