«Somos una moneda de intercambio político»: la indignación de los agentes que actuaron en la manifestación en Valencia

El sesgo que grupos de izquierda y extrema izquierda dieron a la manifestación convocada en Valencia el pasado sábado día 9 de noviembre contra la gestión de la DANA tuvo su punto más crítico en los violentos incidentes organizados contra el Ayuntamiento de Valencia, el Palau de la Generalitat, el Palau dels Borja (sede de Les Corts) y los agentes de la Policía Nacional. La III UIP de Valencia, unidad que afronta la respuesta ante graves disturbios e incidentes de alteración del orden público, lleva desplegada en las zonas afectadas por las riadas desde que el Estado dio la orden de actuación el viernes 1 de noviembre, realizando tanto labores de seguridad ciudadana, que contribuyeron a acabar con los saqueos y robos de los primeros días, como actuaciones de rescate, desescombro y retirada del fango de las calles.

Antes de su despliegue oficial varios agentes de la UIP de Valencia oriundos de las zonas afectadas, así como otros residentes en la capital, contribuyeron con sus propios medios a labores de auxilio a la población. El reconocimiento de los vecinos afectados por sus labores ha sido en todo momento público y notorio, como al resto de cuerpos policiales, militares y de protección civil desplegados, con multitud de muestras de entrañable gratitud.

Forzados a desatender sus labores sobre el terreno en las zonas que han sufrido la riada, el pasado 9 de noviembre los cinco grupos de la III UIP, junto dos grupos de la VII y XI UIP se encargaron de velar por la seguridad de la manifestación convocada por la tarde. Varios agentes confirman a este periódico que de antemano existía la información sobre grupos organizados, algunos procedentes de Cataluña y Madrid, así como extranjeros miembros del movimiento okupa instalados en Valencia, que tenían previsto provocar incidentes aprovechando la manifestación.

El despliegue de efectivos fue muy inferior al que se suele prever en estas ocasiones, al esperarse una notable y muy heterogénea afluencia, donde se preveían enfrentamientos entre los propios manifestantes, había que custodiar importantes edificios públicos y se tenía constancia de la presencia de radicales de extrema izquierda y pancatalanistas con amplia experiencia en guerrilla urbana. Se dispuso además que los policías no llevaran material antitrauma ni protección de extremidades, restringiéndose también la utilización de escudos, tal como se puede ver en las fotografías y vídeos de los incidentes.

Durante el operativo las órdenes recibidas insistían en «aguantad, aguantad» y en llevar las defensas en el tahalí, hasta que los manifestantes más violentos se encontraban prácticamente a una distancia de golpeo contra los policías. Otros grupos de UIP que se encontraban trabajando en los pueblos afectados por las riadas fueron movilizados a última hora, como reacción ante unos incidentes que se alargaron durante buena parte de la noche.

Un veterano agente de la III UIP de Valencia señala a este periódico los paralelismos que él mismo vivió durante las manifestaciones de la extrema izquierda en Madrid de marzo de 2014, cuando fueron agredidos impunemente los integrantes del grupo Puma70, o en las protestas separatistas contra la sentencia del procés en Barcelona en octubre de 2019, que dejaron graves secuelas, algunas irreversibles, a otros de sus compañeros, afirmando que «una vez más somos moneda de intercambio político y nos utilizan a su antojo, a costa de nuestra integridad».

Mientras en las manifestaciones de Ferraz sólo para proteger la sede de un partido político se suelen desplegar cinco o seis grupos de UIP y las órdenes son lanzar salvas, pelotazos y cargar si se rebasaban, incluso pacíficamente, las líneas de seguridad, en Valencia la policía tuvo que actuar sin criterios operativos, teniendo que defenderse de una agresión premeditada, en la que estaba en juego la propia vida de los agentes, con lanzamiento de botellas de cristal llenas de barro, bengalas, vallas, adoquines, piedras y quema de contenedores.

El saldo final ha sido de 38 agentes de la UIP heridos con parte médico oficial, más otros con heridas que no requirieron de atención médica y que afectan casi a todos los actuantes y la sensación generalizada de desamparo por parte de las autoridades políticas, así como daños en el mobiliario urbano por más de 100.000 €.