La consulta de la lengua en la educación valenciana transcurre entre problemas técnicos y recursos judiciales

El proceso de consulta sobre la lengua base en la educación de la Comunidad Valenciana ha comenzado con dificultades técnicas, situación que ha aprovechado el nacionalismo para criticar, una vez más, el proceso. Desde el inicio del procedimiento a las 9:00 horas del martes, la plataforma telemática dispuesta por la Consejería de Educación sufrió una saturación que impidió a numerosas familias completar el trámite. Un total de 570.000 familias están llamadas a participar en la votación, que se desarrollará hasta el 4 de marzo, y cuyos resultados determinarán la planificación lingüística en los centros escolares a partir del curso 2025-2026.

La asociación nacionalista Famílies pel Valencià ha denunciado que «centenares de familias han tenido problemas inaceptables y fruto de la opacidad de la Conselleria de Educación durante todo el procedimiento». Entre las principales incidencias registradas, destacan errores en la plataforma, como la imposibilidad de marcar la opción del valenciano en dispositivos móviles o datos incorrectos en el baremo, especialmente en lo relativo al domicilio y al número de hermanos, según asegura la asociación.

Ante esta situación, Famílies pel Valencià y la Plataforma per l'Ensenyament Públic han puesto en marcha una campaña de reclamaciones para exigir que la Dirección General de Ordenación permita la rectificación de los datos introducidos. Este requerimiento, según su relato, ampara en una sentencia del Tribunal Supremo, que reconoce el derecho a corregir errores en procedimientos administrativos similares.

Posiciones antagónicas

Además de las críticas de estas asociaciones, la consulta también ha generado un fuerte rechazo desde los sindicatos vinculados al nacionalismo de izquierdas. Tanto UGT como el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) han denunciado «presiones políticas» y «coacciones» de la Consejería hacia los centros educativos. UGT ha señalado que en Sagunto se habrían producido presiones sobre el concejal de Educación, con advertencias de posibles represalias contra directivos escolares si se exhibía cartelería institucional de promoción del valenciano. Esta denuncia se plantea ante la reclamación de la Administración valenciana de desarrollar la consulta sin injerencias, para que los padres puedan elegir con libertad.

Por su parte, el consejero de Educación, José Antonio Rovira, ha defendido que la consulta es «un ejercicio de democracia y transparencia total». Ha asegurado que «la planificación educativa en cada lengua se hará en base a la voluntad de las familias, no de la Administración ni de organizaciones políticas». Además, ha recalcado que el proceso cuenta con garantías, ya que el voto queda registrado y cada participante recibe un justificante.

Además, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido en que «su decisión será sagrada para nosotros, se va a respetar». Según el jefe del Consell, la consulta representa un avance respecto al modelo anterior, donde «era la Administración la que determinaba la lengua en cada centro».

Mientras el proceso de votación continúa, las protestas por parte de los sectores nacionalistas no cesan. Las organizaciones que critican la consulta aprovechan los fallos técnicos para denunciar «falta de transparencia», mientras que la Generalitat defiende la iniciativa como una ampliación de los derechos de las familias. La disputa sobre la gestión del proceso y sus consecuencias educativas parece estar lejos de llegar a un punto de encuentro.