Un estudio rechaza la ley educativa de PP y Vox en Valencia por ser una «sumisión lingüística»

La asociación Idiomas y Educación rechaza el Proyecto de Ley de Libertad Educativa presentado por el Partido Popular y Vox en las Cortes Valencianas por considerar, primeramente, que «los ciudadanos deben conocer cómo es» el texto, que se presentó el Jueves Santo «por procedimiento de urgencia», con lo que insta a abrir un «debate» sobre la futura norma.

Igualmente, el colectivo denuncia que la ley «no es un modelo de libertad», sino «de sumisión lingüística» porque, a su juicio, se trata «de una continuidad de la Ley de Plurilingüismo de Marzá, de Compromís, y el PSPV-PSOE, que iniciaba la deriva nacionalista en la Comunidad Valenciana, discriminando al español y a los alumnos que lo tienen como lengua materna». En un comunicado, la asociación incide en que la norma «llama libertad de lengua a unas votaciones de mayorías, no a la propia elección de los padres» al igual que «acepta que las lenguas se aprenden vehiculando materias, lo que es falso, pues se pierde profundidad en la comprensión y estudio de la materia vehiculada por profesores que, además, no son 100 % bilingües en la lengua».

En este sentido, Idiomas y Educación recalca que los consejos escolares «no son una representación real de padres y alumnos», puesto que «están muy ponderados por la opinión de docentes y directivos de cada centro» como consecuencia del condicionamiento del requisito lingüístico: «El consejo escolar suele estar compuesto por profesores que anteponen la ventaja que les confiere su adquirido requisito o sus convicciones nacionalistas al interés de los alumnos, por lo que el español quedará relegado a materias de poca presencia lingüística», afirma.

Otro de los «errores» que el colectivo advierte de la ley son «los mínimos y máximos de porcentajes regulados en lenguas vehiculares», que en esencia será «de un 50-50 valenciano-castellano con independencia de lo que haya votado cada padre», con lo que prevé que se «dará alas al profesorado nacionalista con resultado de priorizar el valenciano en las materias troncales de gran carga lingüística».

«Discriminación a los alumnos»

En el escrito, hace hincapié en que el español, «que es derecho y es deber en la Constitución Española y por tanto la única lengua que un ciudadano español tiene obligación de aprender», cree que «sucumbirá ante un valenciano que solo es derecho en su Estatuto de Autonomía». Por ello, Idiomas y Educación reprocha al PP y Vox su «inmovilismo» en el Consell por «mantener el requisito lingüístico a docentes» y señala a los 'populares' por haber promovido en 2013 una norma inicial «que impulsa la identidad y el nacionalismo».

Además, señala que en la iniciativa, aunque se incorporan cambios sobre el requisito en algunas enseñanzas, en Formación Profesional (FP), Música y Educación Especial, «se tendrá en cuenta el mérito a docentes», con lo que dichas materias «también serán vehiculadas en ambas lenguas». En concreto, la asociación recuerda que la FP «no es de ámbito local ni comarcal, sino intercomarcal y provincial, por lo que deben vehicularse en una lengua que no genere discriminación a los alumnos».

Por otro lado, el colectivo menciona el apartado de la ley en el que se trata lo relativo a las zonas castellanohablantes, que incluyen al 13 % de la población de la región. Al igual que en el ámbito anterior, reconoce que «sí ha habido una cierta determinación» al respecto, pero censura que «la aplicación de la exención genera incoherencias». Por otra parte, indica que en ciudades como Alicante, donde el valenciano no alcanza el 6 %, u otras como Valencia o Elche, los estudiantes «seguirán sufriendo la imposición».

Esto, unido, a que «el PP dice que no hay intención de cambiar la ley de 1983 de Uso y Enseñanza del Valenciano», lleva a Idiomas y Educación a calificar la norma presentada en el Parlamento autonómico de «nefasta». «Un engaño en toda regla al electorado de la Comunidad Valenciana del PP y de Vox que conducirá al fracaso educativo en PISA, al perder la lengua materna y promover la deriva separatista», insiste, apuntando que con su aprobación se dará «continuidad a la ingeniería social del nacionalismo».