El fiscal de la sección Penal del Tribunal Supremo, Felipe BrionesCoordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara

Perfil

Briones, el fiscal saharaui que perseguía a los líderes del PP de Alicante y ahora trabaja para García Ortiz

Vinculado a Izquierda Unida, ha sido acusado de utilizar la lucha anticorrupción para perseguir a figuras destacadas del Partido Popular que, tras décadas de investigación y el fin de su carrera política, han resultado absueltas

Felipe Briones es una figura clave dentro de la fiscalía anticorrupción en España. Destinado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tras el nombramiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su trayectoria es sinónimo de polémica. Vinculado a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Briones ha sido señalado por utilizar su cargo para llevar a cabo una agenda política alineada con la izquierda, en especial con Izquierda Unida. Aunque su carrera dentro del Ministerio Público ha sido dilatada y su profesionalidad reconocida por algunos colegas, otros lo ven como un fiscal «excesivamente ideologizado». Estos críticos sugieren que su cercanía a formaciones políticas como la anteriormente mencionada, IU, y el Partido Comunista de España (PCE) y su simpatía por la causa saharaui, han influido en su actuación como fiscal.

Briones no ha ocultado su afinidad política ni su cercanía con causas como la del Sáhara Occidental, territorio en disputa donde él mismo nació, cuando aún era una provincia española. En 2015, dio una rueda de prensa en el Parlamento Europeo junto a figuras como Paloma López (eurodiputada de IU), Inés Miranda (abogada de la activista saharaui Aminatou Haidar) y Javier Canivell (abogado del activista saharaui Hassana Alia). Durante su carrera, Briones ha mostrado abiertamente su apoyo a la causa saharaui, llegando a calificar la ocupación marroquí del territorio como «tan ilegal como la invasión de Rusia a Ucrania». Este tipo de declaraciones ha generado incomodidad en algunos sectores de la judicatura que consideran que un fiscal debería mantener una postura de mayor neutralidad política.

Durante su mandato como fiscal anticorrupción en Alicante, Briones estuvo detrás de numerosas investigaciones que afectaron a políticos del Partido Popular, llegando a acabar con sus carreras políticas. El exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, fue uno de los primeros en señalar públicamente que el fiscal tenía claras «connivencias con IU», tal y como ha señalado en diversas ocasiones, la también investigada y luego absuelta, Sonia Castedo. A lo largo de los años, Briones lideró investigaciones contra figuras destacadas del PP, como los casos de los mencionados primeros ediles, el exvicealcalde alicantino Andrés Llorens o el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll, absuelto esta misma semana, entre otros. A pesar de que todas estas investigaciones no acabaron en condenas, sí lograron truncar las carreras de estos políticos, que en aquel momento, destacaban en la Comunidad Valenciana .

Uno de los ejemplos más ilustrativos de las prácticas de Briones es el de Castedo. La entonces alcaldesa de Alicante, consiguió una popularidad que le valió estar en las quinielas como sucesora del presidente autonómico Francisco Camps. Sin embargo, tras abrir centenares de telediarios en los que se exponían sus conversaciones privadas y haber sido señalada como corrupta en centenares de tertulias, fue absuelta tras más de una década de condena mediática y de su propio partido político. Este ejemplo se suma a otros muchos en la provincia, donde se ha terminado una a una con las vidas políticas de quienes suponían un muro infranqueable para la izquierda. El nexo era Briones, a quien acusan de realizar una «persecución política» bajo el manto de la lucha contra la corrupción.

Un nombramiento polémico

A sus 64 años, el saharaui se encuentra en el culmen de su carrera con su nombramiento como fiscal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, un puesto de gran relevancia. Este nombramiento ha generado un nuevo debate, ya que su designación fue impulsada por el actual fiscal general del Estado, García Ortiz, también miembro de la UPF. Varios fiscales han señalado que Briones no era el candidato con más antigüedad ni el que contaba con más respaldo en el Consejo Fiscal, lo que ha llevado a algunos a denunciar el uso del «dedazo» para colocar a fiscales afines políticamente en puestos clave y que trabajan con los «mismos métodos» que el fiscal general.

Cabe recordar que García Ortiz se encuentra encausado por el Tribunal Supremo tras haber bajado al «barro político» contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El procurador lanzó un comunicado detallando las negociaciones de su letrado con el Ministerio Público, lo que le ha valido su investigación por haber cometido un presunto delito de revelación de secretos.

Por lo tanto, no son pocos los que critican la «excesiva ideologización» del nuevo miembro del equipo de García Ortiz . Este sesgo político, argumentan sus detractores, es evidente en la manera en que ha manejado ciertos casos y en sus posicionamientos públicos sobre temas de política internacional, como el conflicto del Sáhara.

Sin embargo, las críticas más duras no vienen motivadas por su sensibilidad personal, si no por su nula diligencia en la presunta persecución política contra las filas de los 'populares'. Figuras como Díaz Alperi o Castedo, han censurado la falta de consecuencias de «investigaciones prospectivas» por parte del entonces fiscal anticorrupción de Alicante. A pesar de haber acabado con sus carreras políticas, no ha tenido ninguna consecuencia su falta de base jurídica.

Con su reciente nombramiento en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Briones se asegura un lugar destacado y bien remunerado en el ámbito judicial español, aunque las sombras de la controversia le seguirán acompañando.