La creación de una oficina provida en Alicante indigna a Podemos y Compromís
Se trata de una de las peticiones que Vox exigió para aprobar el presupuesto de la ciudad y servirá para ayudar a continuar con el embarazo a las mujeres en situaciones vulnerables que se planteen abortar
Después de que Partido Popular y Vox llegaran a un trato para aprobar el Presupuesto de Alicante el pasado 9 de enero, la izquierda se revolvió contra su alcalde, Luis Barcala, no solo por aceptar el fin de las multas en la zona de bajas emisiones, sino también por dar luz verde a la creación de la oficina para la asistencia a la maternidad.
La portavoz del grupo municipal de Vox, Carmen Robledillo, defendió su propuesta de dar un servicio de atención a la maternidad «a aquellas mujeres que se encuentren en una situación difícil o vulnerable en el momento de descubrir su embarazo y se hallen en un callejón sin salida. Por ello se asistirá y apoyará a las mujeres embarazadas, para que puedan llevar a término su embarazo, realizando un programa de asesoramiento y orientación sobre las ayudas disponibles».
En este sentido, Robledillo explicó que se trata de una oficina donde encontrar apoyo. «Si una niña de 15 años se queda embarazada y la tiran sus padres de casa porque no quiere abortar, porque esos problemas están sucediendo en esta ciudad, tendrá un lugar donde poder refugiarse y poder ser atendida debidamente».
Respuestas de la izquierda
Desde Compromís tildan a la oficina para la asistencia a la maternidad planteada por Vox «como una oficina antiabortista encubierta» y aseguran que incumple la ley actual 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
La última en dar su opinión sobre la oficina provida ha sido la secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, durante un encuentro con asociaciones sociales precisamente en la ciudad de Alicante, este miércoles, desde donde ha recordado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que tiene «la obligación de cumplir con la ley del aborto, le guste o no».
La líder de Podemos y exministra de Derechos Sociales ha calificado como «necesario poner en marcha registros de objetores de conciencia y reforzar el personal para garantizar que este derecho es asegurado para todas las mujeres en la Comunidad Valenciana».