Agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivoFlickr

Guardias civiles hartos de ser «moneda de cambio política» piden a los partidos que aclaren si les sacarán de Galicia

El BNG incluyó en su programa electoral la sustitución de la Policía y la Guardia Civil por un cuerpo autonómico

La asociación profesional Justicia para la Guaria Civil (Jucil) ha remitido cartas a los dos principales candidatos a la presidencia de la Xunta de Galicia en las elecciones del próximo domingo, Alfonso Rueda (PP) y José Manuel Gómez Besteiro (PSOE), en la que expresan su preocupación por las pretensiones incluidas en el programa electoral del BNG para la creación de un cuerpo policial autonómico «en un claro perjuicio tanto policial como personal para los guardias civiles destinados y residentes en Galicia», señala la misiva. «Una vez más vemos cómo los guardias civiles se convierten en moneda de cambio política por un puñado de votos que garantice un mejor resultado electoral y dejando de lado la seguridad de los ciudadanos gallegos», argumentan

El secretario general de Jucil solicita a los dos cabezas de lista de las elecciones gallegas que «en su argumentario electoral expresen con total claridad la defensa de la Guardia Civil y de los miles de agentes que la forman, así como la no salida de estos de Galicia, junto con la defensa de los interese de los ciudadanos gallegos, a los que no se ha preguntado si quieren que su Guardia Civil, que vela por la seguridad en el entorno rural, sea eliminada de los núcleos urbanos», indica el texto. Además, la asociación propone en su carta a ambos candidatos la posibilidad de mantener una reunión, urgente y previa a las elecciones. «Con el fin de transmitirles, de primera mano, la preocupación por el repliegue que supondría la transferencia de funciones a una futura policía autonómica», precisan.

El BNG recoge en su programa la creación de una policía gallega propia, que asumiría los efectivos de la actual unidad de la Policía Nacional adscrita a Galicia, pero también a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, dado que esta competencia dejaría de ser del Estado y pasaría a la Comunidad.