Burriana se convierte en un grave foco de okupación, inseguridad, inmigración ilegal y drogas en Castellón

La okupación es uno de los temas que más preocupa a la población de la provincia de Castellón, sobre todo por el aumento de casos en los últimos años y, en municipios como Burriana, esta problemática ha escalado en un incremento de la criminalidad y otras consecuencias como inseguridad, inmigración ilegal o el tráfico de drogas en diversos barrios.

Los burrianenses llevan denunciando este tipo de sucesos durante meses. Una situación difícil de controlar desde el Gobierno municipal por la limitación en sus competencias. A pesar de ello, la Policía Local de Burriana ha efectuado ya 8 desalojos desde el inicio de 2024, según ha confirmado Antonio Ferrándiz, concejal de Vox y responsable de la concejalía de Seguridad Ciudadana.

Según ha podido saber El Debate, actualmente hay 24 casos de okupación contabilizados por la Policía Local en el municipio, sin contar posibles denuncias que se procuren en la Guardia Civil.

«La Policía Local de Burriana se toma muy en serio el desafío de la okupación. Aunque es cierto que no es competencia exclusiva de los municipios, en Burriana creamos en enero la Unidad de Atención al Ciudadano para este tipo de casos, la cual está obteniendo excelentes resultados. Hemos ofrecido asesoramiento tanto a propietarios como a afectados», ha destacado Ferrándiz.

La Unidad de Atención al Ciudadano es la que recibe cualquier incidencia o novedad y realiza el tratamiento de estas denuncias. Según ha confirmado Ferrándiz a este periódico, además de los ocho desalojos, se ha asesorado a unos 14 o 15 vecinos desde su creación.

La legislación está en contra del propietario y a favor del okupaAntonio FerrándizConcejal de Vox y responsable de la Concejalía de Seguridad Ciudadana

El concejal de Seguridad también ha señalado que la Policía Local realiza unos informes específicos sobre estos casos, y ya han realizado tres sobre localización de pisos patera, que posteriormente se derivan a la Policía Nacional y uno de ellos ha concluido en una denuncia penal al Juzgado.

«Desde Vox y el Equipo de Gobierno estamos muy concienciados sobre la injusticia que supone para los propietarios la okupación y su defensa prácticamente nula, porque la legislación actual está en su contra y a favor del okupa», ha lamentado el concejal.

Ferrándiz ha señalado que el Gobierno de Sánchez y su legislación es lo que limita el proceso: «Cada vez que se legisla siempre son más derechos para los okupas y menos para los propietarios. Hacemos lo que podemos, si las leyes acompañaran más, en vez de ocho desalojos, habría más y no estaríamos hablando de que la okupación es un problema».

El barrio de La Bosca es uno de los más problemáticos, el cual ha visitado Llanos Massó, presidenta provincial de Vox en Castellón, para conocer la situación particular y las quejas de los vecinos. Según ha confirmado Ferrándiz, el foco del problema viene de unos edificios de viviendas sociales que pertenecen a la Generalitat Valenciana. «Como es el propietario quien debe denunciar, no sabemos si desde Conselleria se está tramitando», ha indicado el concejal.

Aunque este es uno de los focos más problemáticos en Burriana y que conlleva otras quejas como inseguridad y tráfico de drogas, no se trata de un caso aislado y existen otras viviendas por todo el municipio.

Según publicó El Debate, una vivienda en la calle Misericordia estuvo okupada durante tres años y, a pesar de las denuncias de los propietarios, los agentes pudieron proceder al desalojo debido al peligro que suponía la estructura de la vivienda, no por sus «inquilinos».

Durante la pandemia de la covid, los okupas reventaron los candados y entraron a la casa, que estaba cerrada por el momento y no tenía ni luz ni agua. «En estos tres años no nos han hecho caso ni el Ayuntamiento ni la Policía Local, y eso que tenían pinchada la red eléctrica», relató a este periódico Jorge Izquierdo, uno de los propietarios.

Tras el silencio administrativo, hace unos meses es cuando el caso comenzó a movilizarse. Los vecinos se quejaron del estado de la fachada, de la que incluso habían caído restos del voladizo del tejado a la acera y la Administración se puso en contacto con Jorge, quien tuvo que aportar las denuncias presentadas durante todo este periodo de tiempo.

Tan solo un mes después del caso de Jorge, la Policía Local tuvo que intervenir y realizar un desalojo en otra vivienda, en este caso, en la calle San Juan. Los vecinos fueron quienes dieron el aviso cuando vieron a dos personas que se hallaban en el interior y otras dos por la parte exterior.

Los agentes confirmaron que habían arrancado una reja de una de las ventanas, además de que había signos de forzamiento en la cerradura de la puerta de entrada. La Policía identificó y detuvo a las cuatro personas implicadas, todas ellas de nacionalidad rumana.