La deuda del 'Aita Mari' se suma a las polémicas de embarcaciones de inmigrantes en los puertos de Castellón

Tras conocerse el caso del barco 'Aita Mari' y su deuda de 63.300 euros en concepto de tasas a la Generalitat Valenciana, han salido a la luz otras polémicas relacionadas con este tipo de embarcaciones y ONG en los puertos castellonenses, más concretamente en el de Burriana, donde estos años han atracado de forma gratuita múltiples barcos de rescate humanitario.

Durante el mandato del tripartito del Botánico, se aprobó una ley que mantenía exentos de pagar tasas portuarias a este tipo de barcos, por lo que las diferentes organizaciones utilizaban los puertos de las tres provincias de la Comunidad Valenciana sin ningún tipo de coste, a diferencia de las demás embarcaciones.

El Consell, encabezado por Carlos Mazón y a petición de Vox, aprobó un macrodecreto de simplificación administrativa que derogaba esta ventaja, lo que obligaba a dichos buques a volver a pagar el impuesto pertinente. Una liquidación con efecto retroactivo por el tiempo que utilizaron este beneficio sin coste, y que por ende, ahora deben abonar la deuda acumulada.

En el caso de 'Aita Mari', la ONG de origen vasco, el Ejecutivo valenciano reclama el impago de estos cuatro años, desde 2021, por atracar en el Puerto de Burriana. La entidad ha hecho pública esta deuda que acumula mediante un comunicado, alegando que «pone en peligro» su próxima misión de rescate en el Mediterráneo y deja el proyecto «en una situación complicada».

Incumplían protocolos anticovid

Pero esta no es la única polémica que ha surgido alrededor de estos barcos de ayuda humanitaria que se han establecido en la provincia de Castellón. Cabe recordar que, a pesar de que durante años estas embarcaciones han tenido total libertad de amarre y prioridades en los puertos valencianos, han causado otros conflictos ajenos al impago de tasas.

Cuatro de las naves de rescate de inmigrantes en el Mediterráneo que acogía el Puerto de Burriana como base de invernada y reparaciones durante la pandemia del Covid-19 eran el 'Alan Kurdi', 'Open Arms', 'Sea Wacht 4' y el 'Louis Michel'. La Generalitat les permitía el amarre gratuito, pero incumplían protocolos de seguridad, atraque y consumo.

Los tripulantes no usaban mascarilla ni guardaban distancias de seguridad, acumulaban basura en el muelle y consumían luz y agua del propio puerto. Durante la pandemia y los meses posteriores, los usuarios y trabajadores del Puerto de Burriana presentaron quejas por las conductas de los voluntarios y tripulantes de estas embarcaciones, que «se mueven como por su casa sin portar mascarillas y tampoco guardan distancias».

Otros operarios del recinto también denunciaron que se organizaban reuniones, fiestas y otras celebraciones dentro de los barcos y fuera de ellos, en el muelle. Por otro lado, aunque sí estaban exentos del pago por amarre, no lo estaban de asumir los gastos generados con su presencia, como el consumo de agua o de luz.

Según manifestaron fuentes del entorno portuario, se conectaron ilegalmente a un punto de recogida de agua, por la que tendrían que abonar el gasto realizado, y la mayor de las veces enganchan también a la luz del Puerto. Además, su consumo de luz se incrementaba puntualmente cuando realizaban labores de reparación con maquinaria eléctrica, lo que supuso cortes del suministro del luz en el resto de la zona portuaria.

A pesar de las denuncias de los trabajadores y que algunos medios se hicieron eco mediante imágenes sobre la suciedad y el estado del Puerto de Burriana, la investigación no fue a más y las embarcaciones de ayuda humanitaria no tuvieron ninguna consecuencia económica por el incumplimiento de estas normas.

Era una norma «sin amparo legal»

Tras estos años de 'barra libre' para las diferentes ONG en los puertos valencianos, el Consell está comenzando a poner las cartas sobre la mesa con la derogación de la exención del pago de tasas de amarre con carácter retroactivo.

En cuanto al caso concreto del 'Aita Mari', la Generalitat ha declarado que la norma aprobada por el entonces Gobierno del Botánico se hizo «sin ningún tipo de motivación y sin aprobar resolución alguna». Es decir, que la norma aprobada por el anterior Ejecutivo valenciano era «una decisión sin amparo legal en la que se limitaba a dejar caducar los diferentes expedientes».

Explican que ahora lo que se ha hecho es «regularizar la situación que carecía de soporte administrativo y aplicar la misma normativa que lleva en vigor durante los diferentes años». También han aclarado que las diferentes embarcaciones «pueden recurrir las tasas que se han cobrado y se analizará la situación caso a caso».

«Existe una voluntad de diálogo permanente con las embarcaciones humanitarias y siempre se les va a garantizar que puedan recalar en los diferentes puertos de la Comunidad Valenciana sin ningún tipo de veto, pero sí cumpliendo la normativa en vigor», han indicado desde la Consejería del ramo.

La Generalitat recuerda que «siempre que alguna embarcación de este tipo ha solicitado amarre, se ha priorizado esa petición de tal forma que siempre han podido guarecerse en los puertos de la Comunidad».