
Carlos Mazón y Pedro Sánchez, en Valencia, en una imagen de archivo
El balón de oxígeno de Vox a Mazón con los Presupuestos desnuda la debilidad parlamentaria de Sánchez
El desbloqueo de las Cuentas valencianas contrasta con la situación de las del Gobierno central, que ya se vio obligado a prorrogar las de 2023 y vislumbra un horizonte similar este año por la falta de apoyo de varios de sus socios
Aunque con condiciones (muchas), Vox se ha abierto explícitamente este lunes a aprobar los Presupuestos de la Generalitat Valenciana. El presidente autonómico, Carlos Mazón, anunciaba en una comparecencia un acuerdo con los de Santiago Abascal que éstos se encargaron de rebajar minutos después precisando que lo que se había conseguido era «desbloquear las negociaciones». A falta de concretar qué medidas conseguirá Vox incluir en las Cuentas, la realidad es que Mazón articuló un discurso en el que recogía algunas de las demandas de Vox, tales como poner coto a la inmigración ilegal descontrolada y confrontar las políticas verdes europeas.
Todo indica que PP y Vox conseguirán entenderse, toda vez que José María Llanos, portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, venía manifestando desde hacía meses su predisposición a dar su apoyo parlamentario a unos Presupuestos clave, dada la situación calamitosa en la que se encuentra sumida buena parte de la provincia de Valencia después de la fatal dana del pasado 29 de octubre. Mazón recoge un balón de oxígeno en uno de sus peores momentos al frente del Gobierno autonómico, con el Gobierno central y la oposición a nivel nacional y regional pidiendo su cabeza y con voces internas 'populares' que no están conformes con su continuidad al frente del Ejecutivo.
La mala imagen del político alicantino por su gestión de la riada se ve mejorada en parte, con unas Cuentas que se traducen en progreso y estabilidad para un Consell en horas bajas. Del otro lado, desnudan a un Pedro Sánchez que es incapaz de garantizar que este año no se vuelvan a prorrogar los Presupuestos de 2023, por segundo año consecutivo. El pasado ejercicio el contexto estaba regido por el adelanto electoral en Cataluña y las dificultades para contentar al mismo tiempo a Junts y ERC. Este año, estos mismos partidos siguen siendo protagonistas, aunque se suman otros de sus socios, que ven en el rearme en defensa avanzado por el presidente del Gobierno un filón para dar su negativa a las Cuentas.
Pese a la amalgama de siglas que conforman la mayoría parlamentaria del líder del Ejecutivo, éste se está demostrando como un gigante con los pies de barro y el horizonte de aprobar unos Presupuestos nuevos este año se ve bastante difuso en Moncloa. Y si a Junts le ha otorgado la competencia de fronteras en Cataluña, desde ERC critican con dureza el aumento del porcentaje del PIB en Defensa para afrontar el convulso panorama geopolítico con Rusia como Némesis. Tanto Gabriel Rufián como Oriol Junqueras han sido explícitos en su negativa.
Podemos está viendo, asimismo, un filón en su estrategia de diferenciación de sus antiguos camaradas de Sumar, integrantes del Gobierno de coalición, y están deletreando en mayúsculas su 'No' a dar su soporte al rearme de Sánchez, el «señor de la guerra» (Ione Belarra dixit). Los nacionalistas del BNG tampoco están por la labor de aumentar el gasto en defensa. Desde Moncloa toman nota y van allanando el camino para publicitar que para esa aprobación de un mayor gasto militar no hacen falta ni parlamentos ni Cuentas. Y es que la imagen de una nueva derrota parlamentaria, y en un asunto tan crucial como unos Presupuestos, debilitarían enormemente la ya desgastada imagen del Ejecutivo.
Mientras, al Gobierno de la Generalitat ya le afean algunos medios el acercamiento a Vox y le preguntan si «ha cedido». La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, salía al paso este lunes y apuntaba a que «la cesión es a los valencianos». «Nosotros no hacemos como Sánchez, que ni tiene Presupuestos y que cede permanentemente» a «los postulados del separatismo más radical». Para reforzar su argumento recordó que el propio presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, tildó de «racista» el acuerdo migratorio con Junts.