La paradoja de la acampada de Valencia: más tiendas de campaña que viviendas promovidas por Ribó y Puig juntos

La acampada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia que se organizó a finales de la pasada semana tras una manifestación en la que se protestaba por los elevados precios de la vivienda, la imposibilidad para las clases medias y bajas para acceder a una de ellas y el exceso, a ojos de los organizadores, de pisos turísticos, continúa. No obstante, resulta paradójico que, tras años de subidas en las hipotecas y en los alquileres, así como una sucesión de políticas fallidas de vivienda (cuando las ha habido), sea en estos momentos cuando surgen las movilizaciones.

En el caso de la Comunidad Valenciana, y muy particularmente, en el de la capital regional, este aspecto llama más la atención si cabe a tenor de los que los distintos gobiernos de izquierdas, local y autonómico han llevado a cabo en sus dos últimos mandatos, es decir, entre 2015 y 2023, con tal de mejorar las condiciones para poder pagar la renta de un inmueble o lograr ser propietario.

En lo relativo a la Generalitat, el balance de viviendas sociales construidas durante la última legislatura en la que el expresidente Ximo Puig estaba al frente del Consell es redondo: tanto como cero. Ni una sola. Es cierto que el argumentario socialista antes de las elecciones que dieron la victoria en 2023 al 'popular' Carlos Mazón establecía que habían sido 65 pisos desde 2019. Una cifra que, en todo caso, no dejaría de ser raquítica, pero que, a mayor abundamiento, no es cierta.

Retrasos de más de una década

La realidad es que sí se entregaron estas casas, pero ninguna de esas promociones se empezó a levantar por orden expresa del tripartito de izquierdas, sino que acumulaban importantes retrasos de algunos años por motivos como la pandemia del covid-19 e, incluso, de más de una década. De hecho, hubo edificios cuyas obras comenzaron en 2008.

Pero, por si lo anterior no fuera suficiente, de los 542 municipios que integran la Comunidad Valenciana, tan solo dos se vieron agraciados por la nada ajetreada política de vivienda de Puig y sus socios de Compromís y Unidas Podemos. Éstos fueron la localidad alicantina de Aspe, con 42 inmuebles, y la ciudad de Valencia, con los 23 restantes. Hasta ahí.

Si en el ámbito autonómico los datos son más que clarificadores, lo mismo sucede en la esfera local, donde el exalcalde levantino Joan Ribó construyó en sus ocho años como primer edil únicamente 14 viviendas más que Puig o, dicho de otra manera, solo 14. Esta situación lleva al actual portavoz de Ayuntamiento, Juan Carlos Caballero, a definir la herencia recibida como «lamentable» porque demuestra que el nacionalista y su equipo (gobernaba Compromís en coalición con el PSPV-PSOE) «no fueron capaces de abordar uno de los problemas más graves y urgentes que tenían las administraciones públicas».

Por el contrario, subraya que bajo el liderazgo de María José Catalá se «han puesto en marcha en poco más de un año más de 1.000 viviendas» de estas características, doblando el número de éstas que están en alquiler a un precio asequible. A la par, el Consistorio también «ha incrementado las ayudas al alquiler y ha desbloqueado las bolsas de suelo» en zonas de la capital como el Grao, Benimaclet y Benimámet. Por tanto, la citada paradoja es doble: en la plaza del Ayuntamiento hay más tiendas de campaña que pisos sociales promovieron Ribó y Puig juntos.

Igualmente, el concejal recuerda, a colación de los pisos turísticos, que el 75 % de estos apartamentos con los que cuenta Valencia se autorizó durante el Ejecutivo de Ribó y el PSOE, es decir, un total de 4.509 apartamentos. Esto supone 22.000 plazas para pernoctar. En cambio, en la etapa de Rita Barberá, de 1994 a 2015, sólo se habilitaron 619 apartamentos, es decir, 2.877 plazas.