El concejal de Movilidad de Castellón, Cristian Ramírez
El Ayuntamiento de Castellón, en un brete tras destaparse que el edil de Movilidad no pagó decenas de multas
El concejal del ramo habría sido sancionado hasta en 167 ocasiones por aparcar mal en un año, una conducta que la alcaldesa tilda de «injustificable», por lo que convocará un Pleno para que dé explicaciones
A los políticos se les suele exigir que sean modélicos, más aun en las áreas en las que trabajan, aunque en algunos casos quizás habría que conformarse simplemente con que paguen lo que deben al erario. Es el caso del concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castellón, Cristian Ramírez, quien acumula hasta 134 multas sin pagar, del total de 167 que le ha puesto la Policía Local por aparcar mal en el último año, según denuncia la oposición y, en parte, admite el Gobierno municipal.
La polémica lleva días arrastrándose, desde que el PSPV denunció los hechos cometidos presuntamente por el edil 'popular'. En concreto, hace menos de una semana, el Grupo Municipal Socialista aseguró en el Pleno municipal que Ramírez sumaba ya esas casi 170 sanciones por estacionar de manera irregular su vehículo en las zonas azules de la capital de la Plana. El edil del ramo había pagado 33 de ellas, a razón de 5,25 euros, «pero lo escandaloso es que existen nada menos que 134 que no pagó en tiempo y forma, por lo que ya pasan a expediente sancionador por parte del Ayuntamiento», apuntó el concejal socialista Jorge Rives.
«Estamos ante un escándalo mayúsculo, porque hablamos nada menos que del concejal de Movilidad, el que se encarga de controlar el buen desarrollo de todas las normas que afectan al aparcamiento de la ciudad, y resulta que nos encontramos con un edil del PP que presuntamente incumple la zona azul y que presuntamente no ha pagado las multas», abundó el edil del PSPV.
A finales de la semana pasada, el portavoz del Consistorio castellonense, Vicent Sales, admitió que su compañero tenía 29 multas sin pagar y que había decidido abonarlas todas a la vez. En total, más de 2.000 euros de una tacada. Aun así, a Ramírez todavía le quedarían por abonar a las arcas municipales decenas de multas, todas ellas comprendidas en el periodo entre el 1 de febrero de 2023 y al 30 de enero de 2024, según la información del Ayuntamiento que aseguran manejar en el PSPV.
«Está muy arrepentido»
Una vez que desde las filas 'populares' se ha reconocido, al menos en parte, la magnitud de la situación del concejal de Movilidad, la alcaldesa, Begoña Carrasco, ha decidido tomar cartas en el asunto, aunque, por ahora, mantiene en su cargo a un Ramírez que todavía no ha dado la cara públicamente por unos hechos que constituyen una conducta que la propia regidora tilda ya de «injustificable».
Carrasco ha anunciado este martes que convocará un Pleno en el Ayuntamiento para que Ramírez dé explicaciones a la ciudadanía, tras las peticiones de los socialistas, que quieren que le cueste el cargo al edil. «Yo creo que la conducta es injustificable, él ya lo sabe y está muy arrepentido, y no quiero ni puedo justificarla, y lo que voy a hacer es convocar un Pleno cuando los tiempos administrativos nos permitan para que el concejal dé las explicaciones oportunas que creo que se merece la ciudadanía», ha apuntado.
Imagen del vehículo del concejal de Movilidad de Castellón en una zona azul
Para Carrasco, el proceder del concejal de Movilidad «es un error», aunque ha apuntado que ya «ha pagado por él». «De hecho se ha puesto al día en la Oficina de Recaudación y, por tanto, va a seguir cumpliendo, y de eso me encargaré yo personalmente, con su responsabilidad ciudadana», ha insistido sobre un concejal cuya medida más significativa ha sido precisamente la de cambiar el sistema de multas de la ciudad dentro del casco histórico por una política disuasiva en lugar de punitiva que había derivado en el fin de las sanciones.
Es un error que va a pagar de su bolsillo y no va a tener coste para el erario públicoAlcaldesa de Castellón
«Es un error que va a pagar de su bolsillo y no va a tener coste para el erario público», ha asegurado Carrasco, quien ha señalado que ha pedido a Ramírez «que cumpla con sus obligaciones». «No es una conducta ejemplar y a los representantes políticos se nos exige ejemplaridad, pero no hablamos de un delito, ni siquiera de una sanción de tráfico, sino de una sanción administrativa y le he pedido que se ponga al día. Me consta que ya lo ha hecho, y les garantizo que cumplirá con su responsabilidad ciudadana, como cualquier hijo de vecino», ha aseverado.
Un acto de «su esfera privada»
La alcaldesa de Castellón parece que por el momento no cesará al edil de Movilidad, ya que ha avanzado que éste continuará desarrollando su labor «con normalidad, con la gestión ordinaria», ya que, a su entender, «hablamos de un acto de su esfera privada, que no está bien, pero no es un acto realizado en el ejercicio de su competencia pública».
Las polémicas en torno a Ramírez, sin embargo, no son nuevas, y de hecho su labor está siendo el flanco más débil por el que el PSPV ataca al Ejecutivo municipal gobernado en coalición por PP y Vox. Así, a mediados de enero ya estalló la polémica porque el PSPV denunció que el concejal habría realizado personalmente una campaña de difamación a través de pintadas contra los socialistas, ya que una furgoneta alquilada a su nombre habría aparecido junto a las mismas, en base a un atestado policial. Desde el PP replicaron advirtiendo a los socialistas que se querellarían contra ellos si no dejaban de «mentir».