El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, a su llegada como procesado a la Audiencia Provincial
El fiscal pide 9 años y dos meses de cárcel para el exvicealcalde de Valencia por el caso Imelsa
El Ministerio Público ha aumentado en dos meses su solicitud de pena para Alfonso Grau por una presunta financiación ilegal de las campañas del PP de Valencia entre 2007 y 2011
La Fiscalía Anticorrupción ha elevado este jueves hasta los nueve años y dos meses (solicitaba nueve) la petición de cárcel para el que fuera vicealcalde de la ciudad de Valencia Alfonso Grau durante la etapa de la exregidora fallecida Rita Barberá, por la presunta 'caja B' del Partido Popular, en la pieza A del denominado caso Imelsa.
Además, ha aumentado la petición de pena de prisión para otros dos acusados, como son el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas y el exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón. Para ambos solicita cinco años y dos meses de cárcel frente a los cinco iniciales. Esta modificación es producto de haberles añadido el delito continuado de falsedad.
Por su parte, el Ministerio Público mantiene la pena de un año de cárcel para la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster por un delito de cohecho. La acusación popular, ejercida por Compromís, se ha adherido a lo reclamado por el fiscal. Por el contrario, las defensas han pedido la absolución para sus representados y, subsidiariamente, que se apliquen dilaciones indebidas muy cualificadas.
Pagos por trabajos no realizados
Anticorrupción ha elevado a definitivas sus conclusiones en la novena sesión del juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia contra Grau, Santón, Salinas y García Fuster por una presunta financiación irregular en las campañas electorales del PP de València en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas. Inicialmente, en esta pieza había 49 personas acusadas entre las que se encontraban el propio PP y concejales y asesores del grupo municipal 'Popular' en el Ayuntamiento de la capital regional en la época de Barberá. Sin embargo, el procedimiento se archivó contra ellos y solo han quedado cuatro acusados.
En su exposición, la Fiscalía ha explicado que en su nuevo escrito de calificación se suprime el delito de blanqueo que figuraba inicialmente en la causa, el conocido como 'pitufeo', al archivarlo la Audiencia. Sí mantiene el delito continuado de malversación para Grau, Salinas y Santón y les añade el delito de falsedad documental. A Grau también le imputa un delito de cohecho y, a Fuster, otro de cohecho.
Alfonso Grau, en el centro de la imagen, en un momento del juicio
En relación con el delito de falsedad, el fiscal ha explicado que, tal y como expondrá en su informe el próximo lunes, diversos contratos cuestionados y que obran en el procedimiento se pagaron y no se realizaron los trabajos. «Es uno de los instrumentos para cometer la malversación», ha dicho. Además, ha introducido en su escrito definitivo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas puesto que la causa fue incoada por el juzgado en el año 2016, dos ejercicios más tarde, en 2018, Fiscalía solicitó una prórroga y no se practicó ninguna diligencia relevante hasta el auto de incoación en 2021. «Hay dilaciones no atribuibles a las defensas», ha aseverado.
Por último, ha reclamado que se deduzca testimonio por posible delito de falso testimonio a un exasesor de Grau, testigo clave del Ministerio Público, por cambiar su versión en el juicio, que fue totalmente opuesta a lo que dijo ante la Guardia Civil y en la fase de instrucción.
