Imagen de archivo del barco Aita Mari, de rescate de inmigrantes ilegales en el Mar
El barco que Vox tacha de «negrero» atraca un mes en Valencia y justifica con charlas la inmigración ilegal
Esta embarcación tenía una deuda de 63.000 con la Generalitat Valenciana por el impago de tasas portuarias acumuladas durante la época de la Covid-19
El barco de recogida de inmigrantes ilegales 'Aita Mari', el cual tenía una deuda de más de 63.000 a la Generalitat Valenciana en concepto de tasas por desembarcar en sus puertos en el mes de octubre y cuyo proceso legal está parado, ahora atraca un mes entero y abre sus puertas al público en Valencia para ofrecer visitas guiadas y charlas sobre inmigración ilegal.
A través de estas visitas de entrada gratuita, la ONG busca «dar a conocer las razones que llevan a tantas personas a dejar sus hogares y las adversidades que enfrentan durante su viaje migratorio, explican los responsables del navío».
Actualmente el barco no está en misión, así que aprovecha este tiempo parado para dar charlas y convencer a la gente de que colabore con ellos para sus labores en el mar Mediterráneo. Al finalizar cada visita, instan a los asistentes a colaborar económicamente, ya que la ONG monta una tienda con merchandising del Aita Mari y ofrece la posibilidad de apuntarse a una membresía de socios, cobrando una cuota mensual.
Deuda de 63.000 euros
La embarcación del Aita Mari en concreto, ha vuelto Valencia tan solo unos meses después de la polémica con el cobro de tasas y las acusaciones a Vox de xenofobia y racismo. Y es que, en octubre de 2024 se anunció que la ONG debía un total de 63.000 euros al Gobierno valenciano, ya que, durante el mandato del tripartito del Botánico, se aprobó una ley que mantenía exentos de pagar tasas portuarias a este tipo de barcos, por lo que las diferentes organizaciones utilizaban los puertos de las tres provincias de la Comunidad Valenciana sin ningún tipo de coste, a diferencia de las demás embarcaciones.
El Consell, encabezado por Carlos Mazón y a petición de Vox, aprobó un macrodecreto de simplificación administrativa que derogaba esta ventaja, lo que obligaba a dichos buques a volver a pagar el impuesto pertinente. Una liquidación con efecto retroactivo por el tiempo que utilizaron este beneficio sin coste, y que, por ende, ahora deben abonar la deuda acumulada.
Imagen de una misión de rescate de inmigrantes ilegales del 'Aita Mari'
En el caso de la ONG de origen vasco, el Ejecutivo valenciano reclama el impago de estos cuatro años, desde 2021, por atracar en el Puerto de Burriana, en Castellón. La entidad hizo pública esta deuda que acumula mediante un comunicado, alegando que «pone en peligro» su próxima misión de rescate en el Mediterráneo y deja el proyecto «en una situación complicada». Actualmente, el proceso está parado y no ha trascendido si la embarcación ya está al corriente de sus deudas con la Generalitat.
Querella contra Vox
El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Burriana y diputado de las Cortes Valencianas, Jesús Albiol, se pronunció sobre la deuda del Aita Mari por las tasas portuarias en su momento, recibiendo después múltiples acusaciones por odio, xenofobia y racismo por parte de la misma ONG, quienes interpusieron una querella contra él.
Albiol señaló que eran «barcos negreros y cooperadores necesarios de las mafias que trafican con personas». Unas declaraciones que, tras recibir las críticas y acusaciones de racismo, se reafirmó en ellas a pesar del pleito legal.
«Me quieren llevar a los tribunales para que me retracte. Yo lo que he hecho ha sido manifestar una opinión pública, en distintos medios de comunicación y en distintas intervenciones. Les he llamado lo que son: barcos negreros del siglo XXI». Así se pronunció por última vez sobre el tema el concejal de Vox en un comunicado.
Polémicas de las ONG en Castellón
El impago de las tasas portuarias no son la única polémica en la que se han visto envueltas estas embarcaciones en la región valenciana. Y es que, durante la pandemia de la Covid-19, cuando los barcos atracaban en la provincia de Castellón de manera gratuita, estuvieron amarrados en Burriana el 'Alan Kurdi', 'Open Arms', 'Sea Wacht 4' y el 'Louis Michel', y los operarios del puerto denunciaron que la tripulación incumplía los protocolos de seguridad, atraque y consumo.
Los tripulantes no usaban mascarilla ni guardaban distancias de seguridad, acumulaban basura en el muelle y consumían luz y agua del propio puerto. Durante la pandemia y los meses posteriores, los usuarios y trabajadores del Puerto de Burriana presentaron quejas por las conductas de los voluntarios y tripulantes de estas embarcaciones, que «se mueven como por su casa sin portar mascarillas y tampoco guardan distancias».
A pesar de las denuncias de los trabajadores y que algunos medios se hicieron eco mediante imágenes sobre la suciedad y el estado del Puerto de Burriana, la investigación no fue a más y las embarcaciones de ayuda humanitaria no tuvieron ninguna consecuencia económica por el incumplimiento de estas normas.