Los nacionalistas piden sancionar a policías, plataformas o instituciones por «discriminar» el valenciano

Varias entidades nacionalistas, pancatalanistas y de izquierdas quieren que la Comunidad Valenciana cuente de nuevo con una Oficina de Derechos Lingüísticos pero que ahora tenga «capacidad sancionadora». Así se lo pedían hace unos días a José Muñoz y Joan Baldoví, portavoces en las Cortes Valencianas de PSPV y Compromís, después de hacerles llegar un informe con varios casos de «discriminación» del valenciano.

Los casos recogidos en ese informe anual de vulneraciones de los derechos lingüísticos en la Comunidad Valenciana han aumentado en un 7,3 % aproximadamente, aseguran, lo que implica «que se recibe una queja prácticamente día sí, día no», según un comunicado de Escola Valenciana. «Pensamos que este aumento se debe a que la gente está perdiendo el miedo a denunciar cuando sufre una vulneración lingüística», ha apuntado al respecto Alexandra Usó i Carinyena, presidenta de esa entidad.

El documento, de 36 páginas, lo suscriben Fundació Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià, ACV Tirant lo Blanc, CCOO PV, Intersindical Valenciana, FE CCOO PV, BEA, SEPC, STEPV, Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Plataforma pel Dret a Decidir, Societat Coral el Micalet, Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals, ACICOM y Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV). El grueso de las denuncias, 119 de un total de 150, lo aporta, sin embargo, Plataforma per la Llengua, la entidad pancatalanista más conocida como «la ONG del catalán».

Esta organización apunta a que «las discriminaciones lingüísticas no son casos aislados ni, principalmente, fruto de caracteres particulares. Los casos responden a una situación de discriminación estructural . El nacionalismo español, la ideología hegemónica en el Estado, se ha caracterizado tradicionalmente por el supremacismo castellano. En ese sentido, identifica los rasgos culturales castellanos, y muy particularmente la lengua, como 'comunes' de todo el Estado, mientras que relega los de los otros grupos autóctonos a la categoría de 'regionales' o 'particulares'».

Un contexto que bien valdría unas sanciones, según los firmantes del informe. En este se recogen algunas de las posibles 'víctimas' de esas multas, al entender desde el nacionalismo que estarían discriminando la lengua autonómica. Así, se recogen casos de los últimos años, como el de un agente de la Policía Nacional vestido de paisano en el Aeropuerto de Alicante que «se negó a atender a un usuario porque hablaba en valenciano»; el de otro en Alcoy que, por teléfono, «le hizo cambiar al castellano (a una denunciante) porque no la entendía en valenciano»; o el de la Guardia Civil de Alfafar, en Valencia, que tampoco pudo atender a un ciudadano en la lengua regional.

El informe también habla de «discriminación» por parte de las plataformas televisivas en streaming. En concreto, de Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Rakuten TV, Apple TV+, Movistar+ y Disney+, que «continúan sin tener en cuenta el catalán ni a los diez millones de potenciales consumidores catalanoparlantes, a pesar de las miles de solicitudes de los usuarios». También cargan contra TripAdvisor por no disponer de web en catalán ni dejar comentar en esa lengua, contra Decathlon y contra numerosas instituciones, como consejerías de la Generalitat Valenciana o ayuntamientos.

Desde estas entidades nacionalistas se quejan hasta del Horno de los Borrachos, una red de puestos de bollerías cuyos trabajadores suelen ser extranjeros, por no entender el valenciano. El informe, publicado el 4 de diciembre, tiene como fin, según explican sus autores, en argot nacionalista, «visibilizar la discriminación que sufre la ciudadanía cuando habla valenciano en el País Valencià, a pesar de estar al amparo de la ley vigente».