Asentamiento chabolista en una partida rural de Alicante
La Generalitat Valenciana investiga 40 poblados chabolistas en la provincia de Alicante
Las viviendas irregulares podrían superar las 30 por parcela y los vecinos piden medidas urgentes para detener las obras
La Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), con sede en Elche y dependiente de la Generalitat Valenciana, ha abierto 40 expedientes en sendas parcelas rurales del término municipal de Alicante por albergar poblados chabolistas. En ellos se podrían acumular varias decenas de viviendas irregulares e incluso superar las 30 en una sola parcela, si bien por el momento no ha trascendido un número total.
Así lo han explicado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que han concretado que la decisión llega después de recibir una denuncia de la Asociación de Vecinos de La Cañada del Fenollar.
El secretario y portavoz de este colectivo vecinal, José Cremades, en declaraciones a Europa Press, ha insistido en «detener estas obras ilegales» y ha detallado que la queja también se ha elevado al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante y al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por «un grave delito contra el medioambiente y la ordenación del territorio».
Por su parte, el Gobierno valenciano ha afirmado que la Agencia está trabajando de forma conjunta con el Consistorio alicantino para recopilar todos los datos para estos expedientes.
A preguntas de los medios sobre esta cuestión, el alcalde Luis Barcala ha afirmado este miércoles que había una investigación en marcha del Ayuntamiento y avanzaba que «no iban a ser los únicos» en hacerlo. «No vamos a permitir que se vulnere la legalidad», sentenciaba el primer edil.
Multas de 600 a 3000 euros
Desde la Consejería han apuntado que si de estas investigaciones se concluyen irregularidades, la AVPT podría imponer multas coercitivas con el objetivo de que se regularice la situación y se cumpla con la legislación. En concreto, estas sanciones podrían oscilar entre 600 y 3.000 euros y ser reiterativas en caso de que no se solventen las indicaciones del expediente.
Cremades ha pedido al Ayuntamiento de Alicante y a todas las instituciones implicadas «medidas cautelares efectivas para acabar con este tipo de edificaciones y restablecer la normalidad urbanística». Asimismo, el portavoz vecinal ha alertado del «peligro que supone construir en una rambla protegida porque, en caso de lluvias torrenciales, las consecuencias podrían ser fatales».
El representante de la Asociación de Vecinos de La Cañada del Fenollar ha aseverado que no descartan emprender otras acciones como manifestaciones «para denunciar un problema que no solo pone en peligro a las personas porque también está afectando de lleno a la fauna y flora autóctonas».
«Aún no entendemos cómo las administraciones han hecho oídos sordos hasta ahora. Esto viene arraigado en el problema habitacional que hay en las grandes ciudades», ha concluido Cremades.
