La batalla de la eólica se disputa en Galicia: datos, judicialización, pros y contras

«La energía eólica, en su condición de energía procedente de una fuente inagotable y en atención a su carácter de limpia, es un activo que debe ser impulsado desde los poderes públicos». Es el mensaje que recoge la ley del aprovechamiento del viento de Galicia que fue aprobada en 2009 por el gobierno del popular Alberto Núñez Feijóo. En la actualidad hay instalados más de 4.000 aerogeneradores en todo el territorio, la mayor parte antes de 2010, debido al recorte del Gobierno central a las primas de las renovables tras el estallido de la crisis económica.

La legislación autonómica también matiza que el carácter no contaminante «no implica que su implantación sea totalmente inocua» porque «supone servidumbres, cargas inevitables para el entorno, el medio natural, el paisaje y el hábitat en el que se localizan, que en parte deviene transformado no solo como consecuencia del impacto visual producido por la existencia de los aerogeneradores, sino también como resultado de las infraestructuras que esos elementos requieren, como son los caminos de acceso y las líneas de evacuación». A esta idea se agarran ecologistas, vecinos afectados y partidos políticos como el BNG, que desde hace años protestan contra la implantación masiva, a su entender, de este sector. Su mensaje principal es «eólica sí, pero no así», que puede leerse en diversas pancartas situadas en el rural gallego, que es el que soporta la puesta en marcha de este negocio.

El sector empresarial defiende las bondades de la puesta en marcha de nuevos parques. La Asociación Eólica de Galicia (compuesta por empresas tan conocidas como Acciona, Endesa, Cobra, Iberdrola, Naturgy o Greenalia) dispone de un estudio económico en el que lanza una serie de datos calculados en 2020: más de 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos creados por este negocio, contribución total al Producto Interior Bruto (PIB) gallego de cerca de 500 millones de euros, 11 millones abonados a los propietarios de los terrenos en concepto de alquiler, ahorro de importaciones de combustibles fósiles o que la producción eólica cubrió en 2020 el 54 % del total de la demanda de electricidad en Galicia.

«Nuevo modelo eólico»

En el otro lado se encuentran numerosos colectivos que protestan desde hace tiempo. En las semanas previas a las elecciones autonómicas del pasado mes de febrero un total de 43 colectivos y asociaciones vecinales, de afectados por parques eólicos, ecologistas y de consumidores hicieron un llamamiento conjunto a todas las fuerzas políticas para proponer la puesta en marcha de un «nuevo modelo eólico» para Galicia, ya que en el actual «solo se escucha y se cumple lo que dicen las empresas y se deja fuera al resto de los actores sociales». Además, indicaban que en este proceso «se debe implicar a todas las partes de la sociedad», desde administraciones, empresas, sindicatos, comunidades de montes, partidos políticos, asociaciones, colegios profesionales, jueces, científicos y vecinos afectados directamente”.

En los últimos tres años se han producido importantes manifestaciones a lo largo de la región. Una de las más destacadas se produjo en 2022 en Santiago, en la que participaron centenares de personas que rodearon la sede del Gobierno gallego. No fue la única, ya que también se registraron otras en 2021 y 2023.

Muras, 381 molinos y 600 vecinos

Los datos recopilados por el Observatorio Eólico de Galicia, vinculado a la Universidad de Vigo, revelan que hasta 2019 se habían instalado más de 4.000 aerogeneradores en territorio gallego.

Según esta entidad, «los municipios que concentran la mayor parte de los molinos están radicados en las sierras que componen la Dorsal Gallega y en las zonas de costa de la provincia de La Coruña», destacando «particularmente la densidad eólica existente en la Sierra de O Xistral con ayuntamientos como el de O Valadouro, Abadín u Ourol que cuentan con cientos de aerogeneradores instalados en sus términos municipales».

El ayuntamiento de Muras, situado al oeste de la provincia de Lugo y que cuenta con 600 habitantes, es el que encabeza esta lista con un total de 381 aerogeneradores en funcionamiento.

La batalla judicial

El conflicto por la implantación de nuevos parques eólicos también ha llegado a los tribunales. El Tribunal Supremo abrió la puerta a tumbar múltiples suspensiones de proyectos eólicos tras una sentencia hecha pública en diciembre de 2023 en la que revocó la anulación de la autorización previa y de construcción del parque eólico de Corme G-3, en el término municipal de Ponteceso (La Coruña) que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Según este fallo, «no puede declararse la invalidez del trámite de información pública por el incumplimiento de un requisito formal de previa realización del trámite de consulta a las Administraciones afectadas por el proyecto, que no está establecido como tal ni en la directiva ni en la ley.»

El veredicto también recoge que en cuanto al acortamiento de 30 a 15 días del plazo del trámite de información pública, «tampoco comparte el Supremo que pueda permitir anular la autorización, porque los dos preceptos en los que se sustenta la improcedencia de tal reducción, uno de la ley y otro de la directiva, no resultan de aplicación al supuesto analizado».

La Xunta y la Asociación Eólica de Galicia celebraron este dictamen judicial. «La sentencia del Tribunal Supremo reconoce que las empresas promotoras de proyectos eólicos han sido rigurosas con todos los procedimientos administrativos y el estricto cumplimiento de la normativa de la Xunta de Galicia en la materia», indicó la patronal eólica.

La batalla judicial volvió a tener novedades a principios de este mes. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha solicitado l al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determine si la Xunta debió poner a disposición del público interesado (no solo de los promotores) los informes sectoriales sobre parques eólicos para que pudiese, en su caso, «formular alegaciones y participar en el proceso de toma de decisión sobre las autorizaciones de los proyectos antes de que fuesen aprobados».

Esta decisión llega en el litigio sobre la legalidad o no de la resolución de la Xunta en la que otorgó a Eurus Desarrollos Renovables las autorizaciones administrativas previa y de construcción del parque eólico A Raña III, situado en el término municipal de Mazaricos (La Coruña). La sala ha acordado suspender, a la espera de que se resuelva la cuestión prejudicial, la resolución del juicio a la espera de la decisión del órgano europeo.