Expropiaciones, decrecimiento... las medidas socialistas que exige el 'mini 15-M' por la vivienda de Valencia

Desde el pasado sábado, un grupo de manifestantes se ha instalado frente al Ayuntamiento de Valencia para protestar contra la creciente crisis de la vivienda en la ciudad. Liderados por portavoces como Eva García, una autónoma que lleva años enfrentándose al encarecimiento del mercado inmobiliario, el grupo expresa su agotamiento ante el aumento del coste de vida y la falta de regulación de los pisos turísticos, que han transformado Valencia en una ciudad «más cara y menos habitable», según aseguran.

Señalan al turismo y a la falta de regulación como factores clave que han disparado los precios. Sin embargo, la acampada plantea un dilema más profundo: la tensión entre quienes buscan proteger el libre mercado del alquiler y aquellos que abogan por un mayor control del mercado inmobiliario. El problema, aseguran los acampados, es que las políticas actuales no han frenado la especulación ni la expansión de los pisos turísticos no regulados, lo que ha llevado a un incremento en el coste de los arrendamientos en la ciudad. Sus soluciones: expropiaciones, decrecimiento y otras medidas de corte socialista.

«La ciudad de Valencia se está pareciendo cada vez más a Madrid, más masificada, más turística, y la vida se ha vuelto imposible», señala García. La portavoz denuncia a El Debate que la falta de control sobre los alquileres y los pisos turísticos no regulados ha empeorado la calidad de vida de los residentes. «Cuando a las cuatro de la mañana no puedes dormir porque el piso turístico de abajo no para de hacer ruido, te molesta. Y cuando el precio de una caña ha pasado de 1,20 a tres euros, te molesta también», añade, subrayando el impacto que esta situación tiene en el día a día de los ciudadanos.

Aunque el actual Gobierno autonómico, que lleva un año en la Generalitat Valenciana, ha heredado este problema, los manifestantes consideran que no está haciendo nada para revertirlo. «Podrían empezar por revisar los alquileres, que no suban en base al IPC, y regular los pisos turísticos, que están sin control y no pagan tasas al Ayuntamiento», asevera García.

La acampada, más allá de ser un acto de protesta, es también un espacio para el debate y la organización, al más puro estilo 15-M de Madrid, pero en miniatura. Todas las tardes realizan una asamblea donde deciden si continúan o no acampados un día más. Además, están organizando un plan de acción frente a la no respuesta que denuncian por parte de los 'populares'.

«Tenemos comisiones para la logística, la comunicación, y para protegernos legalmente», añade García. Entre las demandas principales está la regulación de los alquileres, que «no debería superar el 30 % del salario mínimo interprofesional», y la declaración de Valencia como zona tensionada para evitar que el turismo y la especulación sigan inflando los precios. Además, exigen que a los propietarios de más de dos viviendas se les debería de expropiar una y darla a la gente que la necesite. «El articulo 47 de la Constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna», declara.

Más de 60 personas acampadas

A pesar de la situación, hasta el momento ningún representante del Gobierno local o autonómico ha dialogado con los manifestantes, afirman. «Nadie ha venido a hablar con nosotros, estamos aquí al lado del Ayuntamiento y no nos han escuchado», señala Eva, quien añade que empezaron «siendo 20 o 25 personas» y ahora «más de 60, y ya hay 40 tiendas de campaña». García insiste en que las autoridades deben tomar medidas urgentes y que hasta que no sean escuchados y no hayan cumplido sus objetivos mínimos, seguirán acampando en la plaza del Ayuntamiento.

La portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Águeda Micó, ha mandado todo su apoyo a los acampados a la vez que ha criticado al presidente de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Carlos Mazón, y sus políticas a favor del sector turístico y ha pedido que no se amplíen los aeropuertos de Alicante y Valencia, en esa línea del «decrecimiento» propugnado por los concentrados.

Mazón, a su vez, ha expresado este martes su apoyo a los acampados y ha señalado al anterior Gobierno, encabezado por Ximo Puig, como responsable del «colapso» en materia de vivienda. «Hemos reducido impuestos para facilitar el acceso a los jóvenes, hemos ofrecido avales del 100 % y simplificado los trámites para que 260 ayuntamientos nos cedieran terrenos para poner en marcha 1.500 viviendas, con otras 1.000 previstas antes de fin de año. Esta mayor oferta va a estabilizar los precios, pero arrastramos años de problemas y colapso. Por eso mi solidaridad con los acampados», ha apuntado el jefe del Consell.